Toda la presión vuelve a centrarse sobre el Partido Popular al que el Gobierno reclama su apoyo parlamentario para enfrentar la nueva ola de coronavirus. Fuentes oficiales de Génova declinaron ayer valorar el anuncio del presidente del Gobierno de que España volverá al estado de alarma, en principio durante seis meses, para intentar combatir la expansión de la pandemia. Será Pablo Casado quien anuncie hoy la posición del partido sobre si apoyarán o no en el Parlamento la reactivación de esta medida excepcional tras haber rechazado la última prórroga del 3 de junio. Desde entonces, el PP ha criticado duramente al Ejecutivo por no reformar quirúrgicamente leyes orgánicas que hubieran permitido su control con la seguridad jurídica necesaria. El famoso plan B de Génova alternativo a la alarma que La Moncloa ha desechado. La mera llamada telefónica de Pedro Sánchez a Casado antes de anunciar públicamente la reactivación de la alarma en España ya es una novedad frente a la incomunicación que ha exasperado a toda la oposición y a los presidentes autonómicos desde que en marzo estalló la crisis. Casado, según fuentes de Génova, desvelará este lunes su postura tras analizar con la cúpula del PP el decreto aprobado ayer y publicado en el BOE extraordinario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó de «fracaso» que España vuelva al estado de alarma, consideró que el Gobierno debió haber legislado antes y evitar otra vez lanzar una imagen de excepcionalidad al exterior. Aunque reconoció en una entrevista anoche en Telemadrid que es positivo que las comunidades puedan a partir de ahora caminar con mayor seguridad jurídica. El criterio de fondo de los populares no ha variado. Consideran que el Gobierno debería haber impulsado la reforma urgente de leyes orgánicas como la de Salud Pública para restringir el movimiento de ciudadanos en determinadas zonas del territorio nacional donde la pandemia ha vuelto a descontrolarse. Pero llegados a este punto en el PP reclaman como mínimo que se actúe con criterios nacionales, «objetivos» y «homogéneos», y respetando siempre la labor de los responsables autonómicos. «Desconcierto» «En caso de decretar el estado de alarma rogamos que el Gobierno incluya nuestras zonas básicas y los horarios de Madrid, que los tenemos bien estudiados», escribió de víspera la madrileña Isabel Díaz Ayuso. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, escribió un comentario en Twitter para afirmar que los ciudadanos «no merecen este desconcierto». Almeida aludió a que el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, dijo hace diez días que la pandemia se estaba estabilizando. Más incisiva fue la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien se refirió a Sánchez como el «déspota contemporáneo», después de que en su comparecencia en La Moncloa reclamara que no se hable de «toque de queda», sino de «restricción a la movilidad», como expresión más «contemporánea». En Génova dan por descontado que el Ejecutivo tratará de echar toda la presión sobre los hombros de Casado, al que exigen que apoye a Sánchez en la lucha contra la pandemia para confirmar con «hechos» su discurso de ruptura con Vox en la moción de censura de la pasada semana. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, redobló la presión: «El estado de alarma salva vidas. Esperamos que no se opongan». Vox: «Camino totalitario» El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, acusó al Gobierno de deriva «totalitarista» por «recortar» la libertad individual. «Una vez más, los gobernantes trasladan a los españoles las consecuencias de su propia ineptitud. Avanzamos por el camino del totalitarismo, con el apoyo de los medios y políticos del consenso. En Venezuela ya conocen esta película», afirmó. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ya pidió el viernes a Sánchez que decretara el estado de alarma, confirmó ayer que el Gobierno podrá contar con su apoyo. Arrimadas reclamó a La Moncloa que tome las riendas y no «derive responsabilidades» en la comunidades. Cs no exigió límitar la temporalidad del mecanismo excepcional, como sí hizo en junio condicionando la última prórroga a otros 15 días y no un mes, como quería Sánchez.De España https://ift.tt/2ToViOv
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