Por «tres palabras en una pancarta». Así resumió ayer el abogado del presidente de la Generalitat de Cataluña, Gonzalo Boye, las razones que les habían llevado a comparecer en el Tribunal Supremo para recurrir un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en 2019 le impuso año y medio de inhabilitación por su «recalcitrante y reiterada actitud desobediente» frente a los mandatos de la Junta Electoral Central (JEC). Esas tres palabras eran «Libertad presos políticos» y pendían de la fachada del Palacio de la Generalitat, entre otras instituciones públicas, en plena campaña electoral. La JEC, en hasta dos resoluciones firmes y ejecutivas, ordenó la retirada, llegando incluso a encomendar a los Mossos d'Esquadra que procedieran a quitarlas, porque se estaba vulnerando la preceptiva neutralidad que deben mantener los cargos públicos cuando se avecinan comicios. Pero Quim Torra no obedeció. Ante la prensa, porque consideraba que la orden era «ilegal» y, en lo penal, porque no veía a la JEC legitimada para dar tal mandato contrario, a su parecer, a una supuesta libertad de expresión de las instituciones y la autoridad del «Muy Honorable Presidente». Pero el TSJC no atendió a sus razones y considerando la mencionada «recalcitrante» actitud desobediente le impuso, además de la inhabilitación, una multa de 30.000 euros a sumar a los 3.000 con los que ya le había sancionado en lo administrativo la propia JEC. Recurrió y acabó llegando en casación hasta el Supremo, que ayer celebró vista pública sobre este asunto. Torra, recibido con el protocolo para presidentes autonómicos, acudió a la sesión como oyente entre el público. Había hablado antes, en sus redes sociales: publicó la foto de la pancarta de marras. Una vez hechos los honores, Boye resumió en poco más de 20 minutos los 300 folios de un recurso que pivota en torno a la falta de garantías con que, dice, se ha seguido todo este asunto. Alegó que los vocales de la JEC que dieron la orden no eran independientes -los denunció sin éxito por prevaricación-, como tampoco los magistrados del TSJC que dictaron la sentencia. «La minoría» Habló también de «trato distinto» de su defendido en comparación con otros políticos sancionados en materia electoral, como el presidente Pedro Sánchez y la que fue su portavoz, Isabel Celaá, pero no sólo. «Hemos buscado distintas interpretaciones para ese trato distinto y sólo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: que se trate de una minoría nacional», llegó a decir. Él, recordó, «ni siquiera participaba en el proceso electoral». Para sostener que esas tres palabras en una pancarta formaban parte del discurso político de Torra y, por tanto, deberían estar blindadas por su inviolabilidad parlamentaria puso a su cliente en el mismo plano que a la exportavoz parlamentaria del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo hasta el punto de decir que ambos son «nacidos fuera de España», aunque Torra es de un pueblo de Gerona. La tesis, que mientras a ella «no le pasó nada» por decir dentro y fuera de la Cámara que el padre de Pablo Iglesias fue de un grupo terrorista, Torra, «por tres palabras» equiparables a su juicio a la libertad de llevar una insignia en la solapa, podía perder el cargo público. Antes ya había apuntado que se trataba de una «crítica incluso feroz» cuyos «destinatarios» eran los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la misma de la que ahora depende que se confirme la inhabilitación, por la sentencia del «procés». Intentó recusarles. En esta línea, cobra relevancia una de las claves de su defensa: «Una pancarta no es un acto administrativo, es un acto político» y, en su opinión, el TSJC lo ha reconocido al condenar precisamente a Torra a estar fuera de la política. Este argumento fue rebatido por la acusación popular que ejerce Vox de forma tajante: «Si es un acto político, está infringiendo el principio de neutralidad que debe regir en todos los cargos públicos en periodo electoral», es decir, procede la condena. La Fiscalía, representada por Pilar Fernández Valcarce, insistió en este asunto: «No es una actividad política, sino una actividad administrativa en un marco de actuación político» y «al final, se enmarca en un proceso electoral de toda la comunidad autónoma», que no tiene ninguna competencia en materia de elecciones. Pidió, en primer lugar, que el recurso de casación se inadmitiera de plano sin entrar en el fondo; y ahora sostiene que la sentencia debe ser ratificada. Si el Supremo la confirma, Torra será inhabilitado en lo que tarde el TSJC en ordenar que se ejecute. Siempre podrá acudir al Tribunal Constitucional, pero el recurso no paraliza la sentencia y es poco probable que lo haga como medida cautelar, habida cuenta de su jurisprudencia. Con el tribunal retirado a deliberar y la perspectiva de que la resolución se firme dentro de varios días, Torra se fue del Supremo después de hora y media de sesión tal y como entró, por la puerta principal y sin mediar palabra. Fuera le esperaban los fieles -varios se habían desplazado a la zona del tribunal para hacer declaraciones favorables a los medios-. Y se dirigió a otro rincón de Madrid, la librería Blanquerna, sede de la Generalitat en Madrid, que Torra definió, nada más llegar, como «la delegación de Cataluña en España» y que es habitual que los presidentes autonómicos la utilicen como lugar para las ruedas de prensa. Contra España Desde allí, Torra descargó su arsenal discursivo contra España, el sistema democrático, la democracia española, el Poder Judicial y, también, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, formado por «una coalición que se presume progresista» y que no se solidariza con él: «¿Dónde están ahora mismo los aires de democracia y de justicia en España que se suponían en un Gobierno de coalición de izquierdas? ¿Dónde está hoy la solidaridad ante la represión descarnada?». El tono y las formas fueron duras. Sonó a despedida. Pero adelantó que no piensa convocar elecciones, pese a que sus socios de ERC le insisten en ello cada vez que tienen ocasión. En esta línea, indicó que son los jueces del Supremo los que tienen «en sus manos la caída de un Govern» y «el fin de una legislatura parlamentaria». Desde la Blanquerna, Torra, acompañado de Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat, y su equipo del Gabinete, se volvió a Barcelona. A la espera de que el Supremo decida.De España https://ift.tt/35QaYSf
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