Al Gobierno de Pedro Sánchez se le complica cada vez más la investigación penal por la entrada clandestina en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. El juez zaragozano que instruye las diligencias, Rafael Lasala, se ha interesado por los dispositivos policiales que se desplegaron al más alto nivel para dar cobertura a Gali nada más aterrizar en suelo español, el pasado 18 de abril. Según ha podido saber ABC, ya se ha confirmado en sede judicial que se activó un operativo especial de vigilancia y seguridad para proteger a Gali en su ingreso furtivo en el hospital San Pedro de Logroño, centro público que depende del Gobierno regional de la socialista Concha Andreu. La existencia de ese dispositivo hace que el caso salpique de lleno al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska. Ese despliegue realizado por agentes de Interior ha sido desvelado ante el juez Lasala por el imputado Camilo Villarino, que se encargó de coordinar esa entrada encubierta de Gali en España. Lo hizo desde el puesto que ocupaba en ese momento, el de director de gabinete de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que también ha sido imputada y que como tal tendrá que declarar próximamente ante el juez Lasala. Camilo Villarino, que es diplomático de carrera, ya declaró como imputado el pasado 13 de septiembre. ABC ha tenido acceso al contenido del interrogatorio que realizó ante el magistrado y en él afloran datos clave que implican de lleno al Ministerio del Interior. El ex jefe de gabinete de Exteriores se negó a responder las preguntas de los abogados que ejercen la acusación popular, pero sí aceptó contestar las del juez y el fiscal. Y ambos incidieron precisamente en este aspecto, el de la seguridad que rodeó a la entrada furtiva del líder del Polisario. «Cuando entró este señor (Gali), ¿ustedes le hicieron algún tipo de seguimiento o control?», inquirió el fiscal. Y Villarino respondió: «Creo que esa ambulancia tuvo algún tipo de seguimiento policial, pero no lo sé. Lo que sí sé es que en el hospital de Logroño había vigilancia de personal del Ministerio del Interior». Y desveló todavía más detalles de calado, que evidencian que ese dispositivo se dispuso al más alto nivel, porque él no sabía del mismo, pero sí su entonces ministra de Exteriores. El juez tomará declaración a las directoras de gabinete del ministro del Interior y de la exvicepresidenta Carmen Calvo Este hecho es importante, porque González Laya le había encomendado a Villarino la coordinación de la entrada y traslado del líder del Polisario desde la Base Aérea (militar) de Zaragoza hasta su ingreso en el hospital de Logroño. Y así lo hizo, para lo que dio instrucciones al Estado Mayor del Aire y a la Presidencia de La Rioja. Sin embargo, del dispositivo policial Villarino se enteró a posteriori, y por boca de su entonces jefa Laya. Se lo contó la ministra En ese interrogatorio del pasado 13 de septiembre, el ex jefe de gabinete de Exteriores fue preguntado varias veces por el fiscal sobre la seguridad que rodeó al líder del Polisario. Y ante las respuestas que iba dando, el juez quiso ahondar más y se interesó por cómo se había enterado Villarino de ese operativo de Interior. «Eso me consta porque me informó la ministra al día siguiente, porque le pregunté». Es decir, se enteró el lunes 19 de abril de un dispositivo que se había desplegado la víspera, cuando había llegado Gali a España y había ingresado en el hospital de Logroño. Un ingreso hospitalario que, además, se formalizó con documentación falsa. Gali fue registrado de forma encubierta, con otra identidad. Los datos aportados por Camilo Villarino revelan, por tanto, que en esa entrada clandestina de Gali concurrió también un dispositivo especial de vigilancia prestado por agentes de Interior. Lo que hace pensar, por pura lógica, que se tuvo que planear con cierta antelación. Más citaciones judiciales Se ha abierto así una línea añadida de investigación. Queda por determinar cómo se ordenó ese operativo, de quién partió la orden. Y, por tanto, en qué medida tuvo responsabilidad, participación o conocimiento el ministro Fernando Grande-Marlaska. De momento, quien va a tener que explicarse ante el juez es la directora de gabinete del ministro, Susana Crisóstomo. ‘El Periódico de Aragón’ filtró ayer que el juez Lasala ha decidido llamar a declarar a Crisóstomo para el próximo 18 de octubre. Para el mismo día ha sido citada también la que fue directora de gabinete de Carmen Calvo en la Vicepresidencia del Gobierno, María Isabel Valldecabres. El juez atiende de esta forma lo solicitado por los abogados de las acusaciones, que también habían pedido que se tomara declaración a la exvicepresidenta Carmen Calvo. Pero ésta no tendrá lugar, al menos de momento. El juez prefiere ir paso a paso y escuchar en primer lugar a Valldecabres, que actualmente está al frente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El caso salpica a Carmen Calvo porque también se había interesado por ese plan para introducir furtivamente a Gali en España. Lo que está por ver es si la vicepresidenta participó o no en la decisión, por acción o por omisión. Villarino ya ha confirmado que algo sabía desde días antes de que se consumara la incursión del líder del Frente Polisario. La