El Gobierno cerró ayer el acuerdo con ERC para los Presupuestos Generales del Estado con el acuerdo definitivo para la ley Audiovisual. Los independentistas vincularon desde el principio su apoyo a las cuentas públicas a la norma que regula la actividad de televisiones, productoras y plataformas en España y, sobre todo, a las cuotas e imposiciones lingüísticas incluidas en la misma, y finalmente, han logrado su objetivo y retirado las enmiendas que aún mantenían como elemento de presión. Por ello, el 21 de diciembre los Presupuestos quedarán definitivamente aprobados justo antes de Navidad en el Senado, sin necesidad de que vuelvan al Congreso para ratificarse. Pese a todo, en el acuerdo se descarta finalmente la propuesta de máximos de ERC de obligar a una cuota lingüística a las plataformas internacionales. Para las plataformas con sede en España existirán obligaciones de catálogo, es decir, tener un porcentaje determinado que se ofrece de producción con lengua cooficial, el ya pactado 6% para lenguas cooficiales. «El 6% del catálogo mundial será en catalán. Se añaden cuotas del catalán allí donde hasta ahora solo había cuotas de castellano. Si la política de ley es atraer plataformas al Estado, cuando vengan tendrán que cumplir cuotas. Plataformas como Movistar o Atresmedia tendrán que garantizar que un 6% de su catálogo sea en catalán», plantea el texto de los republicanos conocido ayer. Es un punto en el que se constata la imposibilidad de obligar a las plataformas internacionales a tener ese 6% de catálogo en catalán. Este fue el escollo que provocó el conflicto. Y para superarlo, se han buscado soluciones para fomentar la produccción, el doblaje y el subtitulado en catalán mediante un esquema de fondos públicos. Socialistas y republicanos han consensuado medidas específicas que sí serán aplicables a todas las plataformas. Se obligará a incluir en el catálogo de cada plataforma todos aquellos doblajes y subtítulos en catalán ya existentes, fruto en muchas ocasiones de las subvenciones que ya funcionan. Unas ayudas públicas que se amplían además mediante la creación de un nuevo fondo para incentivar tanto doblajes como subtítulos en las lenguas cooficiales de las distintas comunidades autónomas, incluida Cataluña. «Quince millones» En un comunicado, ERC glosaba el acuerdo hablando de cifras millonarias para el fomento del catalán en las producciones audiovisuales o cinematográficas de mayor éxito: «Cada año se destinarán un mínimo de quince millones de euros a la producción en catalán, como en el resto de lenguas oficiales, que significa un 15% del 70% de la producción total que el Estado exige a todas las plataformas (incluida Netflix) a través del artículo 117 [de la ley audiovisual]. Esto implicaría poder tener producciones como Merlí, Polseres Vermelles o Pa negre cada año» señalaban, citando algunos de los éxitos de taquilla y espectadores rodados en catalán. Poco después de esa nota, el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, se apresuraba a convocar una rueda de prensa en la que evitaba dar cifras concretas, como sí hacía el texto de ERC, y se limitaba a señalar los porcentajes lingüísticos de la nueva norma. Gómez, además, afirmaba que se había logrado el punto de equilibrio entre el fomento de las lenguas cooficiales en los contenidos audiovisuales y la trasposición de la directiva europea sobre el particular, que fue objeto de distintas interpretaciones entre el Gobierno y sus socios. ERC defendía que la norma concernía a las plataformas internacionales, aunque no tuvieran sede en España, mientras que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sostuvo que no era así y que por lo tanto no se le podían imponer cuotas lingüísticas. Desde el primer partido de la oposición, Teodoro García Egea criticaba el acuerdo entre socialistas y separatistas aludiendo al caso del menor acosado en Canet de Mar por pedir el 25% de clases en castellano . El secretario general del PP denunciaba con sarcasmo que «con este acuerdo de Presupuestos entre el Gobierno y ERC hemos constatado que muchos ciudadanos van a poder ver ‘La casa de papel’ en catalán, pero muchos niños no van a poder estudiar en castellano en el colegio. Ese es el resumen de la negociación de los Presupuestos y de las prioridades del Gobierno» concluía el número dos de Pablo Casado. Otros acuerdos con ERC Además, y en paralelo, ERC destaca otros acuerdos con el Gobierno que servirán para encarrilar la fase final de tramitación de los Presupuestos. En este sentido destaca la posibilidad de que los Mossos d’Esquadra se jubilen anticipadamente a los 60 años. El Estado se hará cargo del coste íntegro de la sobrecotización de esta jubilación anticipada. Esta medida entrará en vigor antes de acabar el primer trimestre de 2021. Y se ratificará en la próxima reunión de la mesa bilateral, que se proyecta para comienzos de año. ERC presume además de otros aspectos que forman parte de un acuerdo global con el Ejecutivo para justificar y garantizar su apoyo a las cuentas públicas. Algunos ya conocidos hace varias semanas. En materia de pensiones se hará una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social, así como una mejora de las condiciones de los pensionistas con menor poder adquisitivo y de aquellos con largas carreras de cotización. Aquellos pensionistas que, habiendo cotizado cuarenta años, se hayan visto forzados a avanzar su jubilación y cobren menos de 900 euros al mes, recibirán un complemento a su pensión. Sobre memoria democrática, los republicanos consiguen suprimir la partida consignada para las reformas de mejora de las instalaciones de la Jefatura de Vía Laietana. No obstante, queda lejos el objetivo de máximos, que Gabriel Rufián aspira a lograr en esta legislatura, de reconvertir la comisaría de Barcelona en un centro memoria de las víctimas de la dictadura. En materia de infraestructuras se transferirá la gestión a la Generalitat de la B23 y la B30, y se darán 1,6 millones de euros para compensar la eliminación de peajes en la AP7 y la AP2. Además, se invertirán hasta 5,7 millones de euros para mejoras en sostenibilidad de vías de tráfico y carriles BUS-VAO. Se iniciarán igualmente los trámites para iniciar el traspaso de cercanías a la Generalitat. También se transferirán 10 millones de euros a la Generalitat para comprar viviendas de la Sareb y destinarlos a vivienda social. Después de todos estos acuerdos, y fundamentalmente del audiovisual, el Ejecutivo cierra por segundo año consecutivo los Presupuestos con el sí de ERC. Los independentistas catalanes comenzaron absteniéndose para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020 hasta que ahora, dos años después, han pasado a mantener un apoyo más activo al Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Antes de cerrar el acuerdo presupuestario con las cuotas de la ley Audiovisual, ERC utilizaba la sesión de control al Gobierno para advertir al Ejecutivo de que su siguiente exigencia será que se derogue la reforma laboral con el consenso de los socios gubernamentales. En su pregunta a Yolanda Díaz, el diputado independentista Jordi Salvador le espetaba que «llega la hora de la verdad». Díaz le pedía respetar la «discreción» de la negociación con los agentes sociales y se comprometía a modificar la negociación colectiva.De España https://ift.tt/3oZ7HJr
0 comentarios:
Publicar un comentario