
Una nave, un corral, un garaje o la propia vivienda. Cualquier sitio parece bueno para una fiesta incluso cuando están prohibidas. Con toque de queda en vigor que obliga a recogerse en el domicilio a las 20:00 horas como mucho, sin discotecas desde hace casi un año ni locales de ocio nocturno, hay quien no está dispuesto a renunciar a la fiesta ni en tiempos de pandemia. Pero tiene precio, y no sólo el de lo consumido. También el de la multa por saltarse las normas que imperan para intentar frenar el Covid-19. Prohibidas por el papel del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y efectivas cuando llega la sanción. Porque llega. Y si no, que se lo pregunten a las 120 personas que ya han recibido a su nombre la pertinente multa por participar en fiestas ilegales en la Comunidad. A una media de 3.500 euros les sale la fiesta a cada uno de ellos, pues la cuantía total de estas sanciones impuestas ronda los 430.000 euros, según la información facilitada desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Pero no para todos es igual. La Agencia de Protección Civil es la encargada de la tramitación una vez que los agentes levantan acta de la denuncia. Y sólo en la última semana ha abierto expediente sancionador a 65 personas por su participación en seis fiestas ilegales «que se celebraron incumpliendo las medidas sanitarias adoptadas en la lucha contra la Covid-19». El importe total ronda los 150.000 euros. Todo después de las correspondientes denuncias efectuadas por los efectivos de la Guardia Civil por diferentes puntos de la Comunidad. Una fiesta ilegal en una nave industrial en Guardo (Palencia), otra en un local en Moraleja del Vino (Zamora) y una más en una nave situada a las afueras de la localidad de Santo Tomé de Zabarcos (Ávila), entre las cazadas por los agentes de la Benemérita y sancionadas. También hay quién opta por una casa para el festejo y tres descubiertas en diferentes puntos de la provincia de Ávila –Sotillo de la Adrada, Zapardiel de la Cañada y la propia capital– también han tenido castigo. Unos expedientes en la últimas semana que se suman a los ya tramitados desde el entrada en vigor de la medidas sanitarias que prohíben la celebración de este tipo de eventos sin autorización y que suman 120 personas, aunque hay más pendientes de resolución. Llamativo el caso de este verano, de una fiesta que reunió a cerca de un centenar de personas entre el 7 y el 9 de agosto en las inmediaciones de Vime de Sanabria (Zamora). Ya recibieron la notificación de su sanción: cerca de 400.000 euros, sólo 126.000 para el promotor y 3.001 para el resto de los 91 participantes. La falta de autorización, el superar el número máximo de personas permitidas en espacios privados –incluidos los domicilios–, no usar mascarillas y el negarse a suministrar información a los agentes de la autoridad son las infracciones más recurrentes. Hasta 600.000 euros Una vez que los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local ponen la denuncia, las actas llegan a la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que es la encargada de su instrucción. Aquí también se estudian y se decide si hay o no multa por saltarse otras restricciones como el toque de queda o la celebración de Cabalgatas de Reyes Magos la pasada Navidad, por las que la Junta sancionó a ocho ayuntamientos, incluidos los de León y Valladolid capital. Celebrar una fiesta o evento superando el número máximo de personas permitidas acarrea como mínimo una multa de 600 euros, que pueden llegar hasta los 600.000 si son más de 150 los participantes.
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