PSOE y Podemos ignoraron ayer de plano al Poder Judicial. Los socios decidieron seguir adelante con la reforma que recortará las atribuciones de este organismo, tan solo dos días hábiles después de que los jueces solicitaran ser escuchados y sin esperar, por cortesía, a que la Cámara Baja resuelva sobre esta petición. El plan de tomar «cuanto antes» el control del Poder Judicial se mantiene a rajatabla. Con este objetivo, PSOE y Podemos dieron poderes a la Comisión de Justicia para que convoque todas las sesiones extraordinarias que considere necesarias en enero, mes inhábil para el Congreso. Como adelantó ABC, esta maniobra supone abreviar aún más una tramitación para la que los dos socios ya han solicitado la vía de urgencia que reduce los plazos a la mitad. La solicitud de actividad extraordinaria en enero se aplicará también a la comisión de investigación del «caso Kitchen». La coalición incluyó ambas cuestiones en el paquete, y logró el respaldo de ERC, Bildu, Junts, PdCat, Compromís, Más País, Bildu y NC. La propuesta alcanzó así la mayoría absoluta necesaria para no tener que someterse a autorización. De este bloque se descolgó el socio «prioritario» del Gobierno, el PNV, que ayer presionó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que se soliciten los informes de las instituciones implicadas. No en vano, el vocal próximo al PNV en el CGPJ apoyó el jueves que se instara al Congreso a recabar la opinión de los jueces, el Consejo de Europa y asociaciones judiciales. Durante la comparecencia de Campo ante el Congreso, el diputado vasco Mikel Legarda mostró sus reticencias ante una tramitación exprés, cuando la reforma carece del informe de los órganos consultivos. Además, defendió la conveniencia de consultar al Centro de Estudios Políticos y pidió la opinión del ministro sobre la ausencia de esos informes. Nuevo pulso Campo respondió defendiendo que la reforma se tramite por la vía rápida para presionar al PP, pero evitó pronunciarse sobre la ausencia de consultas. ABC adelantó ayer que el sector más moderado del Gobierno, en el que se encuentra Campo, quiere que se soliciten esos informes. Pero ése no es el único foco de tensión dentro del Gobierno. Pese a que la reforma que recortará las atribuciones del Poder Judicial fue pactada entre PSOE y Podemos, fuentes de esta formación no descartaban ayer presentar enmiendas para introducir cambios en el texto, incluyendo la reforma de las mayorías parlamentarias congelada por la presión de Europa. El partido de Pablo Iglesias asegura que quiere realizar esta maniobra de la mano del PSOE y no abrir una nueva brecha como sucedió con los desahucios, pero los socialistas advierten que no hay opción a introducir cambios. «El texto no se toca, fue el acuerdo. No habrá enmiendas ni para reformar las mayorías ni para ninguna otra cosa. La ley se consensuó con Podemos precisamente para esto. La prioridad es mantener la negociación con el PP y no va a incluirse nada más. Además, Podemos ni siquiera nos ha comunicado que quiera introducir enmiendas, nos estamos enterando por la prensa. Juegan a lo de siempre», aseguraban fuentes del grupo en tono molesto. Callar al PP Y mientras se agudiza la presión interna, el PP redobló ayer su contestación a la reforma. La portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, dirigió un escrito a la Mesa del Congreso en el que solicita que se desestime la tramitación de urgencia. El texto denuncia que la vía exprés «supone restar a la Cámara tiempo de debate y capacidad de análisis y enmienda» y que, además, limita «las posibilidades de participación» de la oposición. Además, recordó que los procedimientos ordinarios no son «trámites diletantes ni superfluos sino de garantías de la misma democracia». Siguiendo este hilo, advirtió a la Mesa de su obligación de aplicar el Reglamento «desde una exquisita imparcialidad y ausencia de interés partidista». Este órgano está controlado por PSOE y Podemos pero su decisión puede engrosar la motivación de los recursos de inconstitucionalidad que ya sopesa presentar la oposición.De España https://ift.tt/2KuyITD
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