Una desescalada por provincias –y no por el conjunto de la Comunidad–, como ya ocurrió en el alivio de las restricciones tras el arreón el pasado otoño de la segunda ola del Covid-19. Es lo que plantea la Junta de Castilla y León y la idea «inicial» que debatirá en el Consejo de Gobierno extraordinario del próximo lunes, en el que, si nada se tuerce, los sectores más afectados por las medidas –hostelería, grandes superficies comerciales y gimnasios– parece que podrán ir recuperando algo de actividad. Será de cara al siguiente fin de semana, después de vivir este viernes el primer día con horario ampliado a las 22.00 horas. El avance no será para todo el territorio, pues la clave principal a tener en cuenta, más allá de los datos epidemiológicos de contagios de un virus que remite y ayer dejó otros 256 casos nuevos más, será la ocupación de UCI con pacientes con coronavirus. Los infectados en las unidades de intensivos no podrán superar el 25 por ciento de las camas en estas unidades. «Necesitamos estar seguros de poder atender si hay un rebrote», según ha subrayado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, tras la reunión con representantes de esos sectores bajo cierres obligados para abordar la propuesta de desescalada. Y no en todas las provincias es igual la presión de los infectados por SARS-CoV-2 sobre las unidades de cuidados intensivos. De media, en el conjunto de Castilla y León estaban este viernes ligeramente por encima del 40 por ciento. Había 218 pacientes con el virus para un total de 542 camas extendidas también por otros espacios como unidades de reanimación. Sólo Ávila estaba por debajo de ese umbral, además de haber dejado atrás también el riesgo «muy alto» en el resto de indicadores, salvo en la incidencia a catorce días en mayores de 65 años. Con cuatro pacientes en intensivos con Covid-19, sus camas extendidas de UCI estaban al 22,22 por ciento y es la que parece tener seguro dar el paso hacia el alivio en las restricciones. También en noviembre fue la primera, junto con Segovia, que vivió la reapertura. «Sin prisas» Cerca se sitúa también Salamanca, con sus UCI al 29 por ciento a tres días de que la Junta adopte la decisión y con el resto de parámetros epidemiológicos ya fuera del riesgo extremo, salvo la ocupación en planta, donde los pacientes con Covid-19 superan el 15% de todos los ingresados. La siguiente provincia más próxima es León en cuanto a la saturación en intensivos, por encima del 32 por ciento, pero todavía no ha logrado dejar atrás el riesgo extremo en otros valores que miden la incidencia, aunque está cerca. En Segovia, Valladolid y Zamora la ocupación de las UCI supera un 40% de pacientes con el virus, aunque en los otros parámetros se mueven entre riesgo «bajo», «medio» y «alto». También cerca de poder dar el paso está Burgos, donde las camas de intensivos estaban ayer al 37% de ocupación con enfermos del virus. Pero más de un tercio de los 33 procedentes de otras provincias que han tenido que ser derivados ante la elevada incidencia en ellas y el menor impacto del virus en esta tercera ola en tierras burgalesas, después de haber sufrido de forma intensa la segunda. De hecho, una de las peticiones lanzadas en la reunión es que se valore ese extremo para que Burgos «no se vea perjudicada». El Consejo de Gobierno analizará el lunes qué pasos se dan, con una premisa clara: será una desescalada «sin prisas, con prudencia y evitando las recaídas», ha subrayado también en este sentido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. «No podemos repetir más veces los mismos errores», ha recalcado Igea, con la vista puesta también en la próxima Semana Santa, en la que la apuesta de Castilla y León es mantener el confinamiento permimetral de la Comunidad, «no» considerarlo «un periodo vacacional más» que acabe como el verano y la Navidad, que derivaron en la segunda y tercera ola del coronavirus. En este sentido, Mañueco ha exigido al Gobierno central que «actúe» y «ejerza la labor de coordinación» que le corresponde para fijar una «posición» sobre las medidas que se deben adoptar en Semana Santa y evitar así diecisiete «respuestas diferentes» en cada comunidad. Y ha pedido al Ejecutivo nacional que «no haga dejación de sus responsabilidades constitucionales, como viene haciendo desde el pasado mes de marzo». «Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo porque nos beneficia a todos», ha recalcadado Mañueco, antes de añadir que desde Castilla y León se ve con «legítima envidia» cómo otros países adoptan posiciones y criterios conjuntos ante situaciones similares: «Así los ciudadanos también entenderán mejor el mensaje». «Lo importante es que seamos capaces de una respuesta común y eso no quiere decir que en función del territorio o dentro de cada comunidad o las provincias pueda haber una respuesta adaptada a las circunstancias y peculariades», ha apuntado. «Un poco de esperanza» El avance será pausado y se prevé largo, pues la Junta tiene claro que se ha de ser «muy cautelosos» y «no saltar ningún paso», de modo que «cada escalón» de bajada requerirá catorce días con las mismas medidas «para comprobar que no inciden en un nuevo incremento de la incidencia». Pero, ha precisado Igea, no significa que deban pasar dos semanas para acordar cambios, sino que cada lunes se analizará qué provincias cumplen con los criterios para ir avanzando en la desescalada y se podrán ir «sumando». Desde la Confederación de Asociaciones de Hostelería, su presidente, Fernando de la Varga, asume que «volver a una normalidad bastante aceptable va a llevar bastantes semanas». Sí ven «un poco de esperanza» para el sector que la Junta se plantee ya algunos alivios, aunque sean por provincias. Lo «más urgente», ha indicado, es poder volver a abrir el interior de bares, cafeterías y restaurantes, pues «solamente con las terrazas» y en invierno en Castilla y León «no es viable».De España https://ift.tt/3r21Ame
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