La referencia a la existencia de una caja B en el Partido Popular costó el Gobierno a Mariano Rajoy, moción de censura mediante, en 2018. Era sólo una mención que, como diría después el Tribunal Supremo, no venía del todo a cuento, introducida so pretexto de contextualizar la primera época de la trama Gürtel, pero no era objeto del procedimiento. Ahora sí. Este lunes arranca el juicio del que emanará el pronunciamiento formal sobre la existencia, o no, de un modus operandi repetido durante al menos veinte años por el que un partido de gobierno permitía la entrada y salida de dinero en efectivo para fines diversos y a espaldas, por descontado, de la Hacienda Pública. Y llega en un momento en que el único responsable vivo de aquellas presuntas finanzas alternativas, Luis Bárcenas, parece decidido a ajustar sus propias cuentas. La amenaza del tesorero Formalmente, el juicio se celebra por hechos muy concretos: el supuesto pago con fondos de la caja B de las reformas de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, un delito fiscal por las donaciones, y la compra y reventa de acciones en Libertad Digital con la misma hucha. Pero para llegar hasta ahí, hay que demostrar la existencia de la contabilidad alternativa, la misma que acabó en la prensa en el año 2013. Cuando parecía que la única presa que iba a cobrarse la trama Gürtel era Bárcenas, las hojas que habría estado rellenando a mano durante años con entradas y salidas de «cash» en el PP vieron la luz. En un primer paseo ante el juez, el extesorero comenzó a poner cada cifra en su contexto. En la siguiente cita renegó hasta de haber escrito los asientos, aunque las periciales le contradijeran. Con todo, sin su colaboración la investigación era más complicada: faltaba contexto, cuando no directamente indicios, para asociar cuantías a donantes y perceptores y, más importante aún, traducir esa generosidad en adjudicaciones de obra pública. Ahora, Bárcenas dice que había llegado a un pacto con el PP a través de «intermediarios» por el que firmó «la paz» con el partido. Su silencio, a cambio de impunidad para su mujer, que acabó condenada a 15 años de prisión precisamente, por los indicios en las anotaciones filtradas a la prensa. En noviembre ella ingresó en Alcalá Meco y el «nada que perder» de Bárcenas empezó a resonar. Tampoco tiene mucho que ganar. Con la ley en la mano, los beneficios penitenciarios los percibe el reo a golpe de propia conducta. Son para sí, no para un tercero. Esa meta, parece quedar así, al margen. El extesorero se siente engañado y cree que es hora de «poner las cosas en su sitio», dicen en su entorno, reticentes a hablar de venganza. La caja B El juez que investiga las donaciones al PP tiene ya el calendario en la mano para llamarle a declarar . Pero se celebra antes este juicio, al que llega habiendo puesto por escrito que los hechos que relatan la Fiscalía y el instructor en relación al juicio que arranca ahora son ciertos y está dispuesto a hablar de ellos. Según esa tesis, Bárcenas heredó en 2008 de su predecesor, el difunto Álvaro Lapuerta, más de un millón de euros en donaciones en B por las que el PP dejó de ingresar a Hacienda «al menos, 220.167,04 euros». Las entradas se hacían en efectivo y las salidas eran o fraccionadas a la cuenta oficial del partido o en «cash» para fines como apoyar campañas, a miembros víctimas de ETA o recompensar a dirigentes fuera de la nómina oficial. Bárcenas ahora pone nombre a las iniciales que recogía aquella contabilidad, pero al juicio llega acreditado indiciariamente el pago de 6.000 euros en dos entregas al exgerente Cristóbal Páez, acusado igualmente. La vista oral Y de la caja salieron también, de acuerdo a la acusación, 1.552.000 euros pagados a los responsables de la constructora Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, «al margen de la facturación y contabilización oficial» para la reforma de distintas plantas de la sede central del partido. Todo por gestión de Bárcenas y Páez, que se sentarán junto a ellos y a la trabajadora de la empresa Laura Montero en el banquillo de los acusados. El tribunal lo conformarán finalmente José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García, tras la recusación de Concepción Espejel, Enrique López y Ricardo de Prada. El extesorero tiene un horizonte mínimo de cinco años de cárcel, los que pide la Fiscalía Anticorrupción por falsedad, inducción y cooperación en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública, así como por apropiación indebida. Este último, por su connivencia en que Lapuerta se quedase los beneficios de unas acciones de Libertad Digital que, previamente, había adquirido con dinero de la caja. Mientras, para el exgerente Cristóbal Páez la petición es de 18 meses de cárcel y los constructores afrontan casi 4 años. Las acusaciones populares, como IU o Adade, reclaman también organización criminal. En cuanto al PP, las partes apuntan un delito fiscal por el impuesto de Sociedades de 2008 -2007 según la Abogacía-, pero la Fiscalía no lo ve. Acudirá como responsable civil subsidiario: pagó más de un millón de fianza y responderá de las multas que Páez y Bárcenas no asuman. El juicio se prolongará hasta mayo y por la Sala desfilarán entre otros testigos José María Aznar, Mariano Rajoy y los dos exsecretarios generales del partido, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal. Todos, con obligación de decir la verdad y todos, en la lista negra de Bárcenas. Ya les ha involucrado en la caja B por escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, de un modo u otro. Queda por ver si su relato se sostiene bajo la lupa del juez instructor y si se mantiene en la Sala frente al tribunal. Este es el primer asalto.De España https://ift.tt/3pZ6pw1
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