Bolaños fulmina toda esperanza de acuerdo para renovar el CGPJ

Si la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parecía ya difícil, por el enrocamiento de PSOE y PP en torno al sistema de elección de sus vocales, las palabras que pronunció ayer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista radiofónica supone n entrar directamente en un callejón sin salida. Y ello porque, aunque es cierto que las posiciones de las dos formaciones que tienen que pactar necesariamente la renovación del órgano de gobierno de los jueces llevan meses definidas, la tajante negativa a despolitizar el Consejo viene precisamente de la mano de la persona a la que se ha encomendado la tarea de llegar a un acuerdo con el PP: el propio Bolaños. El ministro rechazó ayer de forma tajante un cambio legislativo para que los jueces puedan elegir a sus doce representantes en el CGPJ –compuesto por veinte miembros–, algo que piden el Partido Popular, Ciudadanos, tres de las cuatro asociaciones judiciales e incluso Bruselas. A juicio de Bolaños esta propuesta no tiene cabida porque, en un Estado de Derecho y en una «democracia plena» como la española, «ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos». «A todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos derivan del voto libre de los 47 millones de ciudadanos», dijo el ministro, para quien no hay «otra vía» para la renovación que no sea el acuerdo entre el PSOE y el principal partido de la oposición. Sus palabras han encendido a los partidarios de la despolitización del CGPJ y a buena parte de la carrera judicial, que achacan al ministro desconocer el funcionamiento del Estado de Derecho y sus instituciones y de la separación de poderes. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, apuntó en un tuit que Bolaños «debería ser cesado por su ataque a la democracia y al Estado de Derecho», así como a «la independencia judicial, la Constitución y la Unión Europea». «Un totalitarismo inadmisible», dijo. De igual forma, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, respondía al ministro que «lo que no puede ser es que PSOE, PP y nacionalistas sigan repartiéndose el CGPJ, como llevan haciendo 35 años». «Cumplan con la Constitución, Europa y el sentido común y permitan la despolitización de la Justicia». El día anterior, el portavoz de Justicia de Cs, Edmundo Bal, ya tuvo la oportunidad de hacer estas consideraciones a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop , durante una primera toma de contacto que la sustituta de Juan Carlos Campo mantuvo con los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Llop había centrado el encuentro con diputados y senadores casi de forma monográfica en la renovación del CGPJ como parte de la ofensiva que PSOE, Gobierno e izquierda judicial han puesto en marcha coincidiendo con el inicio del curso político y los mil días del actual Consejo en funciones. Manipulación De hecho, nada más responder Casado a Bolaños ayer, el PSOEsalió en tromba contra el líder de los populares acusándole de utilizar las redes sociales «para manipular las palabras del ministro, algo que es indignante del líder del primer partido de la oposición». Los socialistas defienden el actual sistema de elección de vocales –tanto los doce vocales de procedencia judicial como los juristas son elegidos por el Parlamento– al considerar que es el «más democrático» y consideran que la prioridad ahora es la renovación y cumplir el mandato constitucional con la ley vigente. Sin embargo, desde la Comisión Europea y el Consejo de Europa se ha emplazado en diversas ocasiones a España para que la elección del órgano de gobierno de los jueces respete los estándares de independencia judicial, de forma que al menos la mitad del órgano sea elegido por los propios jueces. Esa premisa podría cumplirse fácilmente si se dejara en manos de la carrera judicial la elección de sus doce representantes de forma que los otros sigan siendo nombrados por el Parlamento. El Gobierno la rechaza. Las mismas asociaciones judiciales que han recurrido a Europa en representación de 2.600 togados (todas, menos Jueces y Juezas para la Democracia)no ocultaron ayer su estupor ante el argumento de Bolaños de que en una «democracia real» los jueces no pueden elegir a los jueces, algo que, por cierto, sí se produjo durante el primera mandato del Consejo General del Poder Judicial, en 1980, con la Constitución aprobada dos años antes. Para el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, «las palabras del ministro suponen tanto como afirmar que Francia, Italia o Portugal no son democracias reales», señaló en declaraciones a ABC. «Agotaremos todas las vías a nuestro alcance para lograr que se atiendan las recomendaciones de la UE y se reforme la ley», dice. En declaraciones a ABC Almenar recuerda a Bolaños que «una democracia plena se basa en la existencia de un Estado de Derecho que garantice los derechos y libertades de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y la sujeción de todos, empezando por los poderes públicos, a la Constitución y a la ley. Y uno de los presupuestos esenciales del Estado de Derecho es precisamente la separación de poderes como garantía de la independencia judicial». Insiste en que la UE ha reiterado la necesidad de que los políticos no interfieran en el nombramiento de cargos judiciales «para evitar que el Estado de Derecho se perciba como vulnerable». Grave y alarmante Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, su portavoz nacional, Jorge Fernández, considera «sorprendente y lamentable que el ministro de un Estado miembro de la UE diga públicamente que las propias instituciones europeas llevan ocho años pidiendo a ese mismo país que haga algo que no es plenamente democrático, lo cual es de una gravedad alarmante». Fernández Vaquero culpa tanto al PSOE como al PP de haber provocado que «durante casi cuatro décadas España tenga el CGPJ más partidista y politizado de

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