El País Vasco asume el próximo día 1 la competencia de Prisiones, pero lo va a hacer en una situación muy complicada al no haber llegado a un acuerdo en sus condiciones laborales con los que debían ser sus nuevos funcionarios, ahora dependientes de la Administración central, que en estos momentos están destinados en las cárceles de esa comunidad. Ante esta situación, muchos de ellos han pedido plaza en los centros que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acogiéndose al concurso general de traslados convocado recientemente. Ante esa situación los representantes de los trabajadores han aconsejado a sus afiliados que opten al concurso general de traslados convocado por Instituciones Penitenciarias, cuyo plazo de solicitudes finalizó el pasado miércoles. Las fuentes consultas aseguran que, según las informaciones de que disponen, se ha producido una petición masiva de traslados. «Lo hemos aconsejado –explican desde CSIF Prisiones– porque en el caso de que al final no haya un acuerdo con el Gobierno vasco los funcionarios pueden optar por salir de esa Comunidad, lo que sería imposible si no hubieran hecho esa petición. Por el contrario, si hay entendimiento simplemente tendrían que renunciar a la plaza, y no perjudicarían a nadie porque ocuparía el puesto el siguiente de la lista». La petición de traslado no implica que se vaya a conceder de inmediato, salvo que el que opte a ella sea el primero de la lista. Es decir; si un funcionario del País Vasco gana plaza en una prisión gallega, sí podría incorporarse a ella de forma inmediata. En caso contrario, deberá a esperar a que su traslado no afecte al funcionamiento normal del centro penitenciario en el que presta servicio ahora. Asi será hasta que la Administración autonómica esté en condiciones de prestar este servicio esencial con sus propios funcionarios. Los trabajadores actuales, por tanto, quedarían ‘presos’ en las cárceles en las que están destinados en estos momentos, aunque obviamente una situación así elevaría la tensión laboral en las prisiones, unas instalaciones muy delicadas de gestionar por su naturaleza. Como se ha señalado, la Administración vasca ha mantenido ya reuniones con los sindicatos, pero no se ha llegado a acuerdos. El gran escollo es la regulación de la jornada laboral. El Gobierno vasco, al menos a medio plazo, quiere eliminar la posibilidad de que se puedan cumplir las 37,5 horas que marca el convenio actual en solo tres días, para luego poder librar 6 seguidos. Este horario especial es muy apreciado por los más de 700 funcionarios de prisiones destinados en el País Vasco, ya que la mayor parte de ellos son asturianos, cántabros, gallegos y castellano-leoneses. Con la jornada laboral concentrada pueden ir al País Vasco solo a trabajar y mantener su residencia en su lugar de origen. Además, tienen otras condiciones beneficiosas, como son mayor sueldo por ‘especial penosidad’ –fue concedida en los años en los que ETA sembraba de muerte esa comunidad–, facilidades para la pernoctación en pabellones y casi un mes más de vacaciones. Todo ello hacía, además, que la plantilla en los centros penitenciarios vascos fueran muy estables. Dos años de transición El Gobierno vasco quiere que sus funcionarios vivan en su territorio, y además ve algunos complementos del salario difícilmente asimilables en su administración. Por eso, solo garantiza su mantenimiento durante un periodo transitorio de dos años. Las fuentes consultadas también ven un trasfondo político en esta postura. Dos años es precisamente el tiempo que se calcula que tardarán las autoridades de esa comunidad en formar a sus nuevos funcionarios, nativos y que dominen el euskera. Se les inculcarán, además, las ideas que en esta materia tiene el Gobierno vasco, con especial atención a la ‘reinserción social’ de todos los presos; incluidos, en lugar destacado, los etarras. De paso, se quiere acabar con la imagen de ‘carceleros’ y ‘torturadores’ que algunos han difundido muchos años de los funcionarios de Prisiones.De España https://ift.tt/3im62Kz
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