En vísperas de que se cumpla un año desde que Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea firmasen el acuerdo de gobernabilidad en Castilla y León entre Partido Popular y Ciudadanos, el presidente de la Junta se enfrenta este martes y miércoles a su primer debate sobre el Estado de la Comunidad. Momento de hacer balance a estos doce meses del primer gobierno autonómico en coalición en esta tierra y también de marcar los proyectos de futuro. Un porvenir que, como el debate y los últimos meses, estará marcado por la herida dejada ya por el Covid-19. Y es que más allá del repaso a la acción política, al cumplimiento de los acuerdos pactados o a la lista de tareas pendientes que suelen marcar el guión de esta sesión con la que se suele cerrar el periodo de sesiones antes del receso estival, el coronavirus y sus secuelas sanitarias, económicas y sociales están llamadas a ser las protagonistas. Será el debut de Mañueco como máximo responsable del Ejecutivo en uno de los principales debates políticos de cada año. La otra gran cita parlamentaria es la de la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad, pero no se ha producido. El retraso del Gobierno central en la elaboración de sus cuentas, primero, y la crisis sanitaria después, hacen que ni siquiera se vislumbre una fecha para presentar las Cuentas. Ni siquiera una aproximación de cómo podrán ser después del «hachazo» que el Covid-19 ya ha supuesto al presupuesto en vigor por los gastos extraordinarios no sólo en sanidad y aún sin poder cuantificar el impacto que el parón económico tendrá en la recaudación y, por tanto, en los ingresos y los gastos. Un debate que llega, además, tras el pacto firmado por la mayoría de las fuerzas políticas con representación en las Cortes para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León. Junta, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila -sólo Vox y Unión del Pueblo Leonés se desmarcaron- han rubricado el documento con 86 medidas sobre sanidad, economía y empleo, protección social, funcionamiento de los servicios públicos y el papel de la Comunidad en la financiación autonómica, España y Europa. En el listado de compromisos, invertir más de 1.100 millones en sanidad, becas, empleo... Pero que haya habido un acuerdo que todos los firmantes reivindican con «ejemplo» a seguir a nivel nacional por sus «colegas» gracias al ejercicio de cintura política hecho para encajar posiciones ideológicas tan dispares no significa que la refriega política haya amainado. Los dos primeros textos normativos remitidos desde el Ejecutivo autonómico a las Cortes vinculados a ese pacto no han encontrado el apoyo de las dos fuerzas de izquierda. «Momento adecuado» En lo que sí coinciden todos, Junta y partidos políticos -tanto los que sustentan al Gobierno como los de la oposición- es que el debate llega en el momento preciso. Desde el Ejecutivo autonómico asumen que la sesión de Política General se produce en un «momento difícil», pero «también muy adecuado para valorar lo que ha sucedido y lo que queremos de cara al futuro». Llega, defiende el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, «en el momento más oportuno»: cuando ha pasado un año del gobierno en coalición de ese «matrimonio de conveniencia» que a los cien días de cohabitar había consolidado la relación de pareja para los cuatro años y ahora que la pandemia del Covid-19 parece que da una tregua. Sin olvidar que es el tiempo para «replantearse de forma global nuestra política en la Comunidad», destacó Igea. Y después también, subrayó, del pacto firmado hace unos días por Junta y partidos políticos. «Es buen momento para recordar la bondad del pacto y la necesidad del cumplimiento por parte de todos los extremos», ya que «obliga a todos», señaló en clara alusión al PSOE y también a Podemos y ese no apoyo a los dos primeros decretos leyes elevados al pleno y vinculados al pacto. «Nos preocupa» esta posición, asumió Igea, confiado en que el debate sirva para que «queda aclarado», pues, dijo, «no tiene mucho sentido firmar un pacto que solo obliga a una parte». Por la suya, defiende, uno de los asuntos que más han hecho saltar chispas en este año entre Junta y oposición: los consultorios médicos. Cerrados durante la pandemia, volverá a abrir, pero con cita previa. Mañueco debutará en el cara a cara con los portavoces del resto de partidos y la del coronavirus no es la única «herida» que aún supura desde que tomó posesión. Un pacto con Ciudadanos ha permitido al PP seguir gobernando tras treinta años de hegemonía arrebatada el 26 de mayo de 2019 por primera vez por un PSOE que se quedó con la miel en los labios de recuperar un poder que apenas ha saboreado en Castilla y León. Sin mayoría absoluta, los socialistas encabezados por segunda vez por Luis Tudanca se impusieron en las urnas, pero siguen en la oposición. Una victoria de la rosa que no olvida y restriegan casi en cada discurso al PP y también a Ciudadanos por haber elegido otro socio de gobierno. La oposición, crítica «La pregunta es si el pacto de la rapiña ha mejorado» la vida de los castellano y leoneses «o todo continúa igual», advierten desde el PSOE, convencidos de que «la vida está peor que hace uno año». Los ciudadanos «mandaron el PP a la oposición», recuerdan y consideran que «lo único» que ha cambiado Ciudadanos es «su sillón». Muy crítico también el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, para quien el balance de este año «es desolador». «Castilla y León es la zona cero de la despoblación, de una España vaciada que se muere». Mientras, desde el PP destacan que los dos partidos que forma el Ejecutivo tienen los objetivos claros y «es un gobierno cohesionado y fuerte». Mientras que desde Cs resaltan que más del 80 por ciento de los puntos del acuerdo entre ambos partidos ya se han puesto en marcha.De España https://ift.tt/2NAAIb5
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