El mutis de Vox desapareció en el noveno capítulo de la comisión de espionaje. La primera pregunta fue una broma, casi una burla a las sesiones que tratan de esclarecer la presunta trama orquestada en el Ayuntamiento de Madrid para investigar a Isabel Díaz Ayuso. «¿Es usted un espía?», lanzó el concejal Pedro Fernández a Borja Carabante, mano derecha del alcalde y delegado de Medio Ambiente y Movilidad. «Si lo fuera, no se lo diría», replicó sonriente. Pero la postura de perfil adoptada hasta la fecha por Vox se esfumó con la aparición de la delegada del Gobierno, Mercedes González, pedida expresamente por el grupo de Javier Ortega Smith. La comparecencia del día, y la menos comprensible, que no sirvió más que para el guanteo político. González ha sido miembro del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) durante seis años, la compañía desde la que supuestamente se contrató a un detective para espiar el entorno de Ayuso, en concreto, a su hermano Tomás, que había cobrado más de 200.000 euros de comisión por mediar en la compra de mascarillas durante los momentos más críticos de la pandemia. En mayo de 2021, González abandonó sus funciones de concejal para dar el salto a la Delegación del Gobierno en Madrid. «En el mandato pasado fui protagonista de muchas comisiones de investigación, así que encantada de no perder la rutina, aunque tengo poco que ofrecerles», avisó nada más sentarse. «¿Por qué ha comparecido?», empezó Pedro Fernández. «Porque me ha llamado usted», contestó la socialista. Como delegada del Gobierno, su intervención en la escena municipal debe ser autorizada previa consulta a la Abogacía del Estado, que habría negado su comparecencia fuera de los órganos estatales; como exconsejera de la EMVS, no obstante, tenía las puertas abiertas. «Yo tengo dos teorías de por qué ha venido», continuó el edil de Vox, «creo que se está postulando como candidata al ayuntamiento; y porque usted sí sabe algo». Según Fernández, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado «tienen agentes que analizan, investigan y evitan riesgos que afecten específicamente a cargos públicos». «Usted oculta información o hace dejación de funciones», zanjó. González enarcó las cejas: «Usted busca una pareja artística y esa no soy yo. No tengo ninguna información». En lugar de arrojar luz sobre lo ocurrido, la sesión se convirtió en escenario de precampaña electoral. Vox intentó apretar a la delegada del Gobierno y González aprovechó para atacar al PP y su historial de espionajes internos. «Es su manera de operar y el propio [expresidente madrileño Ignacio] González lo dijo aquí [en la octava sesión de la comisión]», recordó, «con los mismos detectives y la misma empresa, no se estrujaron mucho la cabeza». También tildó a la EMVS de «agencia de colocación» del PP, «candidata» ideal para contratar a un espía, y criticó a José Luis Martínez-Almeida, con quien el año pasado protagonizó un sonado rifirrafe: «Este mandato ha tocado a su fin hace mucho tiempo, se ve un desgaste, una falta de gestión, de capacidad política y de proyectos». La reunión «de partido» El hombre de confianza del alcalde iba preparado. Borja Carabante enredó, esquivó preguntas y provocó a sus interlocutores. «Estoy haciendo un esfuerzo ímprobo por no entrar en su juego», llegó a decir la portavoz del PSOE madrileño, Mar Espinar. La versión del concejal: el «16 o 17 de diciembre» el regidor, que se había enterado a través de «una persona de confianza» de Ayuso, le confía la «información delicada» sobre el espionaje dentro de la EMVS. Almeida y Carabante se reúnen con el presidente de la empresa y concejal de Vivienda, Álvaro González, a quien le piden que averigüe si los rumores son ciertos. «No sé qué hay de reprochable en que acuda a una reunión con compañeros de partido», se justificó el edil. Tras esas primeras pesquisas, «se niega con carácter inmediato» la existencia de un contrato de espionaje. Esa fue la «investigación interna» a la que ha hecho referencia el alcalde desde que se destapó el escándalo que desencadenó la mayor crisis del PP. A finales de marzo, ABC reconstruyó el desastre que terminó con el entonces presidente del partido, Pablo Casado, y que comenzó con una cita en el hotel Wellington, en noviembre de 2021, entre el detective privado Diego Gutiez y un hombre alto, moreno y en la treintena que buscaba contratar sus servicios. Francisco Cruz, asesor de la de Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca, encajaba en la descripción y acudió este viernes a la comisión para desmentir su relación con los hechos. «¿Ha estado en el hotel Wellington reunido con algún detective?», inquirió el concejal del Grupo Mixto, José Manuel Calvo. «No, nunca». «¿Conoce a Diego Gutiez?». «No». El último turno fue para la vicealcaldesa, Begoña Villacís, fiel a su discurso de las últimas semanas: «No es algo que haya hecho el gobierno [del Palacio de Cibeles] sino el partido». Ningún miembro de Ciudadanos supo nada hasta las publicaciones de los medios de comunicación. «Creo que nos lo tenían que haber dicho», reconoció Villacís, al término de una sesión infructuosa. Otra más.De España https://ift.tt/NC02wPI
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