El caso del 3 por ciento, sin duda, el que mejor define la corrupción sistémica del régimen nacionalista en Cataluña, entró ayer en sus últimas fases con la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de llevar a juicio a 32 personas físicas y 16 jurídicas, entre ellas los exgerentes de Convergencia Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó; el exresponsable jurídico de la formación, Francesc Xavier Sánchez Vera; los partidos CDC, PDECat y las sociedades Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa, entre otras. El núcleo de la acusación es demoledor: las autoridades convergentes cobraban una «mordida» a las empresas que querían ser adjudicatarias de obra pública en Cataluña y el dinero obtenido se destinaba a financiar al partido «ilegalmente o de forma encubierta». De la Mata, además, sitúa a Osàcar, Viloca y Gordó al frente de una estructura «estable, permanente y sostenida en el tiempo», que tenía un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económico-financiera de Convergencia. Estos mandos políticos, además, tenían suficiente ascendencia con los funcionarios para exigirles que siguieran sus instrucciones, pues todos ellos eran conscientes de las consecuencias que para su carrera profesional tendría seguir o no las indicaciones de estos individuos. Tres escalones El magistrado, en su auto de transformación a procedimiento abreviado –paso previo a la apertura juicio oral–, describe de forma muy precisa la estructura de la organización criminal nacionalista, que divide en tres escalones. En el más alto incluye a los tres exgerentes de la coalición, Gordó –mano derecha de Artur Mas–, Osàcar y Viloca, que eran los encargados de llevar un control de las licitaciones ofertadas por las distintas administraciones catalanas (ayuntamientos, diputaciones y organismos de la Generalitat) dirigidas por esa formación. Estos dirigentes influían en los responsables de esas instituciones «a fin de conseguir que (las licitaciones) fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a ese pacto criminal». Ellos llevaban las cuentas, hacían el seguimiento de las deudas pendientes por las adjudicaciones concedidas y, «por supuesto, recibían los pagos». En el segundo escalón el instructor incluye a las autoridades de esas administraciones que, de acuerdo con la cúpula de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron concursos públicos con la finalidad de que fuesen adjudicados a las empresas convenientes. Las claves Denuncia de una concejal de ERC El caso del 3% comenzó por una denuncia en 2013 de una concejal de ERC. La Fiscalía Anticorrupción se sumó a las pesquisas en 2015. Una operativa sistémica Para el juez hay «una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémico», inalterable aunque cambien las personas. Al menos 11 años de actividad De la Mata destaca que CDC no emprendió «ninguna iniciativa para mantener una actividad delictiva» de al menos 11 años. PDECat, lo mismo que Convergencia El instructor sostiene que el PDECat se creó para «desconectarse de las responsabilidades» en las que pudo incurrir Convergencia. El último de los escalones estaría formado por los pagadores, es decir, los empresarios que accedían a estas prácticas irregulares y que hacían pasar por donaciones a las fundaciones nacionalistas lo que eran pagos al partido para su financiación ilegal. El juez explica que todas estas acciones tenían como objetivo «subvertir el Estado de derecho, y mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio para el propio erario público». Cinco años Las actividades ilícitas investigadas se prolongaron entre 2008 y 2013, y como ejemplo basta señalar que solo la Fundación Catdem, de Convergencia, recibió unos cuatro millones de euros que fueron desviados al partido. El juez, en su auto de 304 páginas, detalla las adjudicaciones y donaciones sometidas a escrutinio y destaca la íntima relación temporal y causal entre los anuncios de las mismas, las reuniones entre los implicados, la adjudicación del contrato o servicio y las consiguientes donaciones. No obstante, precisa que no siempre existía esa exacta concatenación entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones incluidas en el auto, porque las donaciones a veces se hacían para mantener «buenas relaciones» con Convergencia y situar a la empresa «en posición de acreedor con vista a futuras adjudicaciones». De la Mata recuerda asimismo que los hechos son posteriores al escándalo del Palau y que Convergencia no hizo nada por impedir que siguieran sucediendo esas cosas. El juez no suspende el tercer grado a Carme Forcadell y Dolors Bassa El magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cataluña, con competencias sobre las prisiones de mujeres, negó ayer la suspensión del tercer grado a Carme Forcadell y Dolors Bassa. El juez Jesús Ignacio Moncada Ariza rechazó la petición de la Fiscalía, que pedía como medida cautelar la suspensión de la semilibertad, hasta que decida sobre el asunto de fondo. A diferencia de la juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña, que sí accedió a retirar el tercer grado a los presos de Lledoners (Barcelona), Moncada Ariza considera que la medida cautelar, pedida por la Fiscalía, «puede afectar a una restricción de derechos» para Forcadell y Bassa. Ayer, la Fiscalía completó los recursos presentados el martes contra el tercer grado a Josep Rull, Jordi Turull y la propia Dolors Bassa.De España https://ift.tt/312dSPY
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