Frente al unilateralismo con el que se actuó en marzo, que provocó la indignación de los presidentes autonómicos y de los partidos de la oposición, el presidente del Gobierno ha decidido confrontar sus decisiones con terceros ante el agravamiento de esta segunda ola de coronavirus en España. Pedro Sánchez no solo telefoneó el sábado a Pablo Casado, como informó ayer, sino que en los últimos días ha estado en contacto con los líderes de otras fuerzas parlamentarias, como Ciudadanos y los nacionalistas vascos y catalanes, que son los que le garantizarán aprobar el decreto de prórroga en el Congreso, en el caso de que el PP la rechace. Cs, ERC y PNV El Ejecutivo ya tiene confirmado el sí de Inés Arrimadas al nuevo estado de alarma. La propia líder de Ciudadanos se lo solicitó el viernes al presidente telefónicamente. Además, Sánchez espera seguir contando con el sostén del PNV, que le aprobó todas las prórrogas en primavera, así como la colaboración de ERC, que en junio se abstuvo. Fuentes nacionalistas informaron a ABC de que los contactos con La Moncloa, tanto con el presidente Sánchez como con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se han sucedido durante todo el fin de semana. Ninguno de estos partidos se pronunció anoche sobre la intención de Sánchez de prolongar un estado de alarma hasta el 9 de mayo. En este momento, añaden, están estudiando con detenimiento el contenido del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado y aunque señalan la «complejidad jurídica» del documento, se muestran satisfechos por que, a priori, se «ajusta» a su demanda de que sean las comunidades autónomas las que asuman el mando de la gestión. El lendakari vasco, Iñigo Urkullu, desató el viernes una reacción en cascada de varios presidentes autonómicos siendo el primero en reclamar la activación del mecanismo excepcional para dotar de seguridad jurídica sus medidas contra el coronavirus. También el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, solicitó la declaración del estado de alarma para poder aumentar las restricciones de movilidad, incluido el toque de queda nocturno. La condición de ERC, al igual que el PNV, es que sean las comunidades las que ejerzan el «mando único», una demanda que Pedro Sánchez ha aceptado.
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