La revelación por parte del diario 'The New York Times' de que en 2019 un consejero del expresidente catalán Carles Puigdemont viajó a Moscú para tratar de garantizar la ayuda de Rusia en la separación de Cataluña del resto de España ha logrado la atención debida porque la información emana de un informe de la inteligencia europea, elaborado además en junio de 2020. Es decir, esto significa primero que la inteligencia europea —se entiende que el Centro de Inteligencia y de Situación de la Unión Europea o un servicio similar— sigue de cerca la deriva internacional de los mandamases del procés hacia un régimen iliberal y autocrático, y segundo, que estos líderes han seguido empeñados en seguir esa vía aun después de las múltiples informaciones publicadas en ese diario y otros sobre esos descarados ofrecimientos a Rusia. Pero lo importante de esta cuestión, sin embargo, ya no es si Puigdemont y los suyos de verdad pensaron que Rusia les ayudaría en su ofensiva independentista y buscaron vías de contacto. De eso ya no cabe duda. Documentadas están las visitas de varios emisarios, incluido el empresario Oriol Soler, a Moscú. Lo urgente ahora es aclarar quiénes y cómo deben pagar por lo que a todas luces parece la invitación a un régimen adversario de Europa y de la Alianza Atlántica a que ayude a romper el marco constitucional español consumando la ruptura de España, hecho todo esto al parecer mediante la malversación de fondos públicos, pues los independentistas han estado y están en el poder. El hecho de que, obviamente, los emisarios independentistas no consiguieran su objetivo no les exime de haber vulnerado la ley, desde luego. Pero para que paguen, se debe confirmar antes el delito. Y para eso, lo realmente importante y valioso hasta ahora ha sido la labor no de la inteligencia europea, sino de la justicia española. Gracias a la labor de la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en este caso, el juez instructor Joaquín Aguirre investiga los intentos por parte del entorno de Puigdemont de estrechar lazos con dirigentes rusos por medio de empresarios y buscadores varios que actuaron de intermediarios. Fueron detenidas hace un año 21 personas, incluido el protagonista de la nota del 'Times', Josep Lluís Alay, acusado de malversación por desvío de fondos. Tras los viajes de Alay a Moscú en 2019 que ahora revela el 'Times', surgió el famoso Tsunami Democràtic, esa técnica de protesta masiva que hasta interrumpió la actividad en el aeropuerto de Barcelona y cortó la autovía que une Cataluña y el resto de Europa al norte. Lo importante ahora es que al juez Aguirre se le permita seguir haciendo su labor. Y que la Guardia Civil pueda seguir analizando el material que se incautó durante los registros de ese caso. Y eso no es fácil. Aguirre es el juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, y ha sido objeto de todo tipo de ataques e insultos por, simplemente, hacer su trabajo, que es investigar. Más grave aun, los independentistas, tan enemigos al parecer de España como de la independencia judicial, llevaban largo tiempo persiguiendo al teniente coronel Daniel Baena, que fue jefe de la policía judicial en Cataluña, y por lo tanto principal responsable de las investigaciones judiciales más importantes relacionadas con el procés, incluidas las conexiones con Rusia. Gracias a la labor de Baena y el equipo que comandaba, el juez Aguirre dispone de un impresionante archivo de pruebas del que solo conoce la opinión pública una parte mínima. Por decirlo claro, del iceberg se ve solo una punta. En mayo, Baena fue trasladado a número dos de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. Hay quien lo ve como un ascenso y quien cree que así fue apartado de las labores judiciales. Lo cierto es que su papel al frente de la policía judicial en los cruciales meses posteriores al referendo son lo que le permite a la inteligencia europea, y a la del resto del mundo, saber lo que hoy sabe.De España https://ift.tt/3kZ74N4
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