La Generalitat marca una gestión de la crisis a base de bandazos

El último anuncio de la Generalitat de implantar nuevas restricciones para controlar la expansión del coronavirus en Cataluña se suma a una lista de controvertidos episodios que se han ido sucediendo, desde mediados de marzo, cuando la crisis sanitaria estalló y Cataluña empezó a dar instrucciones a la ciudadanía a pesar de no tener todas las competencias para ello. La confusión institucional del Ejecutivo de Quim Torra fue reiterada durante el estado de alarma, con una situación extremadamente compleja por la gravedad de la pandemia, y vuelve ahora, con el preocupante repunte del Covid. El primero de los ejemplos se dio en la Cuenca de Ódena, con epicentro en Igualada, sobre la que el Govern firmó una resolución de perimetraje de la zona. El Gobierno, al tomar el mando, acabó avalando esta restricción. Entonces, el Ejecutivo de Torra sacó pecho de su anticipación y aprovechó para atacar al Estado por lo que consideraba una lentitud a la hora de tomar las decisiones. Sin embargo, fueron las medidas gracias el estado de alarma las que acabaron apaciguando la expansión del virus allí. Caso aparte ha sido la gestión meramente sanitaria. Primero, por el retraso en las pruebas PCR y la dotación de material de protección, a pesar de las demandas de auxilio que emitían los profesionales y los geriátricos. También fue especialmente flagrante el rechazo de la ayuda del Ejército con la desinfección de residencias y otros centros públicos y el montaje de recursos sanitarios. La Generalitat sí acabó aceptando su intervención, aunque a regañadientes y no sin episodios ridículos como el de Sabadell, donde se despreció a los militares que incluso habían instalando las tiendas en el municipio. No menos sonado fue el fracaso con el ensayo del epidemiólogo Oriol Mitjà sobre la hidroxicloroquina para combatir el Covid-19, que acabó paralizado tras descartar su efectividad y posibles efectos adversos. Y más recientemente surgió la polémica por los rastreadores: primero, por el contrato de 18 millones de euros con Ferrovial para que hiciera seguimiento de casos (lo que indignó a oposición y sanitarios); y también, por el número de efectivos destinados a la vigilancia, que ahora se ha confirmado totalmente insuficiente. Foco de la polémica Una vez finalizado el estado de alarma, la situación en Lérida y su entorno ha sido el foco de la polémica, especialmente por la gestión de un brote sobre el que la Generalitat quitó hierro, a pesar de que los casos no dejaban de subir, y a pesar de que hacía semanas que se sabía que la posible afectación en temporeros podía agravar la evolución de la pandemia. 48 horas después de asegurar que la situación estaba controlada, el Govern pasó a anunciar un confinamiento, primero perimetral y después domiciliario (finalmente, no autorizado), que provocó una vez más el desconcierto general. Todo ello con unas medidas que dejaban dudas entre si eran recomendaciones u obligaciones. La controversia se repitió, prácticamente calcada, con los brotes en Hospitalet y ahora en el área metropolitana. Sin embargo, si el Govern arrancó defendiendo a capa y espada el confinamiento, ahora se resiste a volver a medidas tan drásticas.

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