La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decidió en 2015 la no personación del Ayuntamiento en los procedimientos penales que se abrieran con los independentistas violentos o alborotadores de cualquier tipo y ni siquiera la semana de violencia sin precedentes vivida en la Ciudad Condal hace un año tras la sentencia del «procés» le hizo cambiar de opinión. Sí se persona el Consistorio en la vía civil para reclamar el dinero por los daños que causan, 3,1 millones solo en aquellos sucesos, pero se conforma con ello y no trata de perseguir a los alborotadores. Esta decisión de la primera autoridad municipal, que revocaba una forma de actuar que se puso en marcha en la etapa de Joan Clos y continuó con Jordi Hereu y Xavier Trias, es vista con recelo por las Fuerzas de Seguridad, incluidos los Mossos d'Esquadra. En su opinión, con esa medida de alguna forma se alimenta el mensaje de cierta comprensión o tolerancia con los elementos independentistas más radicales. De momento, en cualquier caso, incluso la reclamación de daños por vía civil de los sucesos del año pasado tendrán que esperar a que se sustancien todos los procedimientos penales abiertos, en los que sí está personado la Consejería de Interior de la Generalitat, al menos en los que hay agentes lesionados. Solo al final de esos procesos se podrá abrir la vía civil para reclamar los daños. El Ayuntamiento de Barcelona asegura a ABC que así lo hará. El Consistorio barcelonés, que desde 2015 intenta evitar lo máximo posible la vía penal, no ha apostado por ella tampoco en las causas contra los alborotadores de las violencias manifestaciones postsentencia. En una disposición de abril de 2019, el ejecutivo municipal sostenía que la acusación debe reservarse para «aquellos casos donde se vean afectados intereses municipales o de la ciudadanía de Barcelona que por su gravedad determinen o aconsejen esta vía». Al parecer, para Ada Colau y su equipo los incidentes callejeros más violentos a los que se tuvieron que enfrentar los Mossos d'Esquadra en su historia no entran en esta categoría. La gravedad de las algaradas independentistas ha descendido de forma progresiva. El mejor ejemplo de ello se da estos días, cuando se cumple el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O y el primero desde los gravísimos incidentes en Barcelona. La práctica ausencia de incidentes de entidad ha puesto en evidencia que la división y falta de liderazgo dentro del secesionismo y el hartazgo de la sociedad catalana –por supuesto, la pandemia también ha jugado su papel– han reducido al mínimo su capacidad de convocatoria. Ni siquiera la inhabilitación del presidente de la Generalitat Quim Torra, consumada hace días, ha sacado a la calle a una ciudadanía que parece estar harta de sus responsables políticos. Los días anteriores a la sentencia de Torra y al aniversario del 1-O fuentes de los Mossos d'Esquadra consultadas por ABC no descartaban que se reprodujeran las algaradas callejeras en la Ciudad Condal, aunque siempre vinculaban esa posibilidad a que hubiera grandes movilizaciones populares. En ese escenario –y solo en ese– era especialmente preocupante la irrupción de un nuevo grupo radical y violento, Blanc Bloc, de apenas medio centenar de individuos que habían aprovechado el verano para entrenarse en tácticas de guerrilla urbana. Sin embargo, este grupo no ha podido «presentarse en sociedad» porque su especialidad es la manipulación violenta de las masas, pero por sí mismos no tienen capacidad alguna de convocatoria. Los CDR, por su parte, han visto cómo sus protestas apenas son secundadas por algunas decenas de jóvenes que se mueven de forma desorganizada, sin liderazgo ni capacidad de hacer frente a los Mossos. «Los pequeños incidentes que ha habido son los últimos coletazos de este tipo de grupos, entre otras cosas porque los tenemos muy controlados», explican las fuentes de los Mossos consultadas por este diario. La falta de liderazgo y descoordinación en las calles, que se han agudizado progresivamente coincidiendo con la obtención del escaño en el Parlamento Europeo por parte de Carles Puigdemont, tienen su reflejo en la política autonómica. En especial, en el sector independentista, que anda como pollo sin cabeza, con los grupos políticos a la espera de la campaña electoral y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) presionando para que se «implemente», de una vez por todas, la proclamada república catalana. Coincidiendo con el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O, la falta de unidad política para conseguir el objetivo quedó ayer aparcada, gracias a Òmnium Cultural, que agrupó a JpC, ERC y la CUP en un acto por la mañana para recordar la efeméride. Pero poco más. Los partidos hicieron actos reivindicativos por separado, con la vista puesta más en las elecciones, previstas, si no hay cambios, para febrero de 2021, que en recordar una fecha que significó, para los líderes del «procés», cruzar el Rubicón judicial. Una muestra de la división independentista fueron, ayer, las palabras de Puigdemont, que grabó y divulgó un vídeo por las redes sociales. El expresidente autonómico hizo un llamamiento a los independentistas a prepararse para terminar el mandato del 1-O «contando con el acuerdo del Estado, como sería deseable y preferente, o sin contar con éste, como lamentablemente ha sido hasta ahora», porque, en su opinión, Cataluña «tiene la oportunidad, la legitimidad y el derecho de hacer efectiva aquella decisión por todas las vías democráticas que tenga a su alcance, sin excepción». Por su parte, desde la ANC, que entre 2014 y 2017 llegó a ser una auténtica fuerza política extraparlamentaria que influía considerablemente en el gobierno catalán y situó a sus dos presidentes (Carme Forcadell y Jordi Sànchez) en la primera línea política, se sigue, ahora, clamando en el desierto. Elisenda Paluzie, este jueves, reiteró que el compromiso de la ANC «es avanzar para hacer efectivo el mandato del 1-O» y pidió a los partidos que forman el gobierno catalán que «cumplan el compromiso que adquirieron con la ciudadanía hace tres años».De España https://ift.tt/34jvgkz
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