Hace nueve meses, cuatro chimeneas industriales instaladas sobre el techo de una nave entre un patio de vecinos y un colegio del distrito de Arganzuela comenzaron a emitir humos. A través de ellas, salen los gases de todos los aceites y alimentos que se guisan y fríen en los doce restaurantes virtuales. Allí los clientes no pueden acudir a comer y los platos se entregan a repartidores que aguardan a las puertas del local. Es el ‘modus operandi’ de las cocinas fantasma, un negocio que crece entre los bajos de los edificios y los patios comunes de moradores. Pero ahora un juez les pone coto y revoca la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Madrid que les permitía trabajar y producir durante doce horas diarias. Lo han hecho, todo este tiempo, incumpliendo la normativa urbanística y careciendo de informes de impacto medioambiental y jurídico. Fueron los vecinos y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio Público Miguel de Unamuno los que dieron la voz de alarma cuando las obras comenzaron dentro del número 8 de la calle de Alejandro Ferrant. Temían el impacto que la actividad industrial podía tener en 1.500 personas que viven en los edificios que dan al patio elegido por las cocinas así como en 900 niños, de entre tres y doce años, que juegan en el espacio al aire libre colindante: solo veinte metros separan la primera chimenea de la zona de juegos de los estudiantes de Infantil. En mayo del año pasado, la AMPA decidió presentar un recurso contencioso-administrativo contra la licencia municipal que permitía que estos doce restaurantes encendiesen los fogones. El juez ha estimado todas las alegaciones y cancela el visto bueno municipal, lo que implica el cierre inmediato del negocio. Eso sí, siempre y cuando el consistorio liderado por José Luis Martínez-Almeida no recurra el fallo. «Si no recurre podremos volver a respirar de verdad, dejaría de haber una actividad industrial en una zona residencial», dicen los afectados. «Si el ayuntamiento recurre, nos condenaría a estar al menos un año más expuestos a convivir con esta industria», añaden. En estos nueve meses de funcionamiento, califican la convivencia de «sinvivir». «El ruido es constante, hay mucho hedor por el tipo de cocinado», aseguran. Ellos, de forma unánime, piden al consistorio que «cuide a los ciudadanos». «No hablamos de intereses económicos ni políticos, sino del derecho a la salud de la población, entre la que hay gente vulnerable como los alumnos de entre 3 y 12 años. Rogamos que proteja la infancia», continúan representantes de la AMPA. El juez da la razón a los padres cuando dicen que lo que ocurre supone «una actividad molesta y peligrosa por perjuicios derivados de la limpieza, contaminación acústica, afección a la movilidad urbana y falta de zonas de aparcamiento». Además, estima que «no consta en el expediente administrativo informe ambiental ni jurídico alguno emitido por el ayuntamiento en el seno de la tramitación de la licencia, siendo el informe jurídico un elemento esencial» y «la ausencia es causa de nulidad del expediente». Pero el mazazo no termina ahí. El magistrado considera que el proyecto incumple la norma zonal del Plan General de la Ordenación Urbana de Madrid (PGOU), que permite solo la implantación industrial en planta baja e inferior en superficies menores a los 350 metros cuadrados. La de Alejandro Ferrant supera los 573. Además, el último uso que tenía el bajo, desde 1966, era de actividad comercial y no industrial. «El cambio de uso debió adecuarse a las previsiones del PGOU y, en este caso, no es viable, al ser la superficie superior a los 350 metros cuadrados», recoge el fallo, y continúa: «El ayuntamiento ha autorizado como obras de acondicionamiento puntual unas obras que tienen la consideración de generales» porque afectan al 32,76% de la superficie. «No era necesario» El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), defendió ayer que «no era necesario un informe de evaluación ambiental» y aseguró que los servicios jurídicos estudian si procede recurrir, algo que pueden hacer hasta el 20 de junio. «No es una decisión política, sino que hay que entender las consecuencias e interpretaciones sobre la normativa», argumentó Fuentes. Pero no solo los vecinos de Arganzuela se encuentran en esta situación. Desde julio del año pasado, funcionan 38 restaurantes de este tipo en la calle de Canillas, en Prosperidad. Los residentes también han acudido a los tribunales porque, en su caso, tampoco existe informe ambiental. La vista está marcada para febrero del próximo año, según ha podido saber ABC. Ante la falta de regulación que existía sobre esta nueva clase de negocio, el ayuntamiento aprobó hace diez días una modificación del PGOU que limita a ocho las cocinas por local en zonas residenciales, donde no podrán superar los 350 metros cuadrados. Eso sí, el plan no tiene carácter retroactivo, por lo que decenas de vecinos seguirán conviviendo y sufriendo el humo, el olor y los ruidos de los ‘riders’.De España https://ift.tt/0Eq6dz1
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