Infraestructures de Cataluña, también a juicio por las comisiones

Infraestructures de la Generalitat, una de las empresas públicas más potentes de Cataluña, también fue utilizada para cobrar una comisión a cambio de la adjudicación de obra pública. Se trata de una investigación desgajada de la del 3 por ciento –procede también del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell– y el juez De la Mata solicita que se sienten en el banquillo 18 personas físicas a las que acusa de organización criminal, fraude, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Los hechos investigados se produjeron entre 2008 y 2015 y son otra demostración de lo corrupto que estaba el régimen nacionalista catalán. En un auto de 146 páginas, el magistrado relata cómo ciertas empresas de ingeniería, del entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca), crearon una especie de cártel al que denominaron «Nuria Bofill» para pactar los precios que utilizarían en sus ofertas a los concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas. Evitar la libre competencia Así, durante años acordaron las normas y directrices a seguir cuando optasen a las licitaciones públicas para evitar así la libre competencia y obtener un contrato más beneficioso que el que hubieran conseguido en condiciones de igualdad; es decir, si cada uno hubiera presentado su oferta de forma independiente. El pacto se fue extendiendo a varios organismos públicos, observándose cómo en origen solo afectaba a GISA y a Regsa, para luego afectar a GISA (obra civil, edificación y medio ambiente), ACA, ATLL, Regsa, Ayuntamiento de Barcelona, CAT, Tabasa, Ifercat o el Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat. «Nuria Bofill» consiguió repartirse y fijar los precios, de forma indirecta, de las licitaciones de ciertos organismos públicos de Cataluña, mediante el establecimiento o concierto de precios idénticos o muy similares con el objetivo de anular la competencia de los no integrantes del cártel. Todo esto supuso la alteración de las cuantías desembolsadas por la Administración en los proyectos de obra y supuso un sobrecoste para las arcas públicas. Los integrantes de «Nuria Bofill» y los responsables de las empresas públicas montaron una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por las personas indicadas, para dar dirección a la adjudicación de contratos públicos en beneficio de una serie de empresas de su confianza, con las que habían alcanzado un pacto colusorio para defraudar a la Administración. Tanto en el caso del 3 por ciento como en éste De la Mata concede un plazo de 30 días a la Fiscalía y a las partes acusadoras para que presenten su escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

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