«Es una gran alegría. Poco a poco vamos rompiendo esta especie de régimen peronista que se ha instalado en Cataluña, con sus distintos brazos: en la universidad, en los colegios profesionales...». Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC) celebraba ayer el fallo contra la Universidad de Barcelona (UB) —y por extensión el resto de centros públicos catalanes— como una nueva grieta en la muralla ideológica que constriñe los centros educativos catalanes. «Es una sentencia historica», añadía. Sánchez Costa lidera precisamente una asociación cuya sectorial de jóvenes ha sufrido el acoso, sistemático y organizado, por parte del independentismo radical en los campus. La batalla de los jóvenes constitucionalistas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) por no dejarse avasallar por el secesionismo ha sido uno de los episodios más notables en estos años de «procés». Cada carpa informativa que SCC plantaba en la UAB era de manera recurrente arrasada por el radicalismo, con amenazas y hasta agresiones físicas, como pasó por ejemplo el 19 de abril de 2016. Es solo un ejemplo. «Sí, los jóvenes constitucionalistas allí han sufrido», reconoce Sánchez Costa a ABC, que añade por contra que se está siguiendo el esquema clásico para romper la espiral del silencio. «Primero uno planta cara a un coste muy elevado, pero luego le siguen otros, y luego se crea una red más amplia, y luego esta crece, y cada vez hay menos miedo. Hace unos años hubiese sido impensable que un grupo de profesores se atreviese a cuestionar a su universidad», añade el presidente de SCC, una entidad que en los últimos años ha hecho precisamente bandera de la defensa de la neutralidad política en el espacio público. Como una escisión de la sectorial de jóvenes de SCC nació S’ha acabat, grupo que también se ha convertido en diana del independentismo en los campus. El 4 de abril de 2019 se registaron incidentes en la UAB, en lo que fue la repetición de un esquema clásico en estos casos. Ese día, el grupo constitucionalista montó una carpa informativa. A los pocos minutos de plantar el stand, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, próximo a la CUP, organizaba una «cervezada» a modo de réplica. Varias decenas de jóvenes acabaron rodeando la carpa, insultando y lanzando latas a quienes estaban en el interior. Hubo agresiones físicas, incluido un manotazo a uno de los líderes de S’ha acabat. Como ha venido siendo habitual, denunció este grupo, el papel del rectorado fue el de mirar para otro lado. El acoso duró una hora. Julia Moreno, presidenta de esta entidad, celebra el fallo contra la UB por algo tan elemental como el respeto del «principio de neutralidad», algo que, denuncia, sigue cuestionándose por parte de profesores que, utilizando la libertad de cátedra, han llegado a insultar a quienes considera adversarios políticos. Toma y daca El toma y daca entre los grupos constitucionalistas y rectorados como el de la UAB, presidido por Margarita Arboix, ha sido constante en estos años. Y como ayer con la sentencia relativa a la falta de neutralidad de la UB, otros fallos judiciales han puesto las cosas en su sitio. El 17 de julio de 2018, por ejemplo, un juzgado fallaba contra la UAB por vulnerar los derechos fundamentales de los alumnos integrados en jóvenes de SCC por algo tan básico como no haber permitido su inscripcción en el directorio de asociaciones universitarias. Grupos como Impulso Ciudadano, liderado por José Domingo, también lleva años exigiendo que el rodillo nacionalista no arrase con todo, y por ello celebraba el fallo contra la UB. «Es una gran sentencia, muy didáctica además. Confirma el criterio de los tribunales: las instituciones públicas no pueden emitir opiniones políticas», subraya Domingo, que recuerda también otros fallos parecidos que han cuestionado que los colegios profesionales, en tanto que corporaciones de derecho público, también se hayan posicionado. En diciembre de 2016, antes del año negro del independentismo, el TSJC ordenaba la retirada del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, al que se había adherido en octubre de 2013, por vulnerar «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de los colegiados. Grietas en la muralla «indepe».De España https://ift.tt/3ldtV5V
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