El juicio oral del caso Open de Tenis se resolvió este lunes en una jornada maratoniana. Ocho horas, siete testigos y tres acusados por los delitos de malversación y prevaricación que se enfrentan a cinco años de cárcel y 24 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En el banquillo, los exconcejales de Manuela Carmena Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la que fuera consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, un lustro después de contratar los servicios de dos despachos de abogados por 50.000 euros para analizar los contratos de gestión del torneo del exalcalde ‘popular’ Alberto Ruiz Gallardón. La acusación particular, del PP, reiteró en la vista que dicha investigación nació para obtener «rédito político contra sus adversarios». Y viceversa, los exediles procesados tacharon la querella de «ataque político». La presunta prevaricación se basa en que ambos solicitaron dos informes a bufetes privados ‘a dedo’, sin pedir al menos tres ofertas, y después de varios informes de la asesoría jurídica municipal. Lo hicieron, además, de espaldas al consejo de administración de la empresa pública e incluso de la propia Manuela Carmena. Hicieron pública la presentación en la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia por las supuestas irregularidades en el contrato del máster de tenis apenas unos días antes del inicio del torneo. Pero esas atropelladas pesquisas que este lunes les llevaron ante el juez, quedaron en nada: la Justicia archivó sus sospechas. Irregularidades La querella del PP contra los dos exediles ha llegado cinco años después hasta la Audiencia Provincial, pese a que el Ministerio Público no ha visto indicios de criminalidad; el fiscal no planteó este lunes ninguna pregunta. El relato de por qué y cómo se encargaron sendos informes a los despachos Lex Iusta y Alemany Escalona tomó forma con la declaración de los testigos: los funcionarios municipales que firmaron los primeros informes solicitados al ayuntamiento por los acusados, los abogados contratados desde Madrid Destino para el dictamen jurídico externo, una vocal asesora del gabinete de la exregidora Carmena… Todos coincidieron en que las pesquisas que emprendieron los procesados podrían estar justificadas. Los convenios entre la empresa municipal Madrid Destino y Madrid Trophy Promotion (MTP), poseedora de los derechos del máster de tenis, recogían varias «irregularidades», como contraprestaciones económicas sin registrar, pagos duplicados y una factura por derechos de sede de 5 millones de euros a pagar en 2016. Ese año, Sánchez Mato, vicepresidente de Madrid Destino, además de concejal de Economía y Hacienda, solicitó un informe a la asesoría jurídica del consistorio y recibió una respuesta incompleta. «Las valoraciones económicas nosotros no las podemos hacer», testificó este lunes Rafael Requena, el letrado que firmó los dos dictámenes municipales. «No dieron respuesta a lo más importante que yo planteaba, el negocio económico asociado al negocio jurídico», lamentó Sánchez Mato. Y así continuaron con las indagaciones que ahora amenazan la situación del exedil, profesor en la Universidad Complutense y a la espera de reincorporarse a la esfera política si esquiva la condena de inhabilitación. La letrada de la acusación cargó contra el encargo por 50.000 euros para ahondar en los contratos de Gallardón «a espaldas de las normas de contratación pública». «Yo percibí una gran preocupación porque la empresa operara en los marcos de la legalidad por algunas cantidades sin una causa aparente», dijo la funcionara encargada de la adjudicación, Ana Yáñez, exdirectora del área legal de Madrid Destino. Varela, consejera delegada de la empresa municipal, tampoco dudó en analizar los contratos: «De entrada, me provocaron la necesidad de un dictamen jurídico». «Si algo se hizo fue el exceso de celo para intentar evitar un gasto adicional», precisó Sánchez Mato. En un momento dado, su abogada pidió un receso: «Creo que mi cliente no se encuentra bien, a veces se desmaya». «Me encuentro bien», rebatió el exconcejal, que en su última intervención cargó contra el PP. «Esto ha sido un ataque político, un ajuste de cuentas». Mayer, por su parte, reconoció que «había una serie de situaciones que no daban seguridad jurídica», así como «sobrecostes que ponían en riesgo el balance» de Madrid Destino. Además, la exedil, que Carmena destituyó en marzo de 2017 tras varias polémicas, se encontraba de baja por maternidad mientras se contactaba con los abogados. «No participé en la elaboración de los contratos», zanjó. Su futuro está en manos de la juez. El caso quedó visto para sentencia.De España https://ift.tt/ViZDonQ
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