jueves, 30 de enero de 2020

El análisis técnico frena el proyecto de un segundo aeropuerto comercial para Madrid

El proyecto de un segundo aeropuerto para Madrid deberá esperar, todavía sin fecha en el horizonte. Más de un año después de que los promotores de Air City Madrid Sur presentasen sus planes para transformar el aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo), a apenas 45 minutos de la capital, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda urbana (anteriormente de Fomento) analiza la viabilidad técnica de una infraestructura complementaria al Adolfo Suárez-Madrid Barajas; está inmerso en la ordenación del espacio aéreo por las singularidades de la región, con una de las mayores terminales de Europa, dos bases militares y Cuatro Vientos. Si bien desde el Ministerio evitan dar cualquier plazo al respecto, el inversor privado reconoce que la tramitación administrativa no estará lista, al menos, hasta el final de 2021 o 2022. El estudio técnico ya fue uno de los elementos señalados por los principales actores tras la presentación del segundo aeropuerto para Madrid, alejados en parte de la enorme expectación que se generó y seguros de la complejidad de esta actuación, también desde el punto de vista medioambiental. Fuentes de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, inmersos en este trabajo desde el pasado mes de marzo, indicaron a ABC la necesidad de un «profundo análisis» que, en todo caso, debe partir de una «visión estratégica amplia». Estas palabras remiten fundamentalmente a las particularidades que presenta el espacio aéreo madrileño. Lo cierto es que la actividad prevista en Air City Madrid Sur, basada en compañías de bajo coste y aviación ejecutiva, siempre adicional a Barajas como «hub» –centro de conexiones–, tiene que convivir con varias infraestructuras. Desde la cartera que dirige José Luis Ábalos insisten en que, más allá de Barajas, Getafe y Torrejón de Ardoz y el aeropuerto de Cuatro Vientos, hay que tener en cuenta aeródromos de uso restringido y bases de helicópteros para uso militar o de interés público, como emergencias, bomberos o vigilancia del tráfico. «La decisión sobre la construcción de una nueva plataforma debe ser el resultado de una serie de estudios que tienen unos mínimos plazos para garantizar la calidad y en los que estamos trabajando activamente», aseveran en el Ministerio. «En zona valle» El trabajo de los técnicos, no obstante, no parece alterar las previsiones de los promotores, confiados en que el plan saldrá adelante. «Tenemos mucha confianza en nuestro proyecto y ya sabíamos que requiere de altas dosis de paciencia. Ahora nos toca una zona valle», declara Javier Ruedas, consejero delegado de la compañía. Según los cálculos de Ruedas, no esperan que el Ministerio se pronuncie antes de un año y medio o dos: «Es lo que tardamos nosotros». El paso del que están pendientes es la declaración de interés general, un extremo que ya han hecho los Gobiernos de la Comunidad y Castilla-La Mancha, a pesar de que carecen de competencias en la materia. El hecho de que se tramite a caballo entre ambas administraciones se debe a que comparten el suelo en el que se instalará la futura terminal. Al margen de su viabilidad, el consejero delegado de Air City reitera la «necesidad» de que Madrid disponga de un nuevo punto de referencia, en línea con otras grandes capitales europeas como Londres (6 aeropuertos), París (4) o Lisboa, que ya prepara una terminal complementaria en Montijo. Para ello alude al crecimiento exponencial de Barajas en los últimos años, con cifras de récord en cada ejercicio. Así, según cifras de Aena, en 2019 registró un total de 61,7 millones de pasajeros, un 6,6 por ciento más que en 2018, cuando se quedó en 57,8 millones. «Con las previsiones que tenemos es necesario adaptar una segunda infraestructura; Barajas no puede competir con Niza o Marsella, debe ser el hub», considera Ruedas. Aunque los promotores restan importancia a la demora administrativa, sí tienen claro que existe un límite temporal para sus intereses. En ese sentido, el máximo se marca en los próximos cinco o seis años; en caso contrario el proyecto caerá en saco roto. Como informó ABC, la inversión rozará los 150 millones de euros –íntegramente de capital privado– y prevé la creación de 5.600 empleos directos y 13.300 indirectos en los diez primeros años.

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