La Asociación de Fiscales llevará a Delgado al Supremo si le niega la documentación de Stampa

Pese a que la Asociación de Fiscales pidió el sábado formalmente su dimisión durante la celebración de su XXIII congreso –una solicitud que el día anterior ya habían hecho Ciudadanos y PP tras conocer las presuntas irregularidades del caso Stampa–, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no ha dado ningún paso al frente, algo, que, por otra parte, fuentes del Ministerio Público confiesan que tampoco esperan que haga. La actuación de su mano derecha en las diligencias abiertas contra el fiscal del caso Tándem, Ignacio Stampa, es suficientemente grave como para que la asociación mayoritaria en la carrera deje pasar un asunto que afecta de lleno a la credibilidad e imagen de imparcialidad de la institución. De ahí que se planteen llegar hasta el final en este asunto y que no descarten acudir a los tribunales si Delgado les sigue negando el acceso a la documentación solicitada. Quieren constatar si la investigación sobre Stampa (a raíz de las referencias que a él se hacían en el chat de abogados de Podemos y en marco del caso Tándem, con Villarejo como protagonista) se prolongó innecesariamente con el objetivo de que se llegara con ella abierta al Consejo Fiscal en el que estaban en liza ocho plazas en Anticorrupción a las que Stampa optaba. Esto es lo que denuncia el propio Stampa y lo que vino a confirmar el pasado jueves, en declaraciones a ABC, el fiscal Carlos Ruiz de Alegría, en quien recayeron las diligencias abiertas a su compañero y quien pertenece además a la Unión Progresista de Fiscales, la misma asociación de Delgado. De ahí que su testimonio y los cuarenta años de una trayectoria profesional discreta y sin estridencias den más credibilidad a su denuncia. Ruiz de Alegría aseguró a este diario que, a su juicio, hubo una maniobra «sibilina y torticera» por parte del fiscal-jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, para «retorcer» la investigación y mantenerla viva cuando ya estaba agotada. Se da la circunstancia de que Stampa llevaba, junto a Miguel Serrano, un caso en el que el despacho de Garzón, pareja de la fiscal general, defiende a tres imputados. Pese a que el Consejo Fiscal del pasado miércoles se convocó precisamente para esclarecer este caso, lo cierto es que la reunión ha acabado enmarañando más el asunto. Primero, porque Delgado llevó de escuderos a ese Consejo Fiscal a dos fiscales-jefe (al propio García Ortiz y al responsable de Anticorrupción, Alejandro Luzón, pendiente de renovar su cargo en unos meses) sin contar con otros protagonistas de la historia que, como el propio Ruiz de Alegría o su superior jerárquico, el entonces fiscal-jefe de Madrid, Jesús Caballero, podrían haber dado su versión sobre los hechos. Segundo, porque se cuestionó el trabajo del fiscal Ruiz de Alegría en su ausencia y este ha reaccionado en defensa de su dignidad y prestigio. Y tercero porque negar a los vocales de la Asociación de Fiscales la documentación relativa a este asunto ha puesto en marcha una maquinaria que ya es difícil de parar. Aunque desde el entorno de la fiscal general se defiende la actuación de García Ortiz, son muchos los fiscales consultados por este periódico que no ven normal el interés que este asunto suscitó en la mano derecha de Delgado, hasta el punto de sugerir hasta en dos ocasiones que se siguieran practicando diligencias pese a dos propuestas de archivo. Resaltan, además, que siendo la dación de cuentas a la fiscal general algo habitual en casos relevantes o que afecten a aforados, no lo es la implicación tan directa que en este asunto ha tenido la mano derecha de Delgado, más cuando sobre Tándem sobrevuela el posible conflicto de intereses de la fiscal general por las razones antes citadas y que a raíz de las grabaciones que salieron a la luz se pudo constatar la relación de confianza que el comisario jubilado mantenía con Garzón y la propia Delgado. Entre la información que la AF solicitó en el Consejo Fiscal del miércoles y, que tras serle negada –atribuyéndole el carácter de reservada– pedirá por escrito figura la siguiente: el listado de abogados que intervienen en el caso Tándem en la Audiencia Nacional, los fiscales que han llevado estas diligencias desde su incoación y si el despacho de Garzón ha ejercido la defensa de alguno o algunos de los investigados. También las diligencias abiertas a Stampa y, en el marco de las mismas, las "sugerencias" de García Ortiz a la Fiscalía de Madrid. Pregunta también por el expediente de abstención de Delgado –si lo hay– en relación a las diligencias abiertas contra Stampa. Consideran que la fiscal general debió abstenerse al ser parte afectada (artículo 15.2 del Reglamento Interno del Consejo Fiscal). "Expresa y razonada" En un comunicado el pasado miércoles, los vocales de la AF señalaban que no se puede considerar esa materia reservada «por ser necesario su conocimiento para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado –único al que puede afectar– ha solicitado su exhibición». «Nos vemos pues obligados a reproducir dicha petición por escrito. Entendemos que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal, no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas, por lo que exigimos una respuesta expresa, razonada y no restrictiva, al tratarse una petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones».

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