Retirada del pasaporte y comparecencias cada quince días en sede judicial o policial para garantizar que no se fugan y permanecen a disposición de la Justicia. Son las medidas cautelares que el juez Adolfo Carretero impuso ayer a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, imputados por estafa agravada, blanqueo y falsedad documental, así como por alzamiento de bienes en el primer caso, en relación a tres ventas de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. De un contrato de algo más de 11 millones de dólares en mascarillas, guantes y test Covid, se llevaron 6 millones en comisiones. La cautelar fue instada por las acusaciones populares que ejercen los grupos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Ni el ayuntamiento, que está en la causa como perjudicado, ni la Fiscalía Anticorrupción apoyaron la petición. Sin embargo, el juez resolvió que procedía ya que considera que existe riesgo de fuga en ambos casos. Medina tiene un barco atracado en Gibraltar y Luceño, conexión con Asia. Argumenta, además, la gravedad de los hechos: «No solo por su trascendencia pública sino por llevar aparejadas penas de hasta 23 años de cárcel». Tendrán también que firmar cada quince días en el juzgado más cercano a sus casas. Las declaraciones duraron poco más de media hora en ambos casos y en ellas los empresarios rehusaron contestar a preguntas de acusación alguna. Siguiendo la misma estrategia, respondieron al juez y a sus respectivos abogados. No dejaron grandes revelaciones respecto de lo ya declarado en abril de 2021 ante la Fiscalía Anticorrupción, comparecencias aquellas que ambos, cada uno por su lado, ratificaron. Pero sí surgieron matices. «Bróker de materias primas» Medina fue el primero en hablar ante Adolfo Carretero y trató de explicar cómo consiguió el contacto del consistorio. «Una amiga en común, directora de una universidad en la que estuve un año, me dio el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, al que no conocía de nada», comenzó su relato el hijo del difunto duque de Feria, tras definirse como «bróker de materias primas» desde 2018, año en que conoce a Luceño. Tal y como sostuvo ante la Fiscalía Anticorrupción, Medina aseguró que el primo del alcalde de Madrid le proporcionó la dirección de correo electrónico de Elena Collado, responsable de compras. «Al ser el primo del alcalde imaginé que me podría dar un contacto en el ayuntamiento», argumentó Medina. Hizo referencia también al consistorio que, tras recibir material defectuoso, les pidió que devolviesen otros cuatro millones de euros que les habían pagado. «Los guantes eran los estipulados, otra cosa es que las expectativas del ayuntamiento fueran otras», criticó el empresario, que remarcó que no tiene «ni un solo euro en el extranjero» ni «conciencia de haber cometido ningún delito». «Gasto 330.000 al año» Ysi Medina hablaba de las «expectativas» del ayuntamiento, Luceño se centraba en que llevarse «el 47% es lo normal». «Mi intención era en parte ayudar al ayuntamiento y, por supuesto, cobrar mi trabajo», señaló, de acuerdo a las transcripciones de la comparecencia a las que tuvo acceso ABC. Luceño argumentó que en este negocio «nadie sabía lo que iba a cobrar al principio» porque la comisión se dirimía una vez cerrado el negocio y «a nadie» le cuenta cuál será su retribución, que procede «del suministrador». «Todo –dijo– lo hice yo con San Chin Choon», el ciudadano malasio detrás de Leno, la empresa proveedora. Según Luceño, no lo conocía en persona y, antes de la venta a Madrid, no había hecho con Leno «ninguna operación». Le atribuye también la fijación del precio. «He hecho una operación limpia con el Ayuntamiento de Madrid. La retribución es mía, propia y nadie va diciendo lo que cobra. En cinco días se hizo un contrato. Yo no puse precio, lo puso San Chin Choon», afirmó. Añadió que se ha puesto «en contacto con él» y comentó que, según creía, ya había declarado. Hasta la fecha lo único que consta del ciudadano asiático es que, a través de la Fiscalía de Malasia, ha contestado a España que no quiere colaborar con la investigación. El juez ayer definió su colaboración con la Justicia como «nula». El empresario está al borde de la imputación por alzamiento de bienes, habida cuenta de que el juez no ha encontrado en sus cuentas y propiedades el importe de la comisión, y dedicó las preguntas de su abogado a defenderse. Según dijo, ayer mismo depositó «los relojes» que le habían requerido y que tiene un tercero, «un Cartier que está en la joyería» y lo consignará si es requerido. «Tengo gastos al año de 330.000 euros», alegó. Las acusaciones populares lamentaron no haber podido hacer preguntas que «esclareciesen más los hechos», pero se congratularon de que el juez accediese a su petición y prohibiese, de momento, a los acusados abandonar España. De España https://ift.tt/dDNEi8h
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