La crisis provocada por la ruptura del acuerdo para la inversión por parte del Gobierno de 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat está crispando el ambiente político y dificultando que se concrete la «mesa de diálogo» entre las delegaciones de Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Si bien ambos presidentes pactaron en su reunión de hace más de dos meses que la cita tuviese lugar la semana que arranca el próximo lunes 13 de septiembre –es decir, siempre después de la Diada de este sábado–, para el Ejecutivo de Pedro Sánchez el choque de esta semana supone un problema importante, ya que su estrategia se basa, precisamente, en normalizar la relación con la Generalitat a través de proyectos comunes como el aeropuerto. Transferencias e infraestructuras en primera línea de acción. Si ese carril de entendimiento fluye interpretan que tendrán más argumentos para descafeinar las reclamaciones irrealizables sobre la amnistía y la autodeterminación que traerá consigo la delegación catalana. A día de hoy, el Gobierno sigue formalmente defendiendo que ambas cuestiones no guardan relación. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, manifestaba ayer que nada cambia para el Ejecutivo en relación a sus objetivos: «Estamos ultimando los trabajos aún, pero el Gobierno mantiene su agenda y su objetivo de trabajar en la recuperación y en el reencuentro», dijo. Quiso Rodríguez destacar incluso «la necesidad de esta reunión». En privado, varias fuentes consultadas opinan que no preocupa que no haya una fecha porque apuntan a que será después de la Diada cuando eso se concrete. Debería celebrarse en Barcelona y las fechas que se siguen barajando son el jueves y el viernes de la próxima semana. En el Gobierno apuestan que la cita se celebrará, pero en el día de ayer la convicción al respecto se sentía visiblemente trastocada. En La Moncloa justifican que para una inversión como la que estaba prevista en El Prat la colaboración es imprescindible y que no se puede abordar esa cantidad tan sustancial de dinero si no se puede ir de la mano de la Generalitat. «Chantaje inaceptable» Aunque Gobierno y Generalitat juran que la denominada «mesa de diálogo» es un compartimiento estanco ajeno a las tensiones del día a día, este espacio se reunirá la próxima semana tensionado desde Cataluña por la congelación por sorpresa de la millonaria inversión en el Aeropuerto de Barcelona. El anuncio, el miércoles, de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, diciendo que la falta de compromiso de la parte catalana hacía inviable el proyecto cogió por sorpresa a Pere Aragonès, que ayer criticó con dureza la decisión. Fuentes del equipo de Pere Aragonès encuadraban, no obstante, el paso del Ejecutivo en el largo pulso que, a su parecer, será la inversión de 1.700 millones en El Prat. «Quedan 77 jugadas», ironizó un colaborador del president. Con todo, el republicano dejó patente ayer su «indignación» ante la decisión de La Moncloa de frenar la ampliación por falta de consenso dentro de la Generalitat. Según dijo, se trata de una actitud de imposición que deja entrever un modelo «desarrollista» propio de tiempos pretéritos. «Nos quieren poner entre la espada y la pared. Es un chantaje inaceptable», zanjó en una rueda de prensa extraordinaria convocada de urgencia la noche anterior tras saberse la decisión del Ministerio de Transportes. A pesar de la escenificación y las palabras duras del presidente catalán, desde la Generalitat aspiran a separar el combate de sumo que será la negociación del aeropuerto del diálogo que defienden con el Estado. «Referéndum y amnistía», recordó ayer Aragonès. Con todo, todavía sin orden del día ni lista de asistentes confirmada (Pedro Sánchez sigue sin decir si irá a Barcelona) la cita suma interrogantes con la crisis de desconfiaza que esta semana ha estallado en El Prat. Sobre la mesa, fuentes republicanas señalan que los preparativos siguen avanzando, aunque no «a quinta marcha». En estos instantes, la laguna de la Ricarda (un espacio natural casi desconocido hasta hace unos días para el gran público y la mayoría de políticos) concentra sobre sí las tensiones internas del Gobierno y la Generalitat. Divisiones internas En mitad de la confusión causada por el plantón del Gobierno, Junts aprovechó ayer para retar a Esquerra a aparcar la bandera del diálogo y formar un frente único independentista en el Congreso para comprometer la estabilidad del Gobierno. Así lo verbalizó el secretario general de los posconvergentes, Jordi Sánchez, desde Bruselas. El líder soberanista incluso reclamó hacer valer los diputados secesionistas de la Cámara Baja para hacer caer el Ejecutivo. Aunque esa es una propuesta que los de Carles Puigdemont han lanzado en varias ocasiones, esta pone igualmente a los republicanos en una situación incómoda al ser planteada en vísperas de la Diada del 11 de septiembre. Los diputados de Esquerra son imprescindibles para la estabilidad del Gobierno. No así los de Junts. La cuestión de El Prat no solo ha puesto de manifiesto la división entre Junts y ERC, también ha evidenciado fisuras en el Gobierno. De hecho, ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, visitó Cataluña, desde donde aplaudió la decisión y reivindicó su papel. «El presidente conocía la discrepancia y la he defendido en silencio», señaló. La discrepancia con el PSOE quedó patente cuando minutos después la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, respondía a Díaz diciendo que no era algo para «celebrar».De España https://ift.tt/3ld0zGi
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