Hace años, una fuente del servicio de inteligencia español dijo a ABC: «Si los ciudadanos supieran lo que podemos hacer con cualquier móvil, por muy sofisticado que pueda parecer, lo tirarían a la basura»... La reflexión es pertinente en unos momentos en que a Paz Esteban, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le ha costado el puesto el espionaje que se hace a través de los terminales móviles: el que se realizó a los líderes del secesionismo y el que sufrieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En todo caso, entre la utilización de este tipo de herramientas que hacen los servicio de inteligencia y las Fuerzas de Seguridad del Estado –por tanto, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza también– hay una coincidencia; ambos tienen que pedir autorización judicial para hacerlo, pero una diferencia sustancial: los primeros trasladan los resultados de esa intervención de las comunicaciones al Gobierno, mientras que las segundas informan de los mismos a la autoridad judicial que ha autorizado las escuchas, para que sean utilizados como prueba en el procedimiento penal. Sombra de duda Aprovechando la polémica abierta por el caso Pegasus, nacionalistas y populistas, todos ellos socios en mayor o menor medida del Gobierno, han arrojado dudas no ya sobre la legalidad de la actuación de los servicios de inteligencia, nunca demostradas, sino también de las intervenciones de comunicaciones que hacen la Policía y la Guardia Civil, que trabajan a las órdenes del Ministerio del Interior. Por supuesto, no han lanzado las mismas sospechas sobre los Mossos d'Equadra y la Ertzaintza, que como es natural utilizan igualmente esta técnica de investigación en las mismas condiciones que los dos primeros Cuerpos policiales mencionados. La única diferencia entre ellos es el tipo de tecnología con que cuenta cada uno. En este punto, según fuentes de la seguridad del Estado consultadas por ABC, hay una constatación: la Policía y la Guardia Civil están en la vanguardia de los sistemas de intervención de comunicaciones, los Mossos acaban de adquirir teconología de última generación que los sitúa prácticamente al mismo nivel y la Ertzaintza está, por ahora, un paso por detrás de todos ellos. «No obstante la situación es cambiante, porque cada día salen al mercado nuevas soluciones tecnológicas y es imprescindible hacer las inversiones necesarias para no quedarse anticuados». «Para poder ser eficaces es absolutamente necesario evolucionar al mismo ritmo que las tecnologías de las comunicaciones», añaden las mismas fuentes, que precisan que «para eso se hacen las compras correspondientes de las soluciones tecnológicas que proporciona el mercado». «Por cierto –añaden estos medios–, esas compras son públicas». Al contrario de lo que pudiera suponerse, en estos momentos la tecnología de la que dispone el Ministerio del Interior en esta materia está un paso por delante del famoso Pegasus, que ya tiene algunos años. Esos sistemas de intervención de comunicaciones tienen la capacidad, como el ya citado, de activar los sistemas de voz y la cámara de los dispositivos intervenidos. Sin embargo, al menos hasta ahora no están activados para hacer este tipo de operaciones, de modo que no se utilizan para esas misiones. Cuestión distinta es que algún día un juez, en un asunto puntual que considere especialmente grave, pueda pedir que se active esa capacidad de forma puntual. Pero al menos de momento ni la Policía ni la Guardia Civil usan esas funciones de la herramienta.Las tecnología en poder de Interior puede activar la voz y la cámara de móviles y ordenadores pero esa capacidad no se utiliza «Pegasus fue un gran avance en su momento, pero ya está anticuado. Al principio necesitaba un clic del usuario para ser activado –abrir un correo electrónico, por ejemplo–, pero luego se consiguió que ni siquiera fuera necesario que el afectado hiciera algo». Legalidad garantizada En todo caso, la palabra clave en un asunto tan delicado como este es legalidad; es decir, que la intervención sea ajustada a la ley, que sea ordenada por la autoridad judicial correspondiente y que ni la Policía ni la Guardia Civil tengan posibilidad de utilizar esa tecnología de forma espuria, sin dar cuenta de su actuación y sin que quede rastro de ella. En este punto hay un sistema clave: Sitel, tan denostado en su día –hubo políticos que aseguraron que se implantaba para poder espiar al adversario con absoluta impunidad– y que se ha revelado como la mejor garantía de que no hay margen para las irregularidades. Además, tiene otra ventaja: no es 'hackeable', o al menos nadie ha podido hacerlo hasta ahora. Las fuentes de la seguridad del Estado consultadas por ABC explican que Sitel es un gran contenedor de soluciones tecnológicas, un «armario en el que están los distintos programas que se emplean en la intervención de comunicaciones». La ventaja es que para que se pueda utilizar se necesita un código que tiene que dar el juez encargado del asunto, con lo cual queda registrado no solo quién ha dado la orden sino que también remite a la resolución judicial concreta, en la que consta la motivación y el tiempo que dura la intervención. Hay otro elemento que da garantías: no se puede trocear la información obtenida, que se traslada íntegramente al juez y es éste el que decide qué es lo que se guarda y qué se destruye en función de que sea pertinente o no a la investigación. «Es verdad que hay soluciones tecnológicas en el mercado que permiten interceptar comunicaciones al margen de Sitel, pero no son capaces de registrarlas. Obviamente hay actores que las usan al margen de la legalidad, pero ya se trata de una actividad delictiva».El CNI obtiene información para informar al Gobierno; las Fuerzas de Seguridad para presentar pruebas ante la autoridad judicial Lo más preocupante de todo, explican las fuentes, es que el debate abierto traslada al ciudadano la sensación de que en España el CNI o las Fuerzas de Seguridad pueden espiarlo de forma arbitraria, lo que no es cierto. Así funciona Sitel Desde 2001 Sitel fue creado en 2001 y su plazo de ejecución fue de tres años a partir de 2002. Costó algo más de 1.800.000 euros. La ley establece la obligatoriedad del control judicial para que el CNI y las Fuerzas de Seguridad puedan intervenir comunicaciones. Deja rastro Cuando se produce una intervención de comunicaciones el sistema deja constancia de quién la ha hecho, ya que debe introducir un código que facilita la autoridad judicial. Servidores Las llamadas y los datos se almacenan en servidores y la información no se puede trocear; es decir, se envía íntegra al juez, que decide qué se destruye y qué se guarda. Capacidad En 2013 una compañía telefónica hizo un estudio según el cual solo en ese año había facilitado más de 24.000 escuchas. Como ese operador tenía en torno a un 25 por ciento de la cuota de mercado, se calculó que se habían hecho unas 100.000 intervenciones telefónicas en ese periodo.De España https://ift.tt/bP58ay6
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