entrada se produjo el 18 de abril. Pero, según la declaración de Villarino a la que ha tenido acceso ABC, la jefa de gabinete de Carmen Calvo le llamó el día 16 por la noche para preguntarle qué sabía respecto a la posible acogida de Brahim Gali. En ese momento, según Villarino, él aún no tenía ni idea al respecto. Pero, a tenor de lo que él mismo confiesa ante el juez, esa llamada de la vicepresidencia evidencia que había un ‘runrún’, según el término utilizado textualmente por Camilo Villarino ante el magistrado Lasala. El ‘runrún’ era al más alto nivel, en el Gobierno. Esa revelación pone de manifiesto que hacía días que se estaba sopesando la operación en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Informes de fronteras Por otra parte, el juez de Zaragoza también ha reclamado al Ministerio del Interior que informe oficialmente si en la red europea de seguridad de fronteras, el conocido espacio Schengen, constaba alguna orden de «detención o de mera localización» sobre Gali, cursada por las autoridades de cualquiera de los países miembros. Y que informe, igualmente, si cuando se produjo esa entrada clandestina de Gali en España, el 18 de abril, figuraba en esa base europea de seguridad y fronteras «cualquier tipo de alerta sobre la entrada en cualquier país de la zona Schengen». En España sí había abiertas dos causas de investigación sobre Gali en la Audiencia Nacional. Aunque no había órdenes de detención, en el marco de esas diligencias sí hacía años que se llevaba intentando localizar y contactar con Brahim Gali, asentado en Argelia. Desde allí llegó el 18 de abril a España, en estado muy grave por Covid. Fue trasladado en un avión de la Presidencia argelina. Fue introducido en España de forma furtiva. Se ordenó que no fuera sometido a los controles de pasaportes e identificación. Al salir de España el 2 de junio, él mismo reconoció que iba indocumentado. Tampoco fue sometido a controles de frontera. Brahim GaliClaves de la investigación ¿Se ordenó introducir clandestinamente a Gali? El general José Luis Ortiz-Cañavate, que estaba al mando de la Base Aérea de Zaragoza, desveló al juez que les ordenaron no someter a Gali al control de pasaportes y aduanas: «No se siguió el procedimiento habitual debido a la orden recibida del Estado Mayor del Ejército del Aire». ¿Quién dio la orden a la Base de Zaragoza? La cursó el segundo jefe del Estado Mayor del Aire, teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, que siguió indicaciones de su primer jefe, el general Javier Salto. ¿Participó o lo supo la ministra de Defensa? Es una de las incógnitas a despejar. Si Margarita Robles no participó por acción u omisión, significaría que su cúpula del Ejército del Aire actuó a sus espaldas. El teniente general que cursó la orden fue promocionado después por el Gobierno: lo nombró representante militar de España ante la OTAN y UE. ¿Quién coordinó la entrada furtiva de Gali? El dispositivo lo coordinó Camilo Villarino, que era el jefe de gabinete de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Ambos están imputados. ¿Quién lo decidió en el Gobierno? Hace escasos días, durante un viaje oficial a NuevaYork, Pedro Sánchez admitió la responsabilidad del Ejecutivo: «El Gobierno de España hizo lo que debía». Pero toca individualizar quién y cómo tomó la decisión y la ejecutó. El propio Villarino dejó claro ante el juez que a él le dio la orden González Laya, pero que la decisión no la tomó ella por su cuenta. Es decir, hubo implicaciones más elevadas. ¿Brahim Gali entró indocumentado? Sí, según dijo el propio Gali a los policías de Extranjería que lo despidieron en el aeropuerto de Pamplona, el 2 de junio. Ni pasaporte diplomático –como sostienen el Gobierno y el imputado Villarino–, ni pasaporte ordinario, ni DNI..., nada. Así consta en un informe policial recabado por el juez. ¿Usó documentación falsa? Sí, al menos así consta en el registro de ingresos del hospital de Logroño. Se utilizó un documento con identidad falsa, como Mohamed Benbatouche. Es el único documento de identificación que consta en esa entrada, estancia y salida de Gali en España, porque la operación urdida por el Gobierno dispuso que no fuera sometido a controles fronterizos de pasaportes. La acusación ha advertido que es delito inscribirse en un establecimiento público con un documento de identidad falso. ¿Disfruta de DNI? Sí, pero no de pasaporte español, necesario para nacionales en viajes a países no pertenecientes al espacio europeo de Schengen. Gali viaja sistemáticamente con pasaportes argelinos. Ante el juez que investiga el caso, Villarino exhibió un pasaporte a nombre de Gali que no concuerda con su filiación oficial en España. Nació en 1948 en el antiguo Sáhara español. En 2004 se le concedió la nacionalidad española en Valencia y en 2006 se le expidió el DNI, que renovó en 2016 en Talavera de la Reina (Toledo). ¿Qué delitos se investigan? El juez Rafael Lasala investiga la entrada clandestina de Gali en España por posibles delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento. Este último, según las acusaciones, porque Gali entró furtivamente en España estando incurso en causas penales abiertas en la Audiencia Nacional.De España https://ift.tt/2ZnBmSg
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