Las conversaciones entre los dos principales partidos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han comenzado. El ce lo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para mantener esta negociación fuera del foco mediático no ha impedido que sea el propio órgano de gobierno de los jueces el que haya sacado a la luz la existencia de contactos políticos para su renovación. PSOE y PP están condenados a entenderse en la nueva configuración del Consejo, que lleva en funciones desde diciembre de 2018 y que precisa de mayorías cualificadas. El Pleno del CGPJ acordó ayer la retirada del orden del día del debate y votación de cinco nombramientos discrecionales previstos. Y lo hizo, según desveló el propio órgano en una nota, «por razones de prudencia» y «ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios» para su renovación. Hace apenas un mes que la Comisión Permanente de este órgano había decidido retomar los nombramientos al constatar que estas conversaciones no existían y que las plazas que han de ser cubiertas en la cúpula judicial no pueden esperar a que los partidos políticos se pongan de acuerdo en lo que es una obligación legal, tal y como ha recordado hasta en cuatro ocasiones el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a los presidentes de ambas cámaras. No todos los vocales del CGPJ estuvieron de acuerdo ayer en no seguir adelante con los nombramientos previstos, que correspondían a tres plazas de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo –encargada de investigar y juzgar a los aforados o de examinar las querellas contra el Gobierno por la gestión del Covid–; a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la presidencia de la Audiencia Provincial de Orense. Cinco de los veinte vocales votaron en contra de esta retirada del orden del día al considerar que, aun en funciones, el CGPJ está legitimado para cubrir esas plazas, como lo han demostrado el hecho de que a lo largo de este tiempo se hayan llevado a cabo muchos otros. Recién vencido el mandato del presente CGPJ, en diciembre de 2018, fueron la entonces ministra de Justicia (y hoy fiscal general), Dolores Delgado, y su antecesor Rafael Catalá (como responsable de Justicia del PP) quienes condujeron las negociaciones para la renovación del órgano, en el que por primera vez iba a haber un vocal de Podemos. La negociación en este caso no fue discreta, y fue dinamitada al trascender un mensaje del senador Ignacio Cosidó a su grupo parlamentario sobre la propuesta de Manuel Marchena como presidente del órgano. En un gesto muy valorado por la carrera, el propio Marchena renunció al sentirse instrumentalizado.De España https://ift.tt/307aXWG
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