La Ley de Memoria Democrática del Gobierno recorre el camino inverso al habitual: cada día que pasa parece perder apoyos en el Congreso, donde las posiciones expresadas por los distintos grupos parlamentarios amenazan la viabilidad de la norma. Las enmiendas registradas por PSOE y Unidas Podemos, concretamente la que alude a la Ley de Amnistía de 1977 , no han hecho sino airar a los potenciales aliados para aprobar el proyecto de ley. Lo que el independentismo interpreta como un gesto absolutamente insuficiente, lo contempla la oposición como una afrenta y un ataque a la Transición. El punto de conflicto es la enmienda al artículo 2 del proyecto de ley de Memoria Democrática, donde PSOE y Podemos remarcan que la Ley de Amnistía, pilar de la Transición, está sujeta a derecho internacional y que por tanto los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y torturas son «imprescriptibles y no amnistiables». Una aparente obviedad que, no obstante, reinterpreta la amnistía del 77 que facilitó la llegada de la democracia. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos, reconoció que la enmienda tenía un complejo recorrido penal, pero dijo que sí abría la puerta a que se investiguen crímenes del franquismo y al «resarcimiento» de las víctimas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños –que hereda la defensa de esta ley de la exvicepresidenta Carmen Calvo–, salió al paso de las críticas ayer por la mañana en Onda Cero, donde reconoció que la enmienda «no cambia nada» jurídicamente.Bolaños reconoce que la enmienda «no cambia nada» jurídicamente y dice que están comprometidos con la Ley de Amnistía Bolaños, en la entrevista radiofónica, quiso subrayar públicamente que la Ley de Amnistía seguirá «vigente» y se comprometió con el legado de esta norma y de la Constitución ante la incomodidad que la enmienda empezaba a generar en el PSOE. De hecho, ayer el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, defendió la Ley de Amnistía desde Teruel y exigió dar «con mucha prevención» cualquier paso. Lambán enmarcó las peticiones de «otros partidos», en alusión velada a los independentistas, en su afán por acabar con «la Transición y la Constitución», según declaraciones recogidas por 'Heraldo'. Desde la parte socialista del Gobierno se esforzaban ayer en hacer pedagogía para explicar por qué se mantiene la enmienda, pero se afirma a la vez que esta no tiene ningún alcance y que el compromiso con la Ley de Amnistía es indiscutible. Acomodo a Podemos y ERC Fuentes del Gobierno admitían ayer que la enmienda nació para dar acomodo a todas las formaciones y lamentaban que el mismo texto haya generado críticas en un sentido y en el contrario. Por un lado están ERC, EH Bildu y el BNG, partidarios de derogar la Ley de Amnistía y de introducir cambios más profundos en la Ley de Memoria Democrática, como declarar «ilegal» el régimen franquista, lo que conllevaría un quebradero de cabeza jurídico. Pero por otro, el PSOE y Podemos vieron ayer cómo Ciudadanos (Cs) respondió con un portazo a la segunda opción que se guardaba el Ejecutivo en la manga, que no era otra que la de buscar el respaldo de Inés Arrimadas en una ley estrella de la legislatura. Desde Podemos se dejó claro anteayer que la opción prioritaria siempre ha sido la de los socios habituales –nacionalistas e independentistas–. Sin embargo, como ya publicó este diario, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, ofreció al ministro de Presidencia negociar la Ley de Memoria Democrática siempre y cuando el Gobierno respalde la ley de Cs para prohibir homenajes a etarras, cuya toma en consideración se debatirá previsiblemente en el próximo pleno. La enmienda que sitúa en el disparadero la Ley de Amnistía, no obstante, lo cambia todo para Cs. El lunes, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, telefoneó a Bal para tantear su posición, aunque los liberales creen que lo hizo más bien para presionar a ERC y fingir que se estaba llevando una negociación paralela con Cs por si los republicanos no apoyan al Gobierno. En la sala de prensa del Congreso, ayer, Bal no pudo ser más gráfico: «¡Que no llame a Ciudadanos, que no llame hasta que se retire esa enmienda de la ley!». El abogado del Estado dijo estar «atónito» ante un «disparate» jurídico que no se podrá aplicar, aseveró, y recordó que además las sanciones no pueden tener carácter retroactivo como así establece la Constitución en su artículo 9.3. Las explicaciones del Ejecutivo, que se ampara en el derecho internacional para justificar la enmienda, son directamente «ridículas» para Bal porque los tratados internacionales suscritos por España ya están integrados en el ordenamiento jurídico.Cs exige la retirada de la enmienda para negociar mientras los independentistas insisten en la derogación Desde el Gobierno se insiste en privado en que la enmienda no cambia nada legalmente. Pero Cs reclama, siquiera para descolgar el teléfono o sentarse a negociar, que se retire de inmediato esa «enmienda a la Transición». «Un ataque frontal» al periodo que propició el paso de una dictadura a la actual democracia. Bal, además, reivindicó la Ley de Amnistía como la artífice de que los presos políticos del franquismo saliesen de prisión; algo que sitúa esa enmienda como «línea roja absolutamente infranqueable». Los independentistas, con quienes parecía en un principio que el PSOE y Podemos iban a sacar la ley, no cejan en su presión e insisten en derogar la Ley de Amnistía, lo que el Gobierno garantiza que no está ni estará sobre la mesa. También desde ERC, como sucedió en 2020 con los Presupuestos, se advierte de que el Ejecutivo puede sacar la ley con Cs, pero que eso haría inviable su participación en la misma porque sus demandas son antagónicas. Gabriel Rufián, en los micrófonos de la Ser, no supeditó, eso sí, lo que suceda con la Memoria Democrática a su posición con las cuentas estatales.De España https://ift.tt/3wY8cWI
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