Guardias en pisos familiares para ahuyentar a los okupas

Luis Ruiz y Rafael Piñán tienen 20 años y ya se han «independizado», en una época en que la emancipación rara vez llega antes de la treintena. Pero no han salido de casa de sus padres por su holgada economía —ambos están en el ecuador de sus carreras universitarias—, sino para convertirse en guardianes de sendas propiedades familiares. ¿El motivo? El temor a que las casas, vacías y sin vigilancia, sean okupadas. La pandemia no ha frenado las usurpaciones , menos en un contexto de vulnerabilidad sin precedentes en la historia reciente. A lo largo de 2020, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha evitado un centenar de asaltos en viviendas sociales, mediante un blindaje —con puertas antivandálicas, entre otros— que cuesta 4 millones de euros a las arcas regionales. Pero mejor prevenir que curar. Los procesos de desalojo por la vía administrativa se pueden alargar entre dos y tres años. Al margen del parque público, algunos particulares prefieren tomarse la justicia por su mano, contratando los servicios de polémicas empresas que han proliferado en el último lustro. Durante poco más de un año, Luis Ruiz ha sido el cancerbero particular de un estudio en el distrito de Tetuán, una vivienda que compró su madre hace cuatro años en una promoción nueva. En 2019 el edificio recibió un par de vecinos inesperados, dos familias de okupas que «dieron la patada» en el bajo B y el ático A. Mientras tanto, el piso en la tercera planta, de 50 metros cuadrados y propiedad de Ruiz y sus hermanas mayores, estaba alquilado a una pareja. Hasta el 31 de octubre del año pasado, cuando los inquilinos abandonaron el estudio, la presencia okupa no preocupaba. «Como hay rencillas entre las familias de okupas, no sabíamos si eran conflictivos o no. Por eso decidimos que fuese yo a vivir hasta que se alquilase el piso para evitar que entrasen», explica Ruiz, estudiante de Derecho en la Universidad CEU San Pablo, enfundado en una ancha sudadera, frente al moderno portal de cristaleras y metal, en el número 53 de la calle de Lérida. El estudio apenas estuvo deshabitado tres días. «A mí no me apetecía mucho, la verdad, aunque personalmente no he tenido ningún problema con los okupas, vivía separado de ellos, pero es más por la preocupación», reconoce Ruiz. Tras 392 días durmiendo en el estudio, ha logrado alquilarlo otra vez, aunque solo durante un mes. El nuevo inquilino ya ha tenido un pequeño conflicto con los okupas por la plaza de garaje, muy estrecha y en gran parte invadida por sus posesiones. «La plaza va con la vivienda, pero como no pagan debe ser que aparcan donde quieren. Fue bastante difícil contactar con ellos, no me contestaban al telefonillo», cuenta a ABC. Lo más probable es que, dentro de un mes, cuanto termine el actual arrendamiento, este joven regrese al piso. Sin embargo, pese a los recelos, Ruiz ha comprobado que los residentes ilegales «mantienen un perfil bajo»: «Lo tendrían complicado si ponen a todo el edificio en su contra». Sabe poco de ellos, más allá de que ambos hogares tienen hijos y las viviendas okupadas pertenecen a un banco. Cree que una familia es de «origen latinoamericano» y jamás ha visto a la segunda: «No interactúan». Protección hasta la venta Rafael Piñán, estudiante de Ingeniería Informática en la Rey Juan Carlos, aún guarda la vivienda familiar. «La casa la estamos vendiendo desde hace unos meses y si la okupan todo se complicaría», expone, al otro lado del teléfono, después de un largo día sobre libros y apuntes. El piso, en la calle de Iglesias (distrito de Chamberí), lo compraron sus padres cuando nació y fue su hogar hasta hace cuatro años. A partir de entonces lo alquilaron y este año optaron por venderlo. Antes de que la Comunidad de Madrid doblegase la curva de contagios, sus progenitores tomaron la decisión de que se mudara allí hasta la venta. «Fue todo por el cúmulo del Covid y por no estar juntos, pero además hay muchas menos posibilidades de que la okupen», resume Piñán, si bien no tiene constancia de que en su bloque residan usurpadores. Luis Ruiz, frente al bloque de la vivienda familiar «vigilada» - GUILLERMO NAVARRO El desasosiego por un problema enquistado desde hace tiempo pesa entre los propietarios, que se sienten desprotegidos ante procesos judiciales eternos para lograr echar a los asaltantes. El nicho perfecto de un puñado de empresas que asomaron por primera vez en 2016 prometiendo «desokupaciones legales» en horas. «La gente sigue llamando mucho por impagos de alquiler, pero esos casos intento no tocarlos por el tema Covid», asegura el dueño de Desokupación Legal, Jaime Sanz. Una referencia velada a la pretensión del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de suspender momentánteamente los desahucios en los casos de familias en situación de vulnerabilidad como consecuencia directa del virus. «Nosotros solo echamos a okupas que hayan entrado por la fuerza y por estafas. Si antes se okupaban 30 viviendas al día, ahora son 40», añade. El pasado jueves culminaron con éxito la «desokupación» de un chalé. El trabajo de esta suerte de comandos de porteros de discoteca —tienen experiencia como personal de seguridad— es establecer un control de acceso en la puerta, donde se apostan con grandes perros para presionar a los okupas. «Era de una abuelita que tenía problemas de movilidad y se fue a vivir con sus hijos. Los okupas llevaban tres meses y han tirado todas las cosas de la señora», resume Sanz. En total, según los datos de la Consejería de Vivienda y Administración Local, hay 4.200 viviendas usurpadas en la región, de las que 2.017 pertenecen a la Agencia de Vivienda Social (AVS) y el resto a particulares y bancos. Los números se han reducido ligeramente: hace cinco años las okupaciones en el parque público ascendían a 2.400. De las 2.017 actuales, casi 300 son por «patadas», ya que la mayoría se producen por la colaboración de los antiguos adjudicatarios que comercian ilegalmente con las viviendas. Mientras la Delegación del Gobierno no actualiza las cifras, la «leyenda urbana», apuntan fuentes regionales, es que podría haber 2.000 más.

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