El Gobierno independentista de la comunidad autónoma catalana vuelve a las andadas. Después del frustrado intento de secesión del otoño del 2017, la Generalitat ha reactivado la maquinaria para verter propaganda separatista en el extranjero. El objetivo: denostar la imagen de España a medio plazo para facilitar sus fines rupturistas. Y el Ejecutivo central, de momento, no ve motivos para intervenir. La última «dejación de funciones», denuncia Ciudadanos (Cs), la ha cometido el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al permitir que las mal llamadas «embajadas» catalanas denigren al Tribunal Supremo por orden directa del Departamento de Acción Exterior catalán. La excusa, esta vez, es la inhabilitación del expresidente autonómico Quim Torra por un reiterado -y reconocido- delito de desobediencia. El «conseller» Bernat Solé dictó a las delegaciones exteriores de la Generalitat de Cataluña «la obligación de denunciar» la condena al exjefe del Ejecutivo regional. Así, las «embajadas» debían diseminar en el exterior la idea de que la decisión del Tribunal Supremo supone «una nueva vulneración de derechos humanos por parte del Estado». La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, el secretario general de su grupo parlamentario, José María Espejo-Saavedra, y la diputada Marta Martín dirigieron sendas preguntas por escrito el pasado 1-O y, por fin, esta semana han obtenido respuesta. En la contestación, a la que ha tenido acceso ABC, el Gobierno despacha la cuestión en apenas dos párrafos en los que se limita a señalar que los informes del Ministerio de Exteriores para la apertura de nuevas delegaciones autonómicas en el extranjero no son vinculantes. Evasiva del Gobierno «El Gobierno recuerda que el preceptivo informe que debe hacer sobre la apertura de cada una de las delegaciones no es vinculante. El Gobierno cuida en sus informes de que la creación de las delegaciones respete el principio de legalidad», subraya el Ejecutivo, sin pronunciarse en ningún momento sobre la última campaña soberanista de manos de las «embajadas» catalanas. Cs dirigía al Gobierno tres preguntas muy concretas: 1. ¿Tenía conocimiento el Gobierno de España de la orden del «conseller» Bernat Solé a las delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el exterior? 2. ¿Qué acciones tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de España en materia de diplomacia pública para evitar que calen las mentiras y la propaganda del independentismo en la sociedad civil de países con los que mantenemos relaciones diplomáticas? y 3. ¿Tiene previsto el Gobierno de España establecer algún mecanismo corrector para poder evitar esta utilización fraudulenta de la red de delegaciones de la Generalitat en el exterior y de los recursos públicos de todos los catalanes? Todas ellas, en la respuesta a Cs, quedan en el aire. No se desvela ni una sola medida o plan para evitar que esto se repita en el futuro. Pero es que además, en la iniciativa planteada por los liberales, recuerdan al Ejecutivo su propuesta para modificar la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado para que el ministerio puede clausurar aquellas «embajadas» que actúen con deslealtad al Estado. Tampoco se pronuncia el Gobierno sobre esta cuestión. Reapertura y proliferación En la aplicación del artículo 155 de la Constitución para parar el intento ilegal de independencia de Cataluña, el Gobierno de Mariano Rajoy cerró gran parte de la red de «embajadas» establecida en el extranjero por la Generalitat, al constituir una parte esencial del engranaje hacia la ruptura con España. Sin embargo, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder con la moción de censura de junio del 2018, con el apoyo, entre otros partidos, de los independentistas catalanes, estas delegaciones no solo se han reabierto, sino que han empezado a aparecer nuevas. Es el caso de la de Australia-Nueva Zelanda, la de Japón o la de Senegal. Sí observa el Ejecutivo, eso sí, que en sus informes recuerda la necesidad de actuar bajo «los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional, coordinación y cooperación, y el de servicio al interés general». También resalta «la obligación» de las delegaciones autonómicas de coordinar su acción con las Embajadas y representaciones permanentes de España en el exterior. En Cs ponen en duda que la denuncia de la inhabilitación de Torra, entre otras cosas, se fundamente en el interés general. En el Gobierno, por ahora, callan. Cs denuncia que la Generalitat imponga el catalán para las ayudas del Covid-19 La delegación europea de Ciudadanos (Cs), a través de su eurodiputado Jordi Cañas, ha llevado ante la Comisión Europea la decisión de la Generalitat de Cataluña de exigir el uso del catalán en la actividad económica para poder solicitar ayudas por la crisis del coronavirus. El político catalán, siempre firme frente a los desmanes separatistas, considera que la imposición de la Generalitat supone una vulneración del principio de no discriminación en el mercado único y comporta, además, una práctica «anticompetitiva» a la luz de los tratados de la Unión Europea. Cañas solicita al ejecutivo comunitario que inicie una investigación ante la actuación del Gobierno autonómico catalán, al entender que es claramente contraria al ordenamiento jurídico. «Viola numerosas sentencias del Tribunal Constitucional español, que han resuelto que la obligación establecida por las normativas lingüísticas autonómicas a las empresas para que atiendan a sus clientes en castellano o catalán, según estos elijan, es solo aplicable a la relación entre la administración pública y los ciudadanos», explica el eurodiputado, según informa Cs en una nota de prensa. La iniciativa secunda una propuesta de resolución presentada por Cs en el Parlamento catalán, en la que se reclama la supresión de todo requisito lingüístico para el acceso a ayudas compensatorias por los múltiples estragos causados por la pandemia del Covid-19.De España https://ift.tt/31U1hzv
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