Pedro Sánchez no logra neutralizar las exigencias de Pere Aragonès sobre el caso Pegasus. Pese a la próxima reunión entre ambos comprometida el pasado viernes, cuando coincidieron en Barcelona durante la clausura de las jornadas anuales del Círculo de Economía –donde los jefes de Gobierno central y autonómico ejercieron de anfitriones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, condecorada por esa asociación de Cataluña– la Generalitat ha dejado claro este fin de semana que no está, ni mucho menos, satisfecha. El propio Aragonès, en una entrevista publicada ayer en el diario 'Ara', dejó claro que «una reunión, por sí sola, no resuelve nada». Y echando más leña al fuego, su consejera de Presidencia y persona de máxima confianza dentro de ERC, Laura Vilagrá, en otra entrevista en la emisora RAC 1, reclamó al Ejecutivo que se investigue «dónde estaba la capacidad de decisión» en las escuchas a líderes independentistas, entre ellos el propio Aragonès, como admitió la semana pasada la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, donde aportó 18 autorizaciones judiciales para esas escuchas telefónicas. Vilagrá afirmó que «necesitamos saber por qué se autorizaron [las escuchas], qué se estaba buscando, por qué se perseguía al presidente de la Generalitat». Si bien Aragonès era vicepresidente del Gobierno regional cuando se produjo ese seguimiento por parte de los servicios secretos. Con estos mensajes, el Gobierno de Cataluña deja claro a La Moncloa, como lo viene haciendo antes incluso de todo lo ocurrido la semana pasada, cuando el propio Gobierno reveló las escuchas a través de Pegasus a los móviles de Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que necesita al menos alguna dimisión, alguna cabeza política que poder blandir de cara a las bases independentistas. Y en ese sentido, descartada la propia Robles, más aún en víspera de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid los últimos días de junio, la única posibilidad sería que la cadena se rompa por el eslabón más débil, que no es otro que el de la propia Paz Esteban, cuya destitución al frente de la Inteligencia española cada vez es menos descartable. La autonomía del CNI Desde luego, la retórica del Gobierno los últimos días abona el terreno para sustentar en un futuro inmediato un relevo al frente del CNI. Este fin de semana, en sendas entrevistas, dos pesos pesados del Ejecutivo como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, un protagonista destacado de todo lo que tiene que ver con las escuchas telefónicas, han tratado de exonerar de culpa al Gobierno en el seguimiento a los dirigentes independentistas. Con palabras medidas, ambos esbozaban la tesis de que el CNI opera con cierto margen de independencia o autonomía y que desde La Moncloa solo se establecen, como dijo Bolaños el sábado en La Sexta, «prioridades de seguridad nacional, como debe ser». Más gráfica aún, Calviño afirmó en TV3 que «no hubo orden del Gobierno». Lo cierto es que el CNI depende de Defensa y recibe directrices de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, un órgano interministerial que elabora una directiva con instrucciones para los servicios secretos. Además, y como establece la ley que regula el CNI, el centro debe prevenir cualquier amenaza a la integridad territorial de España, como fue el desafío secesionista de 2017 por el que dos años después el Tribunal Supremo (TS) condenaría por sedición a sus principales cabecillas, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras. Hasta qué punto esa comisión interministerial, en su última directiva secreta de marzo de 2019, con el juicio del 'procés' aún en marcha, pudo ordenar seguimientos –en un contexto en el que el entonces presidente catalán, Quim Torra, animaba a los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) («apreteu» les dijo) y los independentistas blandían el «volveremos a hacerlo»– es lo que permitiría establecer si es verdad lo que dicen Bolaños y Calviño. Ambos sugieren con sus palabras la idea de que el CNI actuó por su cuenta al pinchar determinados teléfonos, aunque fuese con autorización judicial. A partir de ahí, y alegando pérdida de confianza, el camino quedaría expedito para efectuar un relevo en la dirección del CNI. Pero incluso en ese caso está por ver que eso contentase a los independentistas. Más aún teniendo en cuenta que Junts per Catalunya, dentro de su pugna con ERC, siempre elevará más el tono de exigencia. En definitiva, el caso Pegasus sigue siendo una piedra que aprieta en el zapato de La Moncloa. La Generalitat exige que la reunión entre Sánchez y Aragonès se celebre cuanto antes y que sirva, como dijo ayer la consejera Vilagrá, para desclasificar la investigación interna del CNI que anunció el propio Gobierno. Aragonès tendría que salir de ese encuentro, pidió la titular de Presidencia del Gobierno catalán, sabiendo «qué se estaba buscando y por qué se le perseguía». La presión por este asunto seguirá esta semana sobre el Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados y no solo por parte de los grupos independentistas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntará a Margarita Robles si el Gobierno «está satisfecho con los servicios de inteligencia». Pero también desde Vox Macarena Olona preguntará a Bolaños si era el responsable de velar por la seguridad del móvil de Sánchez, mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, interrogará al propio presidente si sus pactos dan estabilidad al Ejecutivo.De España https://ift.tt/M0QOt3a
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