El Gobierno y el PP están poniendo a prueba a las primeras de cambio las posibilidades de entendimiento que, en ambos bandos, varios actores consideraban posibles y positivas una vez se superase el escenario de la moción de censura de Vox. El presidente del PP, Pablo Casado , se abría por la mañana a negociar con el Gobierno pero con dos condiciones claras: una rebaja ostensible en la duración del estado de alarma para que en total dure tan solo ocho semanas y la reforma urgente la ley orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, con el fin dar instrumentos legales a las comunidades que les permita luchar contra la pandemia, sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma. La respuesta del Gobierno no tardó en llegar y fue negativa. Tras la celebración de la conferencia de presidentes autonómicos, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, hizo un llamamiento al PP «para que no ponga condiciones», y que no se dedique a «poner palos en las ruedas». El Gobierno justifica que van a ser los presidentes autonómicos los que van a poder gestionar las medidas restrictivas para trasladar la idea de que el control de la situación no recaerá en La Moncloa. Darias presionó a Casado por esa vía pidiendo «que no ponga condiciones a las propias comunidades». Esas son las posiciones de partida. Pero todavía no puede darse por cerrada la puerta al entendimiento. La cuestión enfrenta a Pedro Sánchez y Pablo Casado con concepciones muy distintas. El presidente del PP lleva meses exigiendo al Gobierno esa reforma legislativa y recelando del estado de alarma. Y Sánchez rechaza un estado de alarma corto que le obligue a tener que volver a negociar, cada vez que quiera prorrogarlo. Porque en el Gobierno lo que no ven posible es la reforma legal que demanda el PP a través de la ley 3/86. «Para la limitación de derechos fundamentales solo se puede ir por esta vía», insistían ayer en el Gobierno. Aseguran además que, antes de aprobar el Real Decreto, se requirió dictamen al Consejo de Estado en el que queda claro que el estado de alarma es «la herramienta idónea». En el Gobierno no gustó que Casado plantease esas exigencias. Que además a ojos del Ejecutivo están muy lejos de ser aceptables. Pero, en privado, no se descarta la posibilidad de alguna flexibilización. Y es que los contactos entre ambas partes están abiertos. El Gobierno quiere aprobar hoy la solicitud de prórroga y hacerlo por un periodo de seis meses. El debate se sustanciaría el jueves en el Congreso de los Diputados. El margen para negociar se estrecha. Y el Gobierno no tiene grandes incentivos para ceder porque tiene prácticamente asegurada la mayoría. Cuenta con 155 escaños. PNV (6) y PDECat (4) votarán a favor. Lo harán también los minoritarios y regionalistas de izquierdas. Y en el Gobierno cuentan con que ni ERC ni Cs, pese a las reticencias por la extensión que expresaron los primeros y el rechazo de que Sánchez no rinda cuentas al Congreso que criticaron los segundos, se posicionarán en contra. La propuesta que lanzó Pablo Casado, desde el congreso nacional de la Empresa Familiar, venía avalada por sus barones territoriales. De entrada, el PP ve un «fracaso» que se declare el estado de alarma, pero como el Gobierno «no ha hecho los deberes» en los últimos meses y no ha llevado a cabo las reformas legislativas necesarias, los populares aceptan esa medida excepcional, aunque desde luego con un alcance mucho menor que el defendido por Sánchez. Reforma urgente Casado propone un estado de alarma de ocho semanas, para salvar la campaña de Navidad, algo que los populares consideran imprescindible. Además, su segunda exigencia para votar a favor de esa medida es que se active su plan B jurídico, sobre todo la reforma de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública. En esas ocho semanas, según fuentes populares, daría tiempo más que suficiente para aprobar la modificación y evitar que el estado de alarma se prolongue más allá. El domingo por la noche, los gabinetes de Casado y Sánchez tuvieron el primer contacto, después de que hablaran sus jefes, para intercambiar papeles y puntos de vista. Es el inicio de una negociación que el PP no da por perdida, aunque advierte de que «la pelota está en el tejado de Sánchez» y es él quien debe decidir si el diálogo continúa o no. Casado espera que el presidente del Gobierno vuelva a llamarle antes del jueves para intentar acercar posturas y poder cerrar un gran consenso nacional. Porque ese es el aliciente que ofrece el PP: poder mostrar a la Unión Europea, reacia a los estados de alarma, que este está respaldado por los dos grandes partidos nacionales. Lo que a su vez ven como un punto a favor para la imagen de España en el exterior. Como muestra de su disposición a llegar a un consenso, el PP está dispuesto a ceder en un punto clave: aceptaría que la prórroga del estado de alarma se aprobara de una sola vez, hasta Navidad, sin necesidad de que el Gobierno pidiera la autorización del Congreso cada quince días. Es un punto clave para Casado, quien confía en que Sánchez opte por la «unidad» que reclamó en su última comparecencia y atienda las peticiones del PP. El Gobierno quiere un plazo largo que le evite una constante negociación parlamentaria como la de la primavera pasada. Y se compromete a que el plazo pueda ser inferior si la situación mejora, pero no fruto de una negociación previa. «El plazo dependerá de l a evolución de la pandemia», dijo ayer Darias.De España https://ift.tt/3moVKIR
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