Tras sellar un primer acuerdo para la renovación de RTVE, el Gobierno y el PP no fueron capaces de cerrar ayer un pacto para renovar el resto de organismos institucionales pendientes. Pasada la medianoche, la secretaría de Estado de Comunicación informaba que tras haber mantenido reuniones y conversaciones con el PP a lo largo del jueves se había constatado que «existen escollos que han impedido alcanzar un pacto» para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un tercio del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. También el PP trasladó un mensaje similar. Las partes manifestaron este distanciamiento tras una reunión entre Félix Bolaños, secretario general de la presidcencia del Gobierno, y Teodoro García Egea, secretario general del PP. Todos los interlocutores consultados a lo largo de la jornada daban por hecho el acuerdo final. Pero en el día de ayer no hubo avances significativos después de que ambos partidos se emplazasen a seguir negociando tras superar el acuerdo de RTVE. No haber podido presentar el acuerdo de forma global ya era un síntoma de que en una parte de la negociación las cosas no están siendo sencillas. Lo cierto es que en el Gobierno eran partidarios de un acuerdo rápido, que no dilatase los tiempos, conscientes de que políticamente es complejo mantener un «equilibrio», en palabras de un ministro, entre la decisión de abordar un pacto de estas características con el PP y la necesidad de hacerlo de la mano del socio minoritario de la coalición. Fuentes gubernamentales reconocían en la tarde de ayer que quedaban «varios problemas» por resolver. Desde el lado de Unidas Podemos, donde cuentan con el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, negociando su parte con el PSOE, se aproximaba la idea de que varios nombres estaban en el aire. Algo que corroboraban en la parte socialista. Desde la formación de Pablo Iglesias insistían ayer que «igual que es evidente nuestra presencia en RTVE, se verá en el CGPJ». Y en esa presencia es donde algunas fuentes apuntan a que se encuentra el problema. Desde el Gobierno insisten en que el reparto está cerrado, con UP logrando dos sillones cercanos a su sensibilidad y el PNV asumiendo uno de los nombres del PP. Pero también reconocen que los populares han vetado a candidatos cercanos a UP y apuntan a ese pulso como el elemento que «está dificultando el cierre del pacto». En la negociación, señalan además fuentes populares, que desde los socialistas, por petición de Podemos, se sigue insistiendo con José Ricardo de Prada. Algo que Génova no acepta. Fuentes populares señalan que «este juez no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello». Los populares cuestionan que significaría «un fraude de ley», al tratarse de un juez «que pretende entrar al consejo por la puerta de atrás, por el turno de los juristas, sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros». Los populares se mostraban pasada la medianoche muy tajantes en su rechazo a este nombre: «La pelota está en el tejado del PSOE». A su vez, otras fuentes gubernamentales trasladaban su rechazo con la figura de Alejandro Abascal. Pero desde el PP garantizaban que ahora mismo «está en la lista», aunque aseguraban que no hay «nada cerrado». Otras fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que es un nombre innegociable. Pero especialmente en la parte de Podemos señalan su cercanía con Pablo Casado. Desde el PP se afronta la parte final del acuerdo, «la más difícil», con máxima cautela. También dan por hecho que habrá pacto en los próximos días, pero la presencia de representantes de Podemos sigue siendo una línea roja para los populares. El reconocimiento de que pueda haber alguno sería echar por tierra una de las condiciones principales que puso Casado para que el PP se sentara a negociar con el PSOE. Se posponen los nombramientos Pese a que se esperaba tenso, por las diferencias que el día anterior habían expresado los vocales sobre la necesidad o no de afrontar la última tanda de nombramientos, el Pleno del Consejo se caracterizó ayer por la prudencia. Al menos en lo que se refiere a la cobertura de plazas. No así en lo relativo al demoledor informe del anteproyecto de la ley del consentimiento de Irene Montero con el que el órgano de gobierno de los jueces se despidió. Por unanimidad, el CGPJ decidió posponer los nombramientos -cuya inclusión en el orden del día forzó un grupo de ocho vocales de distintas sensibilidades- a un pleno extraordinario que, en su caso, se celebrará el próximo jueves 4 de marzo. El órgano decidía así esperar unos días para comprobar si fructifica el acuerdo entre PSOE y PP para su renovación. Si no es así y no hay cambios sustanciales en la negociación, hay vocales que consideran que el Consejo tiene que seguir desempeñando sus funciones constitucionales con normalidad, entre ellas los nombramientos. Por contra, si el pacto está cerrado ya en esa fecha, de estos se encargaría el nuevo Consejo. Los veinte vocales adoptaban así una decisión con la que se trataba de impedir la fractura en un órgano que desde el mes de septiembre ha efectuado los nombramientos con «mayorías incontestables» de hasta 18 de los 21 vocales en algún caso y, por lo general, de 16. En esta ocasión no iba a ser así, pues del bloque que venía votando unido estos últimos meses, y que integraban vocales tanto de perfiles conservadores como progresistas, se habían descolgado ya tres, lo que implicaba que la cobertura de las nuevas plazas no iba a hacerse con holgadas mayorías. Se trataba de tres plazas correspondientes al Tribunal Supremo (dos en lo Civil y una en lo Social); a dos presidencias de tribunales superiores de Justicia (País Vasco y Canarias), a la de la Sala Social del TSJ vasco y a las de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería.De España https://ift.tt/3srLbI1
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