Moncloa muta su argumentario para doblegar a Ayuso

En el Gobierno central ya cantan victoria. Tras semanas de dudas y estudio jurídico, en La Moncloa se muestran satisfechos por haber llegado al punto que querían en un principio: obligar a la Comunidad de Madrid a adoptar sus recomendaciones pero hacerlo sin intervenir la gestión. Ni el 155 sanitario, ni el estado de alarma parcial fueron la prioridad. Pero el final estaba prefijado: «Nuestro criterio iba a prevalecer sí o sí», reconocía ayer un alto cargo del Gobierno. La incertidumbre respecto al estado de alarma, que el Gobierno planteó hace semanas como opción a las comunidades, por la falta de apoyos claros en el Congreso llevó al Gobierno a explorar otras vías. Pese a que con ello enmienda su propio argumentario. En el mes de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que «el único instrumento para restringir la movilidad» entre municipios y entre provincias, o entre comunidades autónomas, «es el estado de alarma». Pero al final un acuerdo del Consejo Interterritorial de salud plasmado en el BOE y comunicada a la regiones en la noche del miércoles en forma de orden ministerial será suficiente para hacer operativo el confinamiento perimetral de Madrid capital y otros nueve municipios de la región. Impidiendo entradas y salidas de esos municipios. La orden se comunicó el mismo miércoles por la noche y se conceden 48 horas para su aplicación. Más presión para Madrid. El Ejecutivo esgrime un informe de la Abogacía General del Estado que así lo establece aduciendo que la norma aplicable en las votaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISN) es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales (como el CISN). «Esta ley señala que los acuerdos obligarán a todas las Comunidades Autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso», explican. Y se esgrime que «esta Ley deroga todo aquello que resulte incompatible con ella, incluida la regulación establecida en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión, que sólo prevé la adopción de acuerdos por consenso». Esto último es clave porque el Gobierno argumenta que ese punto al que se aferra la Comunidad de Madrid, estaría derogado. En la publicación del BOE se remarca que «este Acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con independencia del sentido de su voto». En La Moncloa se mostraban en el día de ayer convencidos de que «Ayuso cumplirá» pese a su intención de llevar la cuestión al ámbito judicial.

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