El independentismo exige ahora a Sánchez la amnistía

Tras acceder al régimen de semilibertad que supone el tercer grado penitenciario, el secesionismo exige ya la amnistía. Desde todos los matices del independentismo se salió ayer en tromba a reclamar la puesta en libertad total de los nueve líderes encarcelados por los hechos del otoño de 2017, una vez que se conoció ayer que las juntas de tratamiento penitenciario de las cárceles catalanas proponen que los encarcelados solo acudan al presidio a dormir. «La buena noticia definitiva tiene que ser la amnistía», apuntó ayer el vicepresidente del Govern y consejero de Economía, Pere Aragonès (ERC), que anunció que esa demanda no puede desilindarse del contexto de negociación política —de fondo, también, la negociación presupuestaria— que en breve reemprenderán el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat con la convocatoria de la mesa de diálogo. La citada mesa, dijo, debe retomar el diálogo «en condiciones, con un orden del día para ir tratando cuestiones sustanciales». Entre estas, apuntó, la reivindicación de un referéndum de autodeterminación y la amnistía para los líderes independentistas encarcelados y los que están en el extranjero. La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, a menudo en el punto de mira de JpC y del independentismo más hiperventilado —que alegremente le reclama que abra las cárceles—, apuntó respecto a los presos que «el problema no es la clasificación, sino que cumplen condena por unos delitos que no han cometido». Igual de contundente se mostró el presidente de la Generalitat, Quim Torra. «Nunca deberían haber sido juzgados, nunca deberían haber entrado en prisión, tampoco deberían haber seguido en prisión. ¿Tercer grado? ¡Libertad!», apuntó en las redes sociales. En sentido totalmente contrario, Ciudadanos denunció que la concesión del tercer grado a los presos del procés, «no es una decisión judicial», sino «política». El líder del grupo de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, afirmó que son Quim Torra, Ester Capella y el propio exvicepresidente y reo Oriol Junqueras quienes «han decidido liberar a los políticos, presos por los graves hechos ocurridos en Cataluña». Carrizosa pidió a la Fiscalía que exija igualdad de trato para todos los presos y no permita «privilegios» para los presos que son «amigos» de políticos gobernantes y por ello gozan de «privilegios» que no tiene el resto de la población penitenciaria. «No es normal ver la concesión de un tercer grado en una rueda de prensa en directo», denunció asimismo Carrizosa. En parecidos términos se expresó la diputada popular en la cámara catalana, Esperanza García: «A los cuatro meses de la sentencia, obtenían permisos de salida. No llega a los nueve y obtienen el tercer grado. El trato privilegiado y el incumplimiento de la sentencia del Supremo requiere que la fiscal Delgado anuncie medidas hoy mismo». Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, pidió la «inmediata recuperación» de las competencias penitenciarias para el Estado». Dicha medida debe darse «especialmente en comunidades que hayan participado en un golpe de Estado como el ocurrido en Cataluña».

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