La «mayor auditoría en la historia de los Mossos», que para contentar a la parroquia independentista el consejero de Interior de la Generalitat prometió tras los graves disturbios como consecuencia de la sentencia del procés, se quedó en un difuso decálogo de propuestas de mejora para actuar contra los violentos. Y en el anuncio de la investigación interna a una cincuentena de agentes por su supuesta actuación desproporcionada en las calles barcelonesas aquella segunda quincena de octubre de 2019. Todo ello lo quiso enmarcar el consejero Miquel Buch en un pomposo acto ayer en la sede central de los Mossos, en Sabadell (Barcelona), al que invitó tanto a representantes de los sindicatos policiales como a entidades de defensa de los derechos humanos, y que terminó por no convencer a nadie. Son una cincuentena de agentes investigados por su actuación para frenar los salvajes disturbios protagonizados por el sector más radical del independentismo, según informaron ayer el consejero y el director general de los Mossos, Pere Ferrer. No quisieron, sin embargo, detallar la situación concreta de cada uno de los agentes, limitándose a decir que la mayoría son por un uso extralimitado de sus defensas contra los manifestantes. Uno de estos agentes bajo sospecha fue suspendido de empleo y sueldo. El único. Los investigados son una cicuentena de agentes por su papel en un total de 34 actuaciones policiales, estando la mitad de ellas (17) judicializadas y el resto, analizándose internamente por no ajustarse a los protocolos previstos. Las actuaciones que están judicializadas acabaron en la mesa de los jueces por iniciativa de entidades de defensa de los derechos humanos. La auditoría interna duró cinco meses y aunque finalizó en marzo no se pudo presentar hasta este lunes por la crisis sanitaria del Covid-19. Se analizaron las 877 protestas contabilizadas que hubo entre el 14 y el 27 de octubre de 2019. Un 20 por ciento de estas 877 se saldaron con incidentes violentos e intervenciones policiales. Decálogo de necesidades Esta investigación se puso en marcha después de la presión que Buch recibió del mismo presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien acabó por ordenar la auditoría, al considerar previamente que las imágenes de los agentes de los Mossos d'Esquadra actuando contra independentistas violentos no era la adecuada. Así, Buch anunció la auditoría interna más grande la historia del cuerpo policial autonómico. El objetivo: depurar responsabilidades, en la línea de lo exigido por Torra. Sin embargo, lo que iba a ser la mayor auditoría, según la Generalitat, se queda en una especie de decálogo para que mejore la actuación policial, ya que el informe de investigación se centra en analizar el contexto y los datos estadísticos sobre la violencia en los disturbios de aquellos días de octubre de 2019 y en plantear medidas genéricas sobre cómo avanzar en el modelo de orden público en Cataluña, con la necesidad de más agentes antidisturbios de los Mossos, potenciar el uso de tecnología audiovisual y de herramientas como el gas pimienta y nuevos proyectiles lanzadera para la dispersión de masas o grupos violentos. D urante la fase final del procés, desde 2017 a 2019, se produjeron en Cataluña 18.200 movilizaciones (más de 16 al día) de las que un 10 por ciento, se apunta en la auditoría, se saldaron con incidentes. La tensión se desbordó a partir del 14 de octubre, al conocerse el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, y hasta el 27 de ese mes se produjeron 67 actos de protesta al día. El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, recordó que aquellas fechas fueron «excepcionales» y aseguró que optaron por un «planteamiento tolerante» y «permisivo» con las ocupaciones pacíficas del espacio público, marcando «líneas rojas»: puntos estratégicos. Por su parte, Buch defendió que la auditoría es un «ejercicio de transparencia» único.De España https://ift.tt/3eK2P3j
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