Camps recurre su procesamiento por los contratos con la Gürtel

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha interpuesto un recurso de casación contra su procesamiento por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración en una pieza separada del caso Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata comunicó la decisión a principios de este mes después de volver a tomar declaración a los cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez-, al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa como testigo y a las dos extrabajadoras de Orange Market Isabel Jordán y Mónica Magariños. La pieza, que investiga el amaño de contratos menores a las empresas de la Gürtel, se reabrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción para determinar el grado de participación de Camps en unos hechos que tuvieron lugar entre 2004 y 2009. En el recurso, la defensa del exjefe del Consell critica la actuación del juez y del fiscal, además de negar todas las acusaciones vertidas contra él. En este sentido, censura la «indefensión manifiesta» que considera que sufre y el «lamentable y falaz» contenido del auto de procesamiento. Sobre las afirmaciones de Isabel Jordán, que llegó a asegurar que Campa matenía una estrecha amistad con «El Bigotes», señala que se trata de una «ignorancia deliberada» y que ella dejó de formar parte del grupo Correa en 2007. «La Sra. Jordán no es perito, ni miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, a pesar de que aporta un escrito que mucho se parece al informe de un detective privado», indica en el recurso. Sin indicios de criminalidad La defensa de Camps incide en que no existen indicios racionales de criminalidad como así lo considera el juez y que la vinculación del expresidente de la Generalitat con la financiación ilegal del PP se encuentra «cerrada jurídicamente» tras investigarse durante diez años en varias causas. Expresa, del mismo modo, que no se ha cumplido con el principio de presunción de inocencia al no poder alegar contra las acusaciones y que el caso tiene un evidente sesgo político-mediático al haber estado impulsado por el PSOE. «Carece del sentido de la imparcialidad debida que la instrucción recaiga, sin la debida abstención, a un magistrado que fuera el más alto cargo público-político del Gobierno de España nombrado por el ministro del PSOE, organización que además ejerce acusación en esta causa», apunta. En el recurso, Camps insiste en que no le unía ninguna amistad con Álvaro Pérez y que no intervino en la adjudicación de contratos con la Gürtel, incluyendo el del stand de Fitur.

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