El ‘insumiso’ alcalde de Batres, Víctor Manuel López Rodríguez, mantiene la suspensión de pagos de la factura de la luz municipal que anunció a principios de esta semana, a pesar de que el Ayuntamiento está adherido a un acuerdo según el cual la subida de precios en el suministro no afecta a la facturación. En las condiciones del texto se recoge, además, que la tarifa mensual es «al menos tres veces menor que el precio al que cotiza hoy el mercado de la electricidad» y que no está sujeta a la «volatilidad diaria». «La gente no puede pagar, aunque los Consistorios, las empresas y las grandes multinacionales sí puedan. Es verdad que el aumento en la factura de la luz a nosotros no nos afecta, pero no pagaremos como forma de presión y solidaridad con los afectados y en defensa de los vecinos», indica el regidor en conversaciones con este diario, y manifiesta que el presupuesto municipal para el suministro eléctrico es de unos 100.000 euros en una localidad de 1.750 habitantes. Batres firmó un acuerdo marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) mediante el que la subida de precios de la energía no se ve reflejada en sus cuentas, pero López Rodríguez afirma que hasta ayer lo desconocía. «El acuerdo fue adjudicado a Iberdrola el 13 de marzo de 2020, fecha en la que yo no era regidor», se justifica el líder de Agrupación de Batres. «Esta información no me la han trasladado hasta este jueves los técnicos municipales. La subida del precio no afectará en los próximos meses a la facturación. Ruego disculpen mi falta de conocimiento», continúa. En un comunicado, se excusa diciendo que ostenta el bastón de mando desde el 6 de octubre de 2020. «Son muchas las vicisitudes a las que me he enfrentado en los últimos nueve meses como alcalde», dice, para añadir que se ratifica en el ataque a las eléctricas por «los perjuicios que la continuada especulación de precios de las empresas están causando a la sociedad y, en especial, a las economías más humildes». Por su parte, Iberdrola se muestra «sorprendida» ante la decisión del alcalde y da a conocer que el Consistorio acumula una deuda previa por impago sin que se le haya cortado el suministro. «El Ayuntamiento de Batres mantiene una deuda con la compañía eléctrica de años anteriores, con un saldo actual de 50.000 euros, sin que por ello se haya visto interrumpido su servicio», añaden. López Rodríguez también reconoce el impago, pero sostiene que hará frente a la cuantía. «Su tarifa eléctrica no está sujeta a la volatilidad diaria y su precio es tres veces menor que el que cotiza el mercado hoy», aseveran fuentes de la compañía. Recuerdan que las condiciones firmadas con la FEMP permiten a más de 8.100 municipios españoles licitar los contratos de electricidad a través del acuerdo marco «con un precio fijo». Pero el regidor mantiene sus argumentos. El pasado martes, arguyó que el «permanente abuso» por parte de las empresas «está produciendo un perjuicio insólito en las economías domésticas, en los costos empresariales y en el gasto de todas las administraciones para el suministro de instalaciones y alumbrado público». Inacción y tribunales En una nota de prensa cargó contra «la inacción» del Gobierno de Pedro Sánchez y el «poder de las multinacionales». «Es evidente que la ciudadanía poco está pudiendo hacer ante tan descomunal abuso. Si todos dejasen de pagar, la presión sería total, pero si solo lo hicieran unos pocos acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro. No ocurre lo mismo con las Administraciones Públicas», subrayó, poniendo de manifiesto que cuando estas no pagan «las eléctricas han de acudir a los tribunales para que se obligue mediante sentencia, sin que se pueda cortar la luz de colegios, iluminación de calles...». «Este alcalde va a suspender los pagos, priorizando otros para garantizar los servicios públicos. Insto a todos los responsables de administraciones públicas a que tomen medidas para presionar a estas empresas para detener este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario», concluyó. Dos días más tarde, dice a ABC que la rebeldía durará al menos hasta final de año, en función «de la evolución de los precios» y que si Iberdrola decide llevarlo a los tribunales se defenderá: «Estoy aquí para representar los intereses municipales. Argumentaré con mis servicios jurídicos lo que he hecho y por qué. Si el juez considera que estoy cometiendo algún delito asumiré la pena o presentaré mi dimisión, si así me lo piden los vecinos». Respecto a los moradores, asegura que «la gran mayoría» lo están apoyando. «Me llegan cartas y correos electrónicos de personas de fuera de Batres que me dan ánimos», cuenta el regidor, que ha puesto todas las miradas sobre él por su desacato a los precios del mercado.De España https://ift.tt/3tcjaGj
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