El Ejecutivo de Pedro Sánchez maniobra ante el Tribunal Supremo para mantener lejos de los ojos de la oposición cinco de los informes clave elaborados por la Abogacía del Estado sobre el estado de alarma. Se trata de los dictámenes sobre los decretos de 14 y 17 de marzo de 2020, la primera prórroga, el plan de desescalada y la prórroga de seis meses aplicada el pasado octubre. La difusión de todos ellos ofrecería importantes pistas sobre el controvertido papel que la Abogacía General está desarrollando desde que Sánchez llegó a La Moncloa. La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, solicitó al Gobierno copia de los informes elaborados por los letrados del Estado sobre el estado de alarma, pero en un primer momento el Ejecutivo optó por no responder para así no facilitarlos. El partido que preside Santiago Abascal recurrió entonces ante el Tribunal Supremo , y la Abogacía intenta ahora cortarle el paso y desactivar el recurso remitiéndole solo algunos de los informes solicitados. En concreto, los referentes a la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta prórrogas, al decreto que declaró el estado de alarma en Madrid, al que impuso el segundo estado de alarma y dos más referentes a dudas diversas sobre la aplicación y expiración de las medidas decretadas. «Se da por contestado» Pese a que este envío no solo es parcial sino que excluye los informes más importantes solicitados, los letrados del Estado señalan al Supremo que queda «contestada» la petición de Olona y piden la «terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal». Vox, por su parte, ha remitido un escrito de alegaciones al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso ABC, denunciando que el Gobierno sigue ocultando cinco informes, y pidiendo que el recurso continúe su curso. El partido que preside Santiago Abascal recuerda que la ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo exige que el reconocimiento de la demanda sea «total» para que pueda existir satisfacción extraprocesal. Y que el derecho a la información de Olona no puede darse por satisfecho cuando no se ha entregado la totalidad de la documentación solicitada. «Tal satisfacción no se ha producido», alega al Supremo. Los interrogantes Los cinco informes que faltan son claves porque el decreto que impuso el confinamiento en marzo de 2020 ha sido considerado declarado inconstitucional por el TC. Resulta, por tanto, de especial interés conocer los dictámenes que elaboró la Abogacía del Estado sobre los decretos del 14 y el 17 de marzo. ¿Avisó al Gobierno de la posible interpretación que se acabó imponiendo en el Tribunal Constitucional? o ¿se limitó a asumir la tesis de La Moncloa y a buscar argumentos para respaldarla? Estas son algunas de las preguntas que rodean a la actuación de la Abogacía General tras el fallo del Constitucional y que solo obtendrán respuesta cuando este informe se haga público. No en vano, la institución que encabeza Consuelo Castro Rey se debe a la defensa de los intereses del Estado y al asesoramiento del Gobierno, pero no a proteger los intereses de éste último. Por las mismas razones también revisten especial interés la primera prórroga del estado de alarma, pero el único documento que la Abogacía remite a Vox al respecto parece casi una burla. Se trata de un informe elaborado por los letrados de La Rioja sobre respuestas menores ante las dudas generadas por la aplicación práctica del estado de alarma. Desde si una lavadora o un frigorífico podían entregarse a domicilio, a qué diferencias existen entre un kiosko y una papelería o si un comercio minorista de plantas podía abrir si vendía comida para mascotas. Nueva vulneración En cuanto al plan de desescalada, su interés público reside en que el Gobierno decidió mantener el estado de alarma en un contexto de relajación de las medidas sanitarias, cuando la ley reguladora establece que tanto las medidas aplicadas en los marcos excepcionales como la duración de las mismas «serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad». Este precepto también es una de las razones del Gobierno para intentar ocultar el informe de la Abogacía sobre la prórroga de seis meses aplicada el pasado mes de octubre. Su larga duración provocó una gran polémica y críticas por parte de los grupos parlamentarios, y Pedro Sánchez se vio obligado a prometer que las comunidades podrían solicitar el levantamiento de este marco a los cuatro meses de vigencia. Sin embargo, cuando llegó el momento de realizar esta revisión, el Ejecutivo no convocó a las autonomías a la reunión necesaria para abordarla. Tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso obligan al Gobierno a remitir a los diputados la documentación que requieran. Si no lo hace, está obligado a argumentar su negativa «en las razones fundadas en derecho que lo impidan». Las maniobras del Ejecutivo para mantener ocultos los informes de la Abogacía podrían constituir una nueva vulneración de la Carta Magna.De España https://ift.tt/3zMbTP1
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