La Fiscalía ha empezado a mover ficha en el aluvión de denuncias y querellas que se acumulan en la Sala Penal del Tribunal Supremo contra miembros del Ejecutivo por la gestión del coronavirus y sus derivadas, la última ayer, de la expresidenta de UPyD Rosa Díez contra el Gobierno y contra Pedro Simón. Uno de los primeros movimientos del Ministerio Público que dirige Dolores Delgado ha sido la de pedir al Alto Tribunal que no investigue al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de Madrid. Aunque se trató de una decisión no directamente vinculada a la gestión de la pandemia, sí estuvo relacionada con la investigación abierta al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la celebración de la manifestación del 8-M con el consiguiente riesgo que la misma pudo suponer en la expansión del virus. Pérez de los Cobos, jefe de los agentes que actuaron como policía judicial en aquella investigación, no informó a sus superiores del contenido de los atestados que presentaron en el juzgado sobre este particular, y aunque Grande-Marlaska sostuvo que su cese estaba relacionado con la reorganización del Ministerio, luego reconoció que había contribuido al mismo la filtración de esos informes a los medios de comunicación. En su informe ante la Sala Penal del Supremo, la Fiscalía pide el archivo de las querellas presentadas contra Grande-Marlaska al no apreciar delito alguno en la actuación del ministro del Interior, pues el puesto que ocupaba Pérez de los Cobos -quien fue, además el coordinador policial del 1-O en Cataluña en 2017- es discrecional y por tanto susceptible de ser removido por el ministro en cualquier momento. Así, y al ser un puesto de confianza no se puede hablar de los delitos de prevaricación, falsedad documental y coacciones que le imputan los querellantes, dice. Al tratarse de un asunto que afecta a quien hasta hace unos meses fue compañero en el Ejecutivo, la fiscal general del Estado y exministra de Justicia ya anunció que se abstendría de la postura que el Ministerio Público adoptara en torno a esta y otras querellas que afectan a sus compañeros del Gobierno así como en los asuntos de los que tuvo conocimiento como ministra de Justicia. Por ese motivo es al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, a quien se ha encomendado la dirección de estos asuntos con la asistencia de los fiscales de sala jefes de lo Penal del Alto Tribunal. Fuentes próximas a la fiscal general insistían ayer en que Delgado se ha mantenido al margen de este informe, delegado en el número dos del Ministerio Público. No obstante, y pese a no ver estos indicios de responsabilidad penal en la persona del ministro, la Fiscalía sí considera que el cese del coronel pudo haber tenido una mayor motivación, pero eso es algo que tendrá que dilucidarse en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde previsiblemente terminará el recurso que Pérez de los Cobos ha interpuesto (de momento en alzada ante el Ministerio del Interior) contra esa decisión. Precisamente la jurisprudencia de la Sala Tercera del Supremo establece la necesidad de motivar el cese de un cargo de confianza y que al funcionario cesado se le explique «por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren o si concurren qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese». Una reciente sentencia de septiembre de 2019, de la que fue ponente José Luis Requero, estimó parcialmente el recurso presentado por un funcionario que fue cesado por supuesta «pérdida de confianza». «La razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo que tiene de libre apreciación; ahora bien, es exigible que se explicite evitándose expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección», señalaba aquella resolución. Pese a que en un primer momento Grande-Marlaska aludió a esta confianza, en la propuesta oficial de destitución la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, sí reconoció por escrito que el coronel fue relevado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento», cuando los agentes que trabajan en esa condición sólo se deben al juez, del que dependen funcionalmente. Al margen de la obligación legal, en este caso había un mandato específico por parte de la magistrada (que acabó archivando el caso) de informarle exclusivamente a ella del avance de las pesquisas, teniendo en cuenta, además, que el Ejecutivo era parte interesada en este procedimiento, pues se investigaba precisamente la actuación del delegado del Gobierno. El 3 de junio un juzgados de Madrid archivó la querella que había presentado Vox contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y contra Gámez.De España https://ift.tt/2Vyh6bU
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