La Fiscalía de la Audiencia Nacional «va a seguir manteniendo su criterio» respecto de la exigencia de perdón a los presos de ETA que quieran acceder a un permiso penitenciario, porque «es la doctrina de la Sala de lo Penal». Si esa doctrina cambia, se estará a lo que acabe diciendo el Tribunal Supremo. «Y, mientras tanto, habrá que seguir» porque el perdón, en estos casos, es «absolutamente trascendente». Lo explica Carlos Bautista, el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional o, lo que es lo mismo, el encargado de velar por que las progresiones de grado, las libertades condicionales o los permisos penitenciarios a los presos por terrorismo se ajusten escrupulosamente a la normativa. En víspera de participar este martes en el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que organizan la Comunidad de Madrid y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, recibe a ABC en su despacho reacio a valorar resoluciones concretas. Sí recuerda que una doctrina se da por abolida cuando otra la reemplaza y se consolida. En su opinión, todavía es pronto para afirmar que haya supuesto ya un cambio de timón en la Audiencia Nacional el auto redactado el pasado día 3 por el magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Penal José Ricardo de Prada que, contracorriente, dejaba por escrito que el perdón no es exigible cuando se trata de permisos penitenciarios. «Desde luego, nosotros vamos a seguir manteniendo lo que es la doctrina de la Sala», dice el fiscal. Confrontado con un escenario en el que esa doctrina finalmente cambie en favor de los reos, alude directamente a lo que tenga que decir el Tribunal Supremo. Y llegar hasta ahí, comenta, «sólo sería interesante en caso de consolidarse» ese viraje. «Habrá que ver lo que dice la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en sucesivas resoluciones en recursos de apelación que formulen los internos. Que los habrá». Para Bautista, «por más que no esté en el literal de la ley», la exigencia del perdón para gozar de un permiso penitenciario «se deduce claramente» del reglamento de prisiones porque «hace referencia a las circunstancias concurrentes en el reo», que han de ser tenidas en cuenta. Y, cuando se trata de terrorismo, «un círculo de valores delincuenciales muy específico que además es contrario a toda la estructura constitucional», se hace «preciso comprobar que el sujeto se ha apartado de la organización terrorista» y que reconoce su caso como «meros actos de delincuencia común que no deberían haberse producido y que repudia». «Por eso es absolutamente trascendente la figura del perdón, que está recogida además en más de veinte autos de la Sala de lo Penal», añade. Falsos arrepentidos Cuando se trata de terceros grados o libertad condicional, el escenario ya no es interpretativo, es el pie de la ley el que fija la obligación de ese perdón expreso. Sin embargo, no cualquier declaración del preso pasa el filtro. «Hay un conjunto de cartas que parecen cartas colectivas con firmante individual. Está basada en unos elementos en los que en general se pueden apreciar: reconocimiento del daño que sin embargo no se tacha de injusto, empatía con las víctimas pero no se pide perdón y apuesta por vías pacíficas para conseguir objetivos políticos, que significa tanto como decir que la anterior actuación, que es una actuación terrorista, también era una forma de hacer política. Cuando ves esos tres elementos es cuando distingues una carta, digamos, que no satisface las exigencias, y así lo ha dicho la doctrina de la Sala, de lo que es una carta que no tiene nada de eso y que nada más leerla te das cuenta de que sí contiene algo más», explica. Bautista recuerda que es un fenómeno reciente, en cualquier caso, pues fue hace «tres o cuatro años» cuando «la organización le dijo a los internos que empezasen a solicitar todos los beneficios que recoge la legislación penitenciaria» y cambiaron también los juicios: «De una estrategia de ruptura a una estrategia de defensa». La lucha no ha terminado Y ha sido hace dos años cuando por distribución del trabajo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un sólo fiscal, el propio Bautista, se quedó coordinando todos los expedientes relativos a presos de ETA. «Así, por comparación, se pudo detectar perfectamente cuándo estamos ante un tipo de carta similar o no. Antes se dividían los expedientes entre los tres fiscales y era más complicado». El fiscal incide no obstante en que las exigencias a los reos de ETA forman parte de «estructuras jurídicas» que aplican a todos los condenados por delitos de terrorismo, no solo a los etarras. Advierte que «es falso que no vaya a haber más víctimas de terrorismo, por más que haya desaparecido ETA, sigue presente el terrorismo yihadista, que en cualquier momento puede golpear, como pasó en 2017» en Las Ramblas de Barcelona. También recuerda que la lucha contra ETA «todavía no ha terminado» y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, jueces y fiscales están «siempre detrás de asuntos que no se han resuelto y sobre los que se van teniendo indicios». Destaca en este sentido grandes avances: «Somos capaces de hacer investigaciones más concretas, más tecnificadas, de presentar evidencias cada vez más sofisticadas». Las víctimas, en el centro Desde esta doble perspectiva reivindica la importancia de eventos como el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo en el que participa hoy. «Precisamente, de lo que ha tratado la Ley del Estatuto de la Víctima de 2015 es de dar más participación en lo que es la ejecución de penas a la que era la gran olvidada, la víctima. El siglo XXI es el de la consolidación de la intervención de las víctimas en todas las fases del proceso penal y es un retroceso considerar que ahora vayan a ir dando pasos atrás y cada vez deban participar menos» porque ETA se haya disuelto. «Una sociedad que no cuida a sus víctimas tiene un grave problema y un grave problema moral», afirma Bautista.De España https://ift.tt/nRbvFat
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