El grupo que preside Pablo Casado eleva la presión política sobre Moncloa por la ocultación de las alertas que el Departamento de Seguridad Nacional elevó al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el coronavirus. Después de que Presidencia se negara a entregar copias de estos informes y ofreciera que un único diputado del PP accediera de forma confidencial y oral a la información, el primer partido de la oposición exige saber quién dio esta orden, en qué momento y a qué áreas de Seguridad Nacional afecta. El máximo responsable de este órgano es el director del gabinete de Presidencia, Iván Redondo. Los populares han lanzado esta nueva ofensiva mediante el registro de una batería de solicitudes de datos e informes en el Congreso. En la misma, también solicitan conocer «el grado de protección que poseen las notas diarias de situación» que Seguridad Nacional envía cada mañana al jefe del Gobierno así como «toda aquella documentación o resolución que avale» la catalogación o no de estos ficheros como reservados, secretos, confidenciales op de difusión limitada. Siguiendo la estrategia anterior, y en el caso de limitación pública, preguntan «desde cuándo, quién tomó esa decisión y a qué notas afectan». Por último, reclaman el detalle de «todas aquellas vías» por las que Seguridad Nacional obtiene información y alertas ya sean organismos o agencias españoles, internacionales, públicos o privados, servicios de inteligencia o diplomáticos, empresas o medios de comunicación. Deber vulnerado Esta nueva ofensiva está encabezada, al igual que las iniciativas previas, por el parlamentario Juan Antonio Callejas y respaldada por otros nueve compañeros de bancada entre los que se encuentra el secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana. El Reglamento de la Cámara obliga al Ejecutivo a suministrar la documentación e información que le reclame la oposición mediante el registro, pero hasta ahora está vulnerando su deber en lo que se refiere a este caso. Primero, Presidencia dejó sin contestar las solicitudes de acceso a los ficheros remitidas por el PP. Más de un mes después de que se hubiera agotado el plazo, los populares recurrieron en amparo a la Mesa del Congreso por este silencio y solo entonces Moncloa contestó. Pero su respuesta fue una negativa rotunda a entregar copia de los ficheros alegando su «volumen y naturaleza». Un argumento que contradice la tesis defendida por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de que nadie conocía el peligro por tratarse de una epidemia nueva y sin precedentes. Si no existieran alertas previas el volumen de las mismas no sería un impedimento para la entrega de copia a la oposición. Así que o bien el volumen no puede ser un impedimento o bien las alertas existieron y, pese a ello, el jefe del Gobierno decidió no adoptar medidas hasta mitad de marzo. Esta última tesis es la que manejan los populares y la solicitud de las alertas persigue encontrar pruebas que confirmen que Sánchez estaba avisado de primera mano de la peligrosidad del virus. El argumento del volumen de los ficheros también entra en contradicción con la oferta que el Departamento de Seguridad Nacional trasladó al PP. Tras rechazar de plano la entrega de documentación, este órgano se puso en contacto con Callejas para ofrecerle que realizara una visita en la que podría tener acceso a información de los ficheros siempre para un uso confidencial. Nuevamente, si el volumen es tan abultado como para no permitir copia, difícilmente un único diputado podría acceder íntegramente al mismo en el transcurso de una visita. Contradicción El segundo argumento esgrimido por Presidencia, «la naturaleza» de los ficheros, es un enigma puesto que no detalla cuál es ni por qué. Y de nuevo este argumento entra en contradicción con la tesis de que el Gobierno no tuvo información sobre la peligrosidad del virus. La nueva batería de solicitudes de información del PP fue registrada el pasado martes y debe ser ahora calificada por la Mesa del Congreso. A partir de entonces, Moncloa dispondrá de un plazo no superior a treinta días para contestar o fundamentar las razones jurídicas que le impiden hacerlo.De España https://ift.tt/2BW7wZr
0 comentarios:
Publicar un comentario