El Gobierno –para ser más precisos, la parte que controla Pedro Sánchez– no ha sabido calibrar la indignación de la Policía y la Guardia Civil por sus cesiones a sus socios radicales –Esquerra, Bildu y Podemos– en una materia tan delicada como la seguridad ciudadana. La consecuencia de eso es que desde ayer tiene un nuevo problema, esta vez de una sensibilidad máxima. La imagen de decenas de miles de agentes en las calles de Madrid –da igual si eran 20.000, como de forma sorprendente informó la Delegación del Gobierno, o 150.000, según aseguraron los organizadores– supone un hito histórico. Nunca hasta ayer se había producido una movilización de esta magnitud de las Fuerzas de Seguridad contra un gobierno. Y lo que es más significativo: no se reivindicaba una subida salarial, sino la defensa de un modelo de orden público como el que ha habido desde la implantación plena de la democracia. En estas condiciones, el adjetivo que mejor describe la manifestación de ayer es el de histórica. Todos los sindicatos policiales, todas las asociaciones de la Guardia Civil, a los que se unieron otros de policías autonómicas y locales salieron a la calle con un solo objetivo: frenar la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana. No porque no necesite ser actualizada, sino porque los términos en los que la ha planteado el Gobierno y sus socios es inaceptable para ellos. El principio de autoridad quedaría en una reliquia, una entelequia. No solo eso; hay un estupor generalizado por el hecho de que los expertos de las Fuerzas de Seguridad no hayan sido consultados en una materia como esta, fundamental para su trabajo y para la convivencia en las calles de los pueblos y ciudades de España. De hecho, ese es un mensaje que ha calado, porque muchos de los manifestantes de ayer eran ciudadanos ajenos a la Policía y a la Guardia Civil que simplemente les mostraban su apoyo con su presencia. Unidad inédita Ciudadanos anónimos ajenos a los cuerpos policiales, familias de agentes, funcionarios en segunda actividad, operativos, mandos que han estado en primera línea contra la delincuencia se dejaban ver en un día climatológicamente poco proclive al jolgorio callejero, con un frío helador, lluvia, granizos y aguanieve que no enfriaron en ningún momento la protesta. «Hemos venido desde Jaén para apoyar a los nuestros, a los que se la juegan por los ciudadanos», contaban a ABC un agricultor, un capitán jubilado y un comerciante, que cogieron su coche de madrugada y se plantaron en Madrid antes del inicio de la protesta. «Es una vergüenza lo que quiere este Gobierno. Luego dirán que solo somos cuatro ‘fachas’ los que nos manifestamos. Pero mire, mire cómo está Colón» María, Mercedes y Juana, jubiladas y eufóricas, viajaron desde Santander con los mismos argumentos. Y eso que admiten haber seguido el rifirrafe solo a través de los medios. «Es una vergüenza lo que quiere este Gobierno. Luego dirán que solo somos cuatro ‘fachas’ los que nos manifestamos. Pero mire, mire cómo está Colón». La magnitud de la manifestación no deja margen para que el Gobierno pueda introducir dudas sobre la unidad que hay entre los policías y guardias civiles, entre los jefes de ambos Cuerpos y los agentes de base, a la hora de rechazar una reforma que no estaba en el debate ciudadano, y que ha abierto una vía de agua en el Ejecutivo de consecuencias a día de hoy imprevisibles. El Ministerio del Interior había guardado hasta el momento un significativo silencio, más allá de filtrarse desde su entorno argumentarios para tratar de quitar peso a las reivindicaciones de las Fuerzas de Seguridad. Ahora no tendrá más remedio que tomar la iniciativa, porque lo contrario sería suicida para su titular, Fernando Grande-Marlaska, cuya dimisión fue exigida de forma recurrente por los manifestantes. «Felón y traidor» fueron algunos de los ‘piropos’ que se escucharon contra el ministro y contra Pedro Sánchez. Y otros de trazo más grueso que se repitieron a lo largo