La contaminación del Manzanares a su paso por Getafe no cesa. Un nuevo informe de la unidad del Seprona de la Guardia Civil concluye que el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE y responsable como administración de esta problemática, no ha hecho nada en el último año y medio para acabar con las aguas fecales sin tratar arrojadas en el río. El escrito, al que ha tenido acceso ABC, se enmarca en la investigación judicial sobre estos vertidos, abierta en noviembre de 2018 y que hasta la fecha mantiene imputados a la alcaldesa Sara Hernández y a otros cuatro concejales socialistas por un delito contra el medio ambiente. El documento, fechado el pasado 16 de abril y ya remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Getafe, compara las pruebas recabadas por los agentes del Seprona el 28 de noviembre de 2018 con las del 12 de abril de este año, sin hallar diferencias en los niveles de contaminación. «Es parecer de los agentes actuantes que los vertidos realizados al río Manzanares a su paso por el término municipal de Getafe continúan en las mismas condiciones», señala el informe, en alusión a otro anterior, también enviado al juez instructor. Las conclusiones señalan directamente al Consistorio como responsable de la inacción en los últimos 16 meses, habida cuenta de que es quien tiene la competencia en esta materia. «Que por parte de los responsables del vertido no se ha llevado a cabo ninguna actuación tendente a evitar que de forma continuada se estén vertiendo al río Manzanares un importante volumen de agua residual sin ningún tratamiento previo, procedente de un importante núcleo de población y de una zona industrial», añade. Las nuevas pruebas secundan las que ya se notificaron al juzgado meses atrás, tras la denuncia presentada por el partido local Impulsa Getafe. Con la única salvedad de que la vegetación varía –las primeras se recogieron en otoño y ahora en primavera–, los agentes reiteran el «fuerte olor, nauseabundo y pestilente» en el lugar, ubicado en la zona protegida del Parque Regional del Sureste. Como ha informado este periódico, las aguas fecales proceden de un colector sin autorización en una estación de bombeo abandonada en Perales del Río, a espaldas del Cerro de los Ángeles. Daño en la salud y el medio La Fiscalía considera probado que el cauce se ha contaminado ininterrumpidamente desde 1995, si bien solo apunta a los responsables políticos desde 2005 porque los delitos han prescrito. Así, la investigación abarca al actual equipo de Gobierno socialista, encabezado por Hernández, y a los anteriores, del PP (2011-2015) y del PSOE (2005-2011). Las analíticas revelan importantes «impactos en la salud humana», con bacterias como la E.Colli, y un daño «continuado a la calidad de las aguas y la realización de una actividad prohibida por las normas reguladoras, susceptibles de alterar el equilibrio de los ecosistemas». Desde el Ayuntamiento, no obstante, defienden que sí han puesto en marcha un plan para frenar estos vertidos. Fuentes municipales detallan que en mayo de 2019 –antes de las elecciones municipales– se iniciaron los trámites para construir dos nuevas estaciones de bombeo y ya se han expropiado los terrenos para tal caso. La obra, añaden en el Consistorio, está pendiente de la adjudicación final en Junta de Gobierno para su posterior ejecución.De España https://ift.tt/3dVtYPR
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