Parapetarse en perfiles anónimos para atizar el odio contra colectivos vulnerables desde las redes sociales no puede salir gratis. Las pesquisas contra estos ciberdelincuentes acaban con demasiada frecuencia en saco roto ante las trabas que los investigadores se encuentran al reclamar información de esos perfiles a las empresas propietarias de las aplicaciones y redes sociales. La Fiscalía quiere que se acabe con esa impunidad a través de una reforma legislativa que les obligue a proporcionar esa información si un juez se la reclama. Y que sean sancionadas si no se avienen a colaborar. La Fiscalía recibe muchas denuncias de presuntos delitos de incitación al odio cometido a través de perfiles falsos o anónimos, que acaban en la papelera por la imposibilidad de dar con el autor. Lo primero que hace en esos casos el fiscal es ponerse en contacto con esas empresas, pero «salvo en contadas excepciones», no facilitan esos datos, según explican fuentes de la Fiscalía de Barcelona, pionera en la persecución de delitos odio. Como la mayoría de estas empresas tienen su sede en Estados Unidos, sus servicios jurídicos les responden que reclamen esa información a través de una comisión rogatoria al país norteamericano. Y aquí los investigadores se encuentran con una segunda barrera: las autoridades estadounidenses se escudan en la primera enmienda de su constitución, que protege el derecho a la libertad de expresión sin interferencias del gobierno. Y esto es una barrera insalvable para los fiscales españoles. Fuentes conocedoras de estos casos explican que, por lo general, Twitter y Facebook suelen ser reacios a colaborar, mientras que la relación con Youtube y Google es más fluida. Para la Fiscalía, la solución pasa por una reforma legislativa que obligue a estas empresas a facilitar esa información si hay una orden judicial y establezca un régimen de sanciones. Países como Alemania y Francia trabajan en la misma línea de lo que ahora reclama la Fiscalía española. «Habría que establecer algo similar a lo que a existe para las compañías telefónicas», señalan fuentes del Ministerio Público. Efectivamente, en 2015 se modificó para ello la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sería una manera de investigar más eficazmente delitos cometidos en España a través de plataformas con sede en terceros países. No se trata de perseguir cada perfil anónimo: «Es difícil que con un solo tuit se cometa un delito, ya somos muy selectivos a la hora de ejercer acciones penales», señala la Fiscalía. Pero sí que los delitos más graves no queden impunes.De España https://ift.tt/31M7gaf
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