del recorrido. Ambiente festivo La marcha, que comenzó en la Puerta del Sol y culminó en la Plaza de Colón, a las puertas del Ministerio, transcurrió de forma pacífica, en medio de un ambiente festivo y reivindicativo. Ni un solo incidente ensombreció la protesta, a la que asistieron policías y guardias civiles, jubilados y en activo; agentes con sus familias, comisarios principales y patrulleros, oficiales de la Guardia Civil y guardias de puesto; policías municipales llegados de todo el país, agentes de la Erzaintza aglutinados en torno al sindicato SIPE y mossos a título particular bajo la pancarta del CSIF. También, claro, ciudadanos de a pie que quisieron mostrar su apoyo a las Fuerzas de Seguridad. Hubo decenas de cientos de banderas de España, pero también de todas las comunidades autónomas, porque desde todas y cada una de ellas se movilizaron funcionarios contra esta reforma que les asesta una puñalada –eso sostienen– en el eje de su esencia: el principio de autoridad. Más de uno –y no solo los convocantes– vibraba de emoción. No había uniformes pero bajo muchos rostros y mascarillas se podía adivinar el uniforme que animaba esa protesta en la que los «Viva España» enardecieron una y otra vez, junto a los coreados vítores a policías y guardias civiles, alma máter de la manifestación por superioridad numérica y operativa. Jusapol, convocante de esta marcha histórica bajo el lema de «No a la inseguridad ciudadana», mostraba su satisfacción por el resultado de una protesta organizada contra reloj en la que nadie ha querido quedarse atrás. La unidad asociativa que no fue posible cuando les tocaba el bolsillo se ha logrado ante el derrumbe de su esencia policial. El Gobierno ha insistido una y otra vez en estas semanas en la supuesta utilización de las Fuerzas de Seguridad por parte de la oposición. Pero lo cierto es que los líderes políticos –estuvieron los tres, Pablo Casado, presidente del PP; Santiago Abascal, de Vox, e Inés Arrimadas, de Ciudadanos– apenas tuvieron protagonismo. La estrategia gubernamental, en cualquier caso, tiene poco recorrido, porque entre los sindicatos y asociaciones convocantes las tendencias son muy variadas. Pero no solo por eso; todos ellos fueron especialmente cuidadosos para que nadie pudiera identificarlos con ningún partido concreto, a no ser que se haga de forma torticera y forzando los argumentos. Lo nuclear, por tanto, fue la movilización de las decenas de miles de policías y guardias civiles, una realidad incuestionable; lo accesorio, la presencia de los líderes de la oposición. Había en este punto un cierto morbo por la anunciada presencia del líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No hubo foto conjunta; primero, porque el líder de los populares solo pudo llegar al final de la manifestación, tras viajar en tiempo récord desde León, donde tenía un acto por la mañana; y segundo, porque la presencia de Ayuso fue testimonial, lo justo para pronunciar unas palabras y marcharse de inmediato. Los próximos días marcarán el futuro de esta polémica. El Gobierno –la parte del Gobierno que controla Sánchez– puede enrocarse en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana en los términos conocidos por no enfrentarse a sus socios radicales. De hacerlo, sabe que la contestación en las calles de las Fuerzas de Seguridad no solo no van a seguir, sino que subirán de intensidad. El ministro, hasta ahora, ha mantenido silencio porque tiene muy poco entusiasmo por las reformas acordadas. Para él también se abre un periodo crítico porque tiene dos opciones: o defiende a las Fuerzas de Seguridad o se pliega a las exigencias de los socios de Sánchez. De lo que haga dependerá no ya la ‘potestas’ –Policía y Guardia Civil saben que deben obediencia al Ejecutivo–, pero sí la ‘auctoritas’; o lo que es lo mismo, la mínima ascendencia que cualquier jefe debe tener sobre sus subordinados.De España https://ift.tt/2ZuXZEV
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