Con el recuerdo aún muy presente del espeluznante y dramático caso de la niña Sara, la pequeña de 4 años que falleció el 3 de agosto de 2017 en un hospital de Valladolid tras sufrir malos tratos en su hogar y agresión sexual, la Junta de Castilla y León no quiere que esto vuelva a suceder. Por eso, recalcó ayer su vicepresidente y portavoz, Francisco Igea. «Ningún menor con signos de maltrato saldrá de un hospital a su entorno familiar hasta que no se haya valorado el riego en su integridad», subrayó Igea, después de que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades haya asumido la tutela de una bebé de 3 meses que fue ingresada a comienzos de esta semana en el Hospital Clínico de Valladolid y presentaba señales de un posible «síndrome del bebé zarandeado», que se da tras mover a un niño bruscamente. «No puede volver a suceder» lo que ocurrió en agosto de 2017, cuando la pequeña Sara, sobre la que la Junta iba a asumir la tutela, falleció y había sido llevada a un centro sanitario previamente. Su madre y la pareja de la mujer fueron condenados por el asesinato de la pequeñas. En este caso, la Junta por ahora «mantiene la tutela» de la bebé de tres meses «como medida de precaución» hasta que se lleve a cabo una «valoración completa» del entorno de la pequeña. Fueron los padres de la niña quienes la llevaron al servicio de Urgencias del Clínico de Valladolid, donde quedó ingresada. Los facultativos detectaron que presentaba señales de poder sufrir el «síndrome del bebé zarandeado» y se activó el protocolo para estos casos. El Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid está investigando los hechos. Ayer estaba a la espera de recibir el informe del médico forense para determinar si los daños que sufre la menor son compatibles o no con la versión que ofreció el padre, quien atribuyó las lesiones a una caída accidental. El progenitor, que fue detenido por la Policía, pasó a disposición judicial y, tras prestar declaración, fue puesto en libertad sin que «ninguna» parte solicitará adoptar medidas cautelares. El Juzgado, que mantiene abierta la causa por un presunto delito de lesiones, también ha requerido un informe a los servicios sociales.
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