La Moncloa sigue afanándose en echar tierra al mayor fiasco diplomático de los últimos años: el paseíllo de menos de un minuto de Pedro Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado mes de junio en el marco de la OTAN. El Gobierno no quiere que trascienda quiénes gestionaron el encuentro por la parte española, una información que viene intentado tapar desde el primer momento y para ello ha recurrido una vez más a técnicas dudosamente compatibles con la Ley de Transparencia. Según el Gobierno, no procede desvelar las identidades de estos negociadores ni la documentación que utilizaron para preparar el encuentro porque supondría «un perjuicio para, entre otros supuestos, la seguridad nacional, las relaciones exteriores y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión». Malas prácticas Esta es la conclusión de una resolución firmada por la directora del Departamento de Coordinación Técnica de Presidencia y remitida a Transparencia. El documento incurre en una contradicción porque añade un segundo argumento para no remitir la información: califica la documentación solicitada de meramente «preparatoria» y asegura que «se refiere a comunicaciones internas que no constituyen trámites del procedimiento». Es decir, que por un lado se acoge a la seguridad nacional por la supuesta trascendencia de lo solicitado y, por otro, declara que no tiene relevancia jurídica. En ambos casos, buscando fórmulas para no revelar la información. Además de esta contradicción, la respuesta de La Moncloa se basa en una aplicación «restrictiva» de los límites legales de la Ley de Transparencia. Así lo interpretan los expertos consultados por este diario, recordando que la ocultación de la identidad de funcionarios o asesores de confianza del Gobierno no se ajusta al ordenamiento español ni a los principios democráticos que deben presidir la transparencia y las prácticas del buen Gobierno. No en vano, la propia finalidad de la Ley de Transparencia es permitir al ciudadano que fiscalice la actividad de sus representantes públicos y establece que, con «carácter general», la Administración concederá «el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano». El Ejecutivo no reniega de la categoría de «encuentro bilaterial» para referirse a una conversación que duró menos de un minuto Pese a haber pasado casi siete meses del paseíllo de Sánchez y Biden, sigue sin saberse prácticamente nada de forma oficial sobre los negociadores. Extraoficialmente y por filtración del anterior director de Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, trascendió que éste mantuvo una conversación telefónica con el jefe de Gabinete de Biden, Ron Klain, previa a la cumbre. Esta interlocución, sin embargo, nunca fue confirmada por la Secretaría de Estado de Comunicación. Por su parte, desde Exteriores se apuntó a la intervención de la exministra Arancha González Laya para la supuesta preparación de los temas a tratar. Pero todo ello fue antes de que el teórico encuentro se quedara en recorrer unos cuantos pasos ante las cámaras. Una vez que esto sucedió, Redondo y González Laya se culparon mutuamente del fiasco, con La Moncloa intentando enterrar las responsabilidades reales. En todo caso, al margen del papel que pudieran -o no- haber jugado ambos, hubo gestiones por parte de Exteriores y de los propios servicios de La Moncloa que tampoco se quieren desvelar. El 16 de junio, ABC solicitó a La Moncloa conocer la identidad de los negociadores españoles encargados o responsables de la preparación del llamado «encuentro bilateral» entre Biden y Sánchez, así como copia de la documentación que sirvió para prepararlo, la agenda del líder socialista y sus encuentros bilaterales. En un primer momento, el Gobierno optó por aplicar el silencio administrativo para no dar respuesta a la solicitud. Al ser denunciado este hecho ante el Consejo de Transparencia, el Gobierno se vio obligado a dictar resolución, remitiendo las citadas respuestas, pero declarando que estimaba parcialmente la solicitud. Para ello, incluyó dos enlaces a las páginas web de La Moncloa y la OTAN que no conducen a las informaciones reclamadas. El primero lleva a la agenda pública de Sánchez, donde solo se recoge su asistencia a la Cumbre de la OTAN, pero no las reuniones y encuentros que mantuvo allí. El segundo enlaza a un comunicado difundido por la propia organización. Maquillaje estadístico La declaración de concesión parcial de información es una práctica a la que La Moncloa recurre con frecuencia para ganar tiempo y maquillar sus denegaciones de información. Al actuar así, su respuesta se contabiliza estadísticamente como estimatoria, aunque no haya proporcionado la documentación. El Consejo de Transparencia ha advertido reiteradamente respecto a que la utilización de este tipo de prácticas es fraudulenta.De España https://ift.tt/32U5Kpl
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