Sánchez se blinda ante nuevos altercados y traslada a Iglesias el desgaste por el caso Hasel

Después de tres noches de movilizaciones violentas en las calles de diferentes ciudades de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió ayer romper su silencio y condenó el uso de la violencia en las manifestaciones convocadas para protestar por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel. «La democracia ampara la libertad de manifestación y la libertad de expresión, incluso las expresión de los pensamientos más infames y absurdos; pero la democracia nunca, jamás ampara la violencia. La violencia es lo contrario a la democracia. La violencia es la negación de la democracia», dijo ayer el jefe del Ejecutivo nada más arrancar su discurso para presentar el plan de recuperación económica en Mérida. Sánchez introdujo esta reflexión al margen de la temática del acto para que su silencio dejase de ser el foco de atención. La defensa de estas protestas vandálicas por parte de Unidas Podemos ha elevado la tensión en el seno de la coalición, en un momento en el que los ánimos ya venían caldeados por tres factores: la competencia por las leyes de Igualdad, la negociación de la ley de vivienda y una campaña catalana en la que Pablo Iglesias buscó el protagonismo cuestionando la «normalidad democrática» de España. La situación es de mucha tensión. Y el presidente ayer decidió lanzar un mensaje nítido sobre sucesos, pero lo hizo sin ninguna referencia explícita a su socio de coalición. ¿Por qué? Fuentes gubernamentales destacan que ninguno de los miembros del Gobierno que representan a Unidas Podemos se han pronunciado al respecto. Se ciñe por tanto la cuestión a unas consideraciones de Pablo Echenique alentando las marchas y a la negativa de Rafa Mayoral de condenar los sucesos violentos. Mensajes que, se insiste, se producen «al margen del ámbito del Gobierno» y que, en cualquier caso, defienden que ya fueron contestados por la vicepresidenta Calvo. Debilidad en Podemos Desde el Ejecutivo defienden que el presidente no saliese hasta ayer a responder a la polémica. Consideran que ya en la sesión de control del miércoles Sánchez remarcó el concepto de «democracia plena» y que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya afirmó que «de ninguna manera se defiende con violencia el derecho a la libertad de expresión ni ningún otro derecho». El jueves fue de nuevo Calvo quien tuvo que responder a Echenique. Se sumó ayer Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, con una defensa genérica de la Policía y definiendo los sucesos como «actitudes injustificables» por parte de «una minoría que tiene un concepto equivocado de los derechos y hace uso de la violencia», informa Ana I. Sánchez. La Moncloa defiende que «no cabe ninguna duda respecto de la posición del Gobierno», y que el presidente se ha manifestado al respecto en el primer acto que tenía previsto tras los altercados y «a las puertas de un fin de semana que podría ser complicado», explican desde la presidencia del Gobierno. En La Moncloa defienden que Sánchez no va a alterar su agenda ni a dedicarse a interpelar a Echenique. En el fondo subyacen también dos estrategias. Los socialistas piensan que pese a salvar los muebles en las elecciones catalanas, Podemos está en declive electoral y «sin capacidad de recuperación», observa un ministro consultado. En este sentido, a Sánchez le interesa que la formación de Iglesias y el propio vicepresidente se aproximen a sus planteamientos más insurreccionales. En la convicción de que eso los desgasta y refuerza al PSOE por el contraste institucional. Pero además la intervención de Sánchez, como es costumbre, evitó reproches explícitos a su socio. En el PSOE defienden que es lo adecuado porque por el momento prima la idea de que la coalición debe subsistir pese a las discrepancias porque la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos «tiene costes en el electorado progresista», recuerdan. Y ponen en valor que Sánchez tiene una «muy buena aceptación» entre los electores de Podemos. Al nivel de la del propio Pablo Iglesias o incluso superior en función del sondeo que se analice. La Moncloa monitoriza esos datos y observan que es una tendencia que se viene consolidando desde 2018. Formar un Gobierno compartido, sin embargo, no ha revertido el hecho de que la valoración de Pablo Iglesias siga siendo mala entre los electores socialistas. Los sondeos que manejan demuestran que el PSOE sigue teniendo capacidad para recuperar votantes de Unidas Podemos y que no los pierde hacia su derecha. Cuidar ese equilibrio está en el fondo de una estrategia de Sánchez que evita polemizar, que deja a sus ministros las réplicas a Iglesias y con una exposición muy controlada, enfocado en actos amables que le permita situarse por encima de los conflictos. El presidente lleva sin responder a preguntas de la prensa desde el pasado 29 de diciembre. Sánchez defendió ayer en su intervención que «la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás», y la consideró «un ataque a la democracia». Asegurando que el Gobierno «hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana». El presidente se comprometió con la reforma del Código Penal para «ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión». Unidas Podemos ha planteado la derogación de los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos y el de enaltecimiento del terrorismo. Pero La Moncloa quiere pilotar la reforma y la planteará como un proyecto de ley del Gobierno para que sea liderado por los ministerio de Justicia e Interior. De momento el compromiso no es derogar los delitos, sino que no sean susceptibles de ser penados con la prisión.

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