Tras conocer los detalles del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que el Gobierno avanzó ayer en el Consejo de Ministros, la Asociación Dignidad y Justicia se siente «ninguneada». En un comunicado, las víctimas del terrorismo denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tenga la intención de destinar una partida presupuestaria para crear una Fiscalía que investigue hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura, mientras que aún siguen sin resolverse más de 370 asesinatos de ETA. El fiscal coordinador de los asesinatos sin resolver, señala Dignidad y Justicia, carece de medios materiales y humanos para poder revisar los casos que aún no han prescrito. A la asociación presidida por Daniel Portero le llama la atención «el despliegue de medios» para crear la Fiscalía para la Memoria Democrática, con «funciones más propias de un historiador que de un investigador del Derecho», y sin embargo «haya una falta de voluntad por parte de la Fiscalía General del Estado, de impulsar la causa por delitos de lesa humanidad por los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA, abierta en la Audiencia Nacional, a pesar de haberse dictado Auto de procesamiento desde el año 2015, y siendo imprescriptibles estos delitos». Dignidad y Justicia se siente impotente ante un anteproyecto que prevé adoptar medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial, regulando incluso un régimen sancionador, «cuando los mecanismos para proteger el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo han quedado vacíos de contenido, como el artículo 578 del Código Penal, planteando incluso este Gobierno, la posibilidad de su derogación». «¿Acaso no merecen la misma protección de sus derechos al honor, a la dignidad, a la verdad y a la justicia las víctimas del terrorismo de la organización terrorista ETA?», se pregunta Dignidad y Justicia.De España https://ift.tt/2FBSE4u
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