El Gobierno quiere presentar el proyecto de los Presupuestos de 2021 a finales de septiembre. Es decir, antes de unas posibles elecciones catalanas en otoño y no después, como ERC sugirió que le vendría mejor. Ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, aclaró que no hay «certeza» de que vayan a celebrarse para entonces los comicios autonómicos, por lo que no esperarán. «Este país necesita unas cuentas publicas y las necesita ya», expresó Montero. Por lo que agosto será un mes de intensas negociaciones entre los grupos. En este tablero de ajedrez, el Gobierno está abierto a acelerar la reunión de la mesa de diálogo con Cataluña y alejarla de un escenario preelectoral que endurecería las posiciones de ERC y JpC, competidores en las urnas. En La Moncloa saben además que lo que pase en la mesa tendrá repercusión directa en la negociación presupuestaria con el resto de formaciones políticas. «El presidente del Gobierno ya anunció que no tendría ningún inconveniente de reunirse a lo largo del mes de julio», expresó ayer la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que propuso cerrar agendas en la segunda quincena del mes, después de las elecciones vascas y gallegas. «El Gobierno mantiene su hoja de ruta», subrayó. Sembró así la duda de que la Generalitat lo haga también. Fuentes del Gobierno acusan al «president» Quim Torra de querer dilatar la cita para sacar rédito. Sin embargo, la lectura en Cataluña es muy distinta. Creen que es el Gobierno a quien no le conviene que se celebre ya y pone «excusas». La Generalitat no quiere más retrasos, o eso dicen desde el gobierno catalán, JpC y ERC. La iniciativa de la mesa de diálogo surgió de ERC y fue requisito imprescindible para que los independentistas de Oriol Junqueras permitieran repetir en La Moncloa a Pedro Sánchez. JpC no entró en el juego de la mesa hasta que no tuvo más remedio. Y, ahora, Torra hace suya la mesa de diálogo, sabedor de los límites de Sánchez y de cara a usarla -en caso de no concretarse nada tangible para beneficio de los nacionalistas- contra ERC en las elecciones autonómicas. Ayer, curiosamente, Meritxell Budó (JpC), portavoz de la Generalitat, acusó al Gobierno de querer «dilatar al máximo» el segundo encuentro de la mesa. Minutos después, fuentes del Ejecutivo respondieron tajantes a esa recriminación: «Hemos dicho en la rueda de prensa que estamos dispuestos a cuadrar agendas en julio». Pero para Budó es el Ejecutivo quien busca «excusas»: primero, las elecciones vascas y gallegas; ahora, las de Cataluña, que no están convocadas y podrían esperar. Mientras tanto, Torra, a la espera de la convocatoria del segundo encuentro, está cerrando una serie de contactos con los partidos secesionistas para consensuar, como hiciera en ocasiones anteriores, las demandas de la Generalitat, que quedarán circunscritas a las peticiones de los independentistas. Budó adelantó la semana pasada que estos encuentros serían inminentes y este martes los acotó a esta semana. Ciudadanos como red de seguridad Sánchez no renuncia aun así a los acuerdos de investidura y quiere aunar los máximos apoyos posibles. «Hablaremos con todas las formaciones que no se autoexcluyan», explicó Montero. Pero se centran particularmente en abonar el terreno con Ciudadanos por si ERC les diese un portazo de última hora. Una suerte de red de seguridad a la que intentan mimar. «Queremos agradecer la predisposición de Cs para llegar a acuerdos». Repiten. El partido de Inés Arrimadas advirtió el lunes al Ejecutivo de que será «muy difícil» negociar los Presupuestos si mantienen la mesa con Cataluña. No fue un ultimátum, aunque sí un aviso importante. En La Moncloa saben que dibujar una base de apoyos donde Cs y ERC encajen será complicado porque son como agua y aceite. La mesa es por esto incómoda en cualquier momento, aunque cuanto más se acerque a un proceso electoral más peligroso puede volverse su diálogo para negociar.De España https://ift.tt/31xOvqU